El denominado Pacto Social por el cual la provincia brindó asistencia financiera a los municipios durante los últimos años, y que dividió opiniones durante su vigencia, desde 2000 y hasta fines de 2014, será reeditado por la administración del gobernador Juan Manzur.

Según se conoció, el Gobierno tucumano tiene la intención de reflotar ese acuerdo financiero mediante el que las ciudades cedían sus recursos nacionales para que se los administrara la Provincia, que se hacía cargo de garantizar los salarios y las obras.

Al respecto habló el ministro del Interior, Miguel Acevedo, quien consideró que "fue una de las mejores herramientas que administrativamente se implementaron. Mantuvo, y la realidad lo demostró, durante 12 años la tranquilidad y la paz social en los municipios”.

Acevedo rechazó también las críticas que hizo la oposición al sistema: “Algunos interpretaban que los municipios estaban cautivos, pero nunca fue obligatorio. La sociedad, algunos intendentes y la oposición reclamaban la no vigencia y nuevas reglas de juego y así se hizo”.

El funcionario adelantó que Manzur le requirió que se acuerde con cada intendente la relación económica más adecuada y que se firmaran convenios semestrales o anuales. Afirmó que los municipios se sentarán en la mesa de negociación en enero y que podrán optar por el Pacto o por proponer otras alternativas de asistencia.

El nuevo Gobierno provincial y 18 de las 19 intendencias (Jorge Yapura Astorga, de Tafí del Valle, fue reelecto) llevan un mes y medio de gestión. La Provincia se hizo cargo en este tiempo de garantizar los pagos de noviembre, diciembre y el aguinaldo.

El responsable del área de Interior detalló que el Pacto que se ofertará a los municipios tendrá las mismas características que durante la última década. Las municipalidades entregarían el dinero proveniente de la Coparticipación nacional y del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI) y, a cambio, el Ejecutivo se haría cargo de cubrir la planilla salarial y el financiamiento de obras y servicios. Las administraciones no podrán incrementar la planta de personal permanente bajo el paraguas del convenio.

Tras la caída del Pacto, se habían conocido los últimos montos que los municipios debían al Gobierno. San Miguel, Yerba Buena, Banda del Río Salí, Lules, Aguilares, Famaillá, Alderetes, Monteros y Tafí Viejo eran los nueve más complicados. Las deuda de estos estaban entre los $ 100 y los “ 400 millones. La capital saneó sus cuentas en los últimos meses. (La Gaceta)