El texto lleva las firmas de los ministros Javier Oteo (Gobierno), Marta Soneira (Desarrollo Social), Sergio Soto (Educación), Hugo Sager (Salud); los secretarios Juan Carlos Goya (Derechos Humanos) y Marcelo Churín (Seguridad) y la secretaria General de la Gobernación Cecilia Baroni, profesionales y técnicos que trabajan en el plan.

“Como gobierno, nos sumamos a la campaña nacional indicando que la violencia de género es una manifestación del abuso de poder cuyas consecuencias son los daños irreparables y la muerte diaria de las mujeres en todo el país”, se señaló en el documento.

La brecha

Por ello se consideró que “si bien existen avances en la condición jurídica de la mujer, continúa una brecha entre el reconocimiento normativo de los derechos y las posibilidades reales de su ejercicio” y que “por ello, resulta indispensable crear las condiciones de igualdad en el ámbito laboral”.

En lo que respecta a los pasos sociales para avanzar en el tema reconocen la necesidad de profundizar acciones desde el Estado para generar conciencia en la sociedad y trabajar con una perspectiva de género que atraviese las instituciones de gobierno.

 “No aceptamos la desigualdad ya que ello determina la discriminación, la explotación y la dominación”, se sostiene en el texto gubernamental y que

“en los últimos ocho años de gestión, el gobierno provincial realizó acciones y políticas para cambiar el estado de situación”.

Sin embargo se admite que las medidas “resultan insuficientes si no existe un cambio cultural y una modificación de las relaciones de poder en la sociedad. Nuestro mensaje sigue siendo Ni Una Menos”.

Las medidas

El ministro Oteo sostuvo que el equipo interministerial acordó lineamientos estratégicos de abordaje territorial en toda la provincia “muy claras contra la violencia de género”, que dijo fueron compartidos por el Superior Tribunal de Justicia y la Procuración General.

“El objetivo es aumentar sistemáticamente la visibilidad del maltrato y abuso sexual infantil y la violencia en el ámbito intrafamiliar. Para ello, es clave mejorar los mecanismos de denuncia y acceso a la justicia, haciendo más efectiva la etapa posterior de investigación y sanción de estos gravísimos delitos”, precisó.

Entre las medidas adoptadas, el funcionario indicó que “el Ministerio de Gobierno entregó de botones de pánico ‘Pulsar Género’, para la protección de víctimas en la modalidad de violencia doméstica, que se habilitaron Divisiones Policiales para la atención exclusiva de mujeres en todas las Regionales policiales de la Provincia del Chaco”.

También mencionó “el desarrollo de un programa informático específico (SISREVIGE), para la elaboración del ‘mapa delictual’ geo referenciado, donde se identifican entre otras variables, zonas críticas, tipos de violencia ejercidas, vínculos entre agresor y víctima”.

Por otra parte señaló que “se amplió al Servicio Penitenciario Provincial y de Readaptación Social, el alcance de los procedimientos administrativos para cuando el agresor de género pertenece a esa fuerza”.

“Se dispuso el uso obligatorio de dos sellos oficiales: uno con la leyenda ‘Víctima Niño/a’ y el otro con la leyenda ‘Género’; que deben ser insertos en la primer foja de todas las actuaciones que tengan relación con este colectivo, para identificar y dar prioridad”, remarcó.

El ministro también consideró importante el diseñó el “Protocolo Único de Examen por Delitos contra la Integridad Sexual”, que luego fue aprobado por el Ministerio de Salud Pública, y que “se profundizaron las actividades de capacitación específicas en estas temáticas, en todo el territorio de la provincia, destinadas a operadores y público en general”.

A la vez marcó que “se continúa realizando acciones de difusión masiva de prevención y sensibilización contra la violencia de género y el maltrato y abuso sexual infantil”.

También sostuvo que está a consideración del Poder Ejecutivo el proyecto de ley para modificar la ley 6689 “para que las víctimas de violencia contra el género puedan reclamar la fijación de una cuota alimentaria provisoria para sus hijos en el mismo trámite de protección de su integridad; con especial consideración de la víctima mujer cuando la misma es indígena”.