Se trata de los estratégicos juzgados federales que tienen a su cargo las causas de corrupción de los funcionarios nacionales y de narcotráfico y que estaban vacantes desde hace más de cinco años, por lo que son ocupados por subrogantes.

Para ocupar los despachos vacantes el Poder Ejecutivo propuso a Marcelo Martínez De Giorgi, actual juez subrogante de ese fuero; Luis Rodríguez, juez de instrucción porteño; Sebastián Ramos, secretario del juzgado de Daniel Rafecas, y Sebastián Casanello, secretario de la Sala I de la Cámara Federal, informaron a DyN fuentes judiciales.

Casanello fue propuesto para ocupar el juzgado federal 7, subrogado por Norberto Oyarbide, y que tiene a su cargo la causa por las escuchas telefónicas en la que está procesado el jefe de Gobierno Mauricio y cerca de ir a juicio oral.

Martínez de Giorgi fue propuesto para el juzgado 2, que subroga actualmente; Rodríguez para el 9 y Ramos para el 2.

El Gobierno eligió a esos cuatro candidatos de los seis que propuso el Consejo de la Magistratura tras realizar el concurso de selección 140 que llevó seis años realizarlo y que estuvo teñido de polémicas.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo no respetó el orden de mérito de los concursantes, aunque la ley no lo obliga a hacerlo, sino que puede elegir a cualquiera de los propuestos.

Quien salió primero en el concurso fue Martínez De Giorgi y en segundo y tercer lugar se ubicaron el juez subrogante en Morón Juan Pablo Salas y el magistrado de Garantías de Quilmes Marcelo Goldberg, respectivamente, pero no fueron propuestos por el Gobierno.

Los pliegos de los candidatos fueron enviados a la Comisión de Acuerdos del Senado, que deberá llamar a una audiencia pública con los postulantes para que luego el pleno de la Cámara apruebe su nombramiento.

El concurso duró seis años y fue atravesado por recusaciones de candidatos, impugnaciones y hasta se tuvo que volver a hacer por presuntas irregularidades en la corrección de las pruebas.