El gobierno porteño se convirtió en una guarida para aquellos exespías y exfuncionarios que durante la gestión presidencial de Mauricio Macri cumplieron un rol clave en el armado de causas judiciales. El Destape pudo reconstruir que la administración de Horacio Rodríguez Larreta le dio cobijo al menos a tres ex agentes de inteligencia involucrados en maniobras de espionaje ilegal, a exfuncionarios imputados por integrar una Mesa Judicial que programaba la persecución de opositores tanto a nivel nacional como bonaerense y hasta un contacto de D’Alessio que cumplía funciones en el ministerio de Seguridad que comandó Patricia Bullrich.

El caso de la “Gestapo antisindical” volvió a poner al espía Juan Sebastián “Enano” De Stéfano en el centro de la escena mediática. De Stéfano, ex director de Asuntos Jurídicos de la AFI, fue uno de los tres jerarcas de la exSIDE que participó de la reunión del 15 de junio de 2017 en el edificio del Banco Provincia ubicado en el centro porteño donde espías, empresarios y funcionarios bonaerenses coordinaron el armado de causas contra sindicalistas. Tal como publicó este medio en julio del 2020, tras dejar la agencia de inteligencia el ex Nº 3 de la AFI macrista encontró cobijo en la ciudad de Buenos Aires bajo el ala de Rodríguez Larreta. Fue ubicado como director en Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), la empresa estatal que administra los subtes.

Tras el escándalo de la “Gestapo antisindical”, el legislador porteño del Frente de Todos, Juan Manuel Valdés, presentó un proyecto para que Rodríguez Larreta despida a De Stéfano de SBASE.

El “Enano” De Stéfano es un hombre del riñón angelicista que tras su paso por la AFI cuenta con un “prontuario”: estuvo procesado en la megacausa de espionaje ilegal que se inició en Lomas de Zamora por su rol en el espionaje penitenciario y el armado de causas pero se benefició con un fallo de la Cámara Federal porteña cuando el caso pasó a Comodoro Py. También fue apuntado por ser uno de los dos directivos de la exSIDE que fue a ver al juez Luis Carzoglio para pedirle que detuviera a Pablo y Hugo Moyano, tal como reveló El Destape. La visita se dio en plena embestida macrista contra el sindicalismo.

Otro exagente de la AFI macrista que revistó en Asuntos Jurídicos de la AFI y también estuvo procesado junto a De Stéfano por el espionaje penitenciario y luego fue favorecido por el fallo de la instancia revisora de Comodoro Py es Bernardo Miguens. Coincidencias: este ex empleado del juzgado de Claudio Bonadío también pasó por el gobierno porteño cuando dejó la AFI macrista.

El 23 de abril de 2020, es decir, cuatro meses después de que Macri dejara la Presidencia de la Nación, Miguens fue designado a partir del 20 de marzo de 2020 “como Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Relaciones con el Poder Judicial, de la Subsecretaría de Justicia, de la Secretaría de Justicia y Seguridad, del Ministerio de Justicia y Seguridad”. El nombramiento se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad. Fue una designación “transitoria”. Seis meses después, el 17 de diciembre del mismo año, se le aceptó la renuncia. Actualmente, figura como uno de los socios principales de un estudio de abogados.

El pase de agentes de  la exSIDE a las estructuras institucionales porteñas no concluye allí. El ex director de Reunión Interior de la AFI, Eduardo Winkler, procesado junto a Macri y la cúpula de la exSIDE en la causa del espionaje ilegal a los familiares de la tripulación del ARA San Juan, recaló en el Ministerio Público porteño que encabeza Juan Bautista Mahiques, uno de los protagonista del Lawfare. El diputado del FdT Rodolfo Tailhade apuntó contra el gobierno de la Ciudad por esta cobertura en declaraciones a El Destape Radio.

