pesar de que la Cámara Electoral pidió "revisar y armonizar" la legislación sobre la publicidad oficial durante el período de campaña, el fallo fue considerado correcto por el Gobierno y cuestionado por "insuficiente" por la Asociación por los Derechos Civiles. La entidad promotora del amparo estimó positivo que los jueces hubieran reconocido que existen abusos con la publicidad oficial, pero lamentó que no hayan tomado "medidas concretas" para ponerles fin.

En el mismo sentido opinaron expertos en derecho electoral consultados por LA NACION, que coincidieron en que la Cámara hizo una interpretación posible pero "restrictiva" de la ley cuando sostuvo que el Gobierno no viola ninguna norma si la publicidad oficial no está "expresamente" dirigida a ganar votos.

Todos estuvieron de acuerdo, además, en que la exhortación que la Cámara hizo al Congreso no tiene ningún efecto directo. Los camaristas le "requirieron" al Parlamento que extremara "los recaudos necesarios a fin de revisar y armonizar la legislación", pero los legisladores no están obligados a seguir esta invitación del tribunal.

El director nacional electoral, Alejandro Tullio, dijo: "El fallo confirma lo que venimos afirmando: la ley no puede interpretarse en forma extensiva sino restringida, porque así lo impone el principio de legalidad, fruto de siglos de lucha por la libertad". Según él, "pretender llevar las prohibiciones más allá de la letra de la ley es incompatible con el Estado liberal y democrático de derecho".

En cuanto a la exhortación al Congreso, afirmó: "Varias veces la Cámara ha instado a los poderes políticos a actuar, pero debe tomarse como una opinión del tribunal, sin imperium. El Congreso puede legislar o no sin que sea una omisión".

Eleonora Rabinovich, directora del área de Libertad de Expresión de la Asociación por los Derechos Civiles, dijo a LA NACION que su balance es "mixto".

"La Cámara reconoce que existe un problema: una regulación insuficiente en materia de publicidad oficial en campaña, y que eso genera abusos y desigualdad en la competencia electoral -afirmó-. Es positivo que exhorte al Congreso a revisar la legislación a la brevedad, pero su exhortación es blanda."

Rabinovich afirmó que "frente a un estado de cosas que es inconstitucional, la Cámara podría haber sido más precisa y más dura, y haber tomado medidas concretas para resolver esta situación".

La constitucionalista Delia Ferreyra Rubio coincidió. "Celebro que la Cámara diga que hay que corregir los abusos, pero la interpretación que hace de la ley es muy restrictiva: dice que lo único que estaría prohibido es la promoción «expresa» del voto a un candidato. Es una interpretación posible, pero también hay otra, que hace hincapié no en la letra sino en el espíritu de la ley", dijo. Y concluyó: "En cuanto a efectos concretos para hacer cesar los abusos, el fallo no tiene ninguno".

"Es lo que se denomina una sentencia exhortativa", dijo Daniel Sabsay, también constitucionalista. "La Cámara considera que hay una laguna y le dice al Congreso que legisle. Pero no es imperativo, es un fallo exhortativo, que consiste, en realidad, en poner al descubierto ante la opinión pública que el Congreso no se ha ocupado de esto."

Álvaro Herrero era el director ejecutivo y apoderado de ADC cuando se presentó el amparo resuelto ayer por la Cámara. Su pretensión era que se prohibiera el uso de la publicidad oficial durante la campaña. Ayer, no ocultó su malestar con el fallo. "Hacen una interpretación restrictiva y conservadora sobre cuál es el rol del Poder Judicial. Dicen que como la publicidad no tiene como fin «expreso» captar el voto, no se puede impedir", afirmó. Según él, la Cámara encontró una salida para "eludir la cuestión de fondo"..