El Gobierno presentó ayer un recurso extraordinario ante la Cámara en lo Civil y Comercial Federal contra el fallo que prorrogó la medida cautelar que mantiene en suspenso la aplicación un artículo clave de la ley de medios para el Grupo Clarín.

Un día después de que la Corte Suprema rechazara el recurso de per saltum solicitado por el Ejecutivo, la Jefatura de Gabinete formalizó la apelación ante la cámara. Ahora, el tribunal de alzada le dará traslado al recurso por diez días, es decir, le dará ese tiempo al Grupo Clarín para que realice su descargo en su condición de contraparte y, una vez recibida la respuesta, decidirá si el planteo del Gobierno es admisible.

Si la cámara acepta el recurso, el Gobierno quedará habilitado para pedirle a la Corte Suprema que revoque la prórroga de la cautelar que exime al Grupo Clarín hasta tanto haya un fallo de fondo de la obligación de desprenderse de licencias para adecuarse a la ley. Si lo rechaza el Ejecutivo tendría que ir “en queja” a la Corte.

La vía del recurso extraordinario se produjo luego de que la Corte deslizara esa posibilidad en su fallo de el último lunes, en el que consideró improcedente el recurso del per saltum porque éste había sido presentado contra un fallo de segunda instancia y no de primera, por lo cual “no hubo salto de instancia”.

En su planteo, el Gobierno reclama la suspensión de los efectos de la resolución dictada el 6 de diciembre por la Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal, que prorrogó la cautelar más allá del 7 de diciembre, fecha límite que había fijado la Corte Suprema en mayo pasado.

En este sentido, el ministro de Justicia, Julio Alak, reiteró que la resolución de la cámara, “que extiende la cautelar más allá del límite máximo que había fijado la Corte, es decir el pasado 7 de diciembre, debe ser revocada y dejada sin efecto”. El funcionario subrayó que la sentencia de la cámara “tiene graves vicios procesales que precedieron al fallo, ya que las recusaciones que presentó la AFSCA contra sus integrantes fueron resueltas por ellos mismos”.

En la misma línea, el titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, enfatizó que “el país y sus instituciones no pueden ser rehenes de intereses corporativos”.

“La ley es constitucional hasta que un fallo firme diga lo contrario. Si no, no hay orden jurídico posible”, sostuvo.