El Gobierno Nacional resolvió dar de baja la jubilación de privilegio de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego de que la Cámara de Casación Penal confirmara su condena en la "Causa Vialidad" por corrupción. Así lo anunció este jueves el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien también explicó que se anuló la pensión que cobraba del expresidente Néstor Kirchner.

"Por orden del presidente Javier Milei y detrás del trabajo del Ministerio de Capital Humano, a través de ANSES, se resolvió dar de baja la asignación de privilegio que la ex presidenta Cristina Kirchner venía percibiendo tanto en la asignación personal como en la derivada por pensión del fallecido ex presidente Néstor Kirchner", comenzó diciendo el portavoz en su habitual conferencia de prensa.

Jorge Yoma comparó el fallo contra Cristina Kirchner con la "teoría de la bala mágica" que mató a John F. Kennedy

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“El beneficio previsto por la Ley 24.018 para expresidentes y exvicepresidente de la Nación es una asignación que no tiene carácter contributivo y se otorga con carácter excepcional y extraordinario, como contraprestación al honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo", agregó al argumentar el motivo de la decisión de la Administración libertaria.

En ese sentido, Adorni sostuvo que la titular del Partido Justicialista (PJ) Nacional fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos "como autora del delito de administración fraudulenta, por lo que representa lo contrario al honor, al mérito y al buen desempeño”.

Además, el funcionario nacional detalló que al dar de baja estos haberes que percibía la exjefa de Estado, “significa para los argentinos un ahorro de unos 21.827.624 pesos” por mes.

El vocero presidencial, Manuel Adorni.

En otro tramo de la rueda de prensa, Adorni dijo que “la jubilación a exmandatarios es un privilegio que no debería existir en la Argentina", lo cual ya había sido manifestado por el Presidente Milei anteriormente. "Y más aún no debería existir si quien la percibe está condenada por estafar desde las más altas esferas del poder a millones de argentinos que vieron esfumarse sus esperanzas a manos de la política”, añadió.

"Durante el mandato del presidente Milei, la Argentina no va a destinar fondos a ninguna persona que esté condenada por corrupción y que haya mancillado el honor y la dignidad de los argentinos”, completó el vocero desde Casa Rosada.

Después de la conferencia, Adorni utilizó su cuenta de la red social X y escribió: "Algunos están consultando si la asignación de privilegio que cobran otras personas en similares condiciones se darán también de baja. La respuesta es la obvia: por supuesto. Fin".

Tras el mensaje del funcionario comenzó a hablarse del caso de Amado Boudou, ex vicepresidente durante el segundo mandato de Cristina Kirchner. En 2020, la Corte Suprema de Justicia dejó firme un fallo que lo condenó a 5 años y 10 meses de cárcel por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública por la causa de la ex imprenta Ciccone Calcográfica.

Las jubilaciones de CFK: el comunicado de Capital Humano

En un comunicado, el Ministerio de Capital Humano se manifestó acerca de la confirmación de la condena de la expresidenta que hizo la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, acerca del caso que investigó el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruza durante los gobiernos kirchneristas.

"Torna inadmisible que pueda seguir percibiendo asignaciones de privilegio que le fueron otorgadas con carácter excepcional y extraordinario por un supuesto buen desempeño y por el honor del cumplimiento de su función presidencial", sostiene el escrito difundido por la cartera que conduce Sandra Pettovello.

“La baja dispuesta por Resolución de la ANSES no constituye una sanción accesoria a la condena penal que le fuera impuesta por la justicia”, continúa diciendo, mientras que califica a la medida como “una necesaria consecuencia por la indignidad que implica haber sido considerada autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”. 

Por último, plantearon: “Un elemental respeto a la coherencia de la gestión de gobierno y de las consecuencias que debe tener la comisión de esta clase de delitos que atentan contra el sistema democrático (art. 36 CN) por quien tuviera a su cargo los destinos y administración de la Nación, justifica la medida adoptada”.