Por: Martín Suárez

El debate entre quienes creen que empresarios devenidos en políticos pueden ejecutar políticas sociales a favor del movimiento obrero, y los que sostienen todo lo contrario, muchas veces se responde con hechos de la realidad que son incontrastables. El ejemplo más acabado ocurre desde el 2007 a la fecha en la Ciudad de Buenos Aires, donde el macrismo tiene el monopolio de la gestión. Quienes trabajan en los diferentes sectores de la administración pública porteña, en especial delegados y delegadas de una amplia gama de sindicatos, aseguran que la transferencia de recursos de lo público a lo privado en el distrito se hubiera dado de manera instantánea si no fuera por la resistencia de los gremios, razón por la cual muchos referentes sindicales son perseguidos, suspendidos y hasta multados con la quita de sus fueros.

En la última semana, la justicia porteña suspendió y quitó los fueros al metrodelegado Claudio Dellecarbonara, y el jefe de Gobierno Jorge Macri amenazó con denunciar a los trabajadores del subte que realicen medidas de fuerza. Algunos hechos acaecidos en los últimos años ponen en evidencia que los trabajadores y trabajadoras más hostigados por la administración porteña son docentes, profesionales de la salud y metrodelegados. Estos últimos acosados por partida doble: por SBASE, la empresa estatal que maneja el Estado porteño, y por EMOVA quien tiene la concesión de Subterráneos.

Docencia

En 2012 el Inadi presentó un amparo para que se cierre el 0800 que inauguró el por entonces ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich. Una línea creada para recibir denuncias por hechos de supuesta “intromisión política en las escuelas”.

En 2017, la Ciudad dijo que al menos 50 equipos directivos de escuelas encubrieron a maestras que hicieron paros en marzo de ese año. Para llegar a esta cifra, argumentó que  cruzó datos entre la carga de ausencias del sistema declaradas por los equipos de conducción y los datos que supuestamente constataron, mediante más de 350 auditores que fueron enviados a las escuelas durante los días de paro para hostigar a los docentes. Por entonces, la Ciudad justificó más de 50 mil descuentos salariales a quienes ejercieron medidas de fuerza.

Los hechos persecutorios en CABA se extendieron hasta las familias y estudiantes. En 2022, la ex ministra Soledad Acuña, envió cartas documentos a padres y madres de alumnos que tomaron escuelas en el marco de varios reclamos vinculados al mejoramiento de infraestructura escolar, viandas y en oposición a las pasantías gratuitas del PRO.

“La docencia no sólo es perseguida acá, hubo persecución y hasta docentes muertos en México y en Chile. Muchos de nosotros, los maestros y maestras, vivimos todo el día con la crisis social, las políticas de gobierno, vemos todo el tiempo el desempleo que tienen las familias y quienes cuidan a otros pibes. Estamos todo el día con las crisis familiares, las vivimos de forma cotidiana y la docencia ofrece un rol de contención y eso hace repensar de forma crítica las medidas de los gobiernos”, destaca Juan Manuel Di Vincenzo, delegado de la Asociación ADEMYS, que desde el 2022 tiene una causa impuesta por Soledad Acuña para quitarle los fueros.

“La persecución política es porque el gremio docente es un gremio sumamente organizado y en ese sentido da siempre pelea y resistencia a los gobiernos. Y también porque somos educadores, tenemos presente el espíritu crítico, queremos formar estudiantes independientes, autónomos, formados de manera integral. Muchas veces las medidas adoptadas por los gobiernos generan un impacto social muy grande y nosotros como trabajadores del Estado estamos justamente ahí en el límite, somos el primer contacto con las familias”, agrega.

En junio pasado, la Justicia falló a favor de Jorge Adaro, actual secretario gremial del sindicato y otro de los docentes al que el macrismo intentó quitarle los fueros. Tanto Adaro como Di Vicenzo son perseguidos en la misma causa y ahora la justicia tiene que fallar sobre el caso de este último.

Metrodelegados

En 2018, los metrodelegados denunciaron que Metrovías no respeta la medida cautelar que le ordenó a la empresa abstenerse de aplicar sanciones y de realizar descuentos salariales ante cada medida de fuerza. Por entonces, el gremio indicó que la concesionaria promovió el desafuero de su secretario adjunto, Néstor Segovia, por participar en una medida de fuerza el 12 de mayo de ese año, cuando efectivos policiales reprimieron la protesta y lo detuvieron junto a otros 15 trabajadores del subte por obstruir el servicio.

Hace unos días Claudio Dellecarbonara fue suspendido por 15 días y castigado con la quita de sus fueros sindicales. Jorge Macri amenazó con denunciar penalmente a quienes realicen medidas de fuerza por este tema. “Somos perseguidos por denunciar que el subte es una bomba de tiempo y por protestar contra esa situación, a mi me sancionaron por la apertura de molinetes que es una medida que no afecta el servicio y la empresa inició acciones legales contra los trabajadores y sus representantes”, destaca Dellecarbonara a Tiempo.

La sanción aplicada al trabajador del subte la consiguen con la presentación de una causa con mala fe: “Denunciando un domicilio que la empresa sabía perfectamente que no era mi domicilio, ya que yo había hecho ya la declaración jurada de cambio de domicilio, y la empresa misma me había enviado infinidad de telegramas a mi domicilio actual. Esto impidió que yo tomara conocimiento de la causa”, agrega Dellecarbonara y remata: “¿Por qué lo hace? Porque soy parte de un colectivo que denuncia la situación del subte, que denuncia a los negociados que tiene la empresa Emova y porque soy parte del grupo de personas que presentó el amparo para frenar el tarifazo”.

Enfermería

En 2018 el sector recibió el castigo más duro. La Ley 6035 aprobada sólo con los votos del oficialismo en la Legislatura, no los reconoce como profesionales de la salud. Desde entonces cobran la mitad del salario que deberían percibir si estuvieran dentro de la carrera profesional. Pese a que la justicia apeló en varias ocasiones a favor del reclamo de enfermeros, el GCBA se niega a cumplir con el fallo.

En medio de la pandemia, los trabajadores y trabajadoras de la salud comenzaron a visibilizar las situaciones que se vivían en los hospitales públicos de la Ciudad. Sueldos bajos, jornadas laborales extensas y la falta de insumos. Las y los trabajadores de varios hospitales porteños denunciaron persecución por exponer estas carencias. “La verdad que nosotros somos constantemente perseguidos por el GCBA. En los últimos 2 años tuvimos ocho delegados y delegadas cesanteados en diferentes hospitales. Cinco en el hospital Durán, dos en Casa Cuna y uno en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica”, contó a Tiempo Luis Ortiz, delegado del Durand. “Esta persecución se basa en las denuncias que venimos haciendo por el desmantelamiento en el sistema sanitario de la ciudad. Esto no es de ahora, ya viene hace 17 años”, agrega y termina: “No hay inversión, no hay plata y no garantizan el acceso a la salud de miles de ciudadanos dejando a hospitales obsoletos y sin recursos. Lamentable, hoy se profundiza con el jefe de gobierno actual Jorge Macri”.