Winkler fue un alto jerarca del organismo de inteligencia durante el macrismo: estuvo a cargo de todas las delegaciones del Interior por lo que administró la reunión de información en las distintas bases de la AFI distribuidas en el país. Por la función que ejercía, el juez Martín Bava, a cargo del juzgado federal de Dolores, lo procesó en el caso del espionaje a los familiares del ARA San Juan. Es que las tareas de inteligencia ilegal que se analizan en sede judicial se realizaron desde la Delegación Provincial de Mar del Plata de la AFI que dependía de la Dirección de Reunión Interior a cargo de Winkler.

Según se desprende de comunicados oficiales del Ministerio Público de la Ciudad y de notas periodísticas en medios como TN, Eduardo Winkler se desempeña como jefe del Departamento Técnico Científico del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ), una especie de policía judicial a cargo de la Fiscalía General porteña y que está en manos de un hombre que reportaba a Patricia Bullrich.

Por ejemplo, en una gacetilla de “Capacitación sobre Cibercrimen” publicada en el portal oficial del Ministerio Público porteño se informa que  el 5 de agosto el Cuerpo de Investigaciones Judiciales llevó a cabo una capacitación “destinada al personal del Consejo de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad” y que en la actividad participó, entre otros, “Eduardo Winkler, Jefe del Departamento Técnico-Científico del CIJ”.

A su vez, una nota de agosto pasado publicada en el portal de TN sobre “Cómo funciona el Laboratorio de Informática Forense” del Ministerio Público porteño se citan declaraciones de Winkler.

La presencia en dependencias relacionadas al gobierno porteño de al menos tres exagentes de la AFI macrista involucrados en causas de espionaje ilegal no sorprende.

Uno de los casos emblemáticos que refleja la cobertura que Juntos por el Cambio brinda a los protagonistas de Lawfare es el de Juan Bautista Mahiques, imputado junto a Macri, el jefe de la AFI Gustavo Arribas y otros exfuncionarios cambiemitas en la causa de la Mesa Judicial PRO. Durante la gestión presidencial de Macri, Mahiques era subsecretario en el Ministerio de Justicia de la Nación y representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Desde el consejo presionaba a jueces que no fallaban en sintonía con los intereses del gobierno de Cambiemos. Actualmente, Mahiques es el Fiscal General porteño, es decir, el jefe de los fiscales de la Ciudad. Bajo su órbita hay una estructura en la que actúan exfuncionarios involucrados en causas emblemáticas de persecución.

Además de Winkler, en el Ministerio Público de la Ciudad se encuentran Rodrigo Gastón Bonini y Juan Ramella.

Rodrigo Gastón Bonini actualmente está a cargo de la Dirección del Cuerpo de Investigaciones Judicial (CIJ). Es el jefe de Winkler. Durante el gobierno de Macri, Bonini fue Director Nacional de Investigaciones y Subsecretario de Investigación del Delito Organizado y Complejo del Ministerio de Seguridad de la Nación. Es decir, reportaba a Bullrich. Según se desprende del caso D’Alessio, Bullrich intercambió mensajes con Marcelo D’Alessio y le dijo al espía ilegal que contacte a Bonini para hacerle llegar información.

En una captura de pantalla de una secuencia de mensajes que consta en la causa judicial se puede leer que D’Alessio le escribió a la entonces ministra: “Hola Patricia. Espero estés bien. Vengo de Rosario. Tengo una escucha para darte. Y un arrepentido por los disparos a los integrantes de la Cámara. Cuando quieras nos vemos. Un beso”.  Bullrich le respondió: “Ok. Podés reunirte con Bonini? Y le das el material y después nos vemos nosotros”. D’Alessio contestó: “Vos sabés Patricia que estoy a tu disposición!! Lo que vos digas!!! Le pasarías mi celu?”.

El juez Alejo Ramos Padilla, que entonces estaba al frente del D’Alessiogate (recientemente, el caso pasó a Comodoro Py), resaltó en una resolución judicial el rol que ocupaba Bonini en el ministerio de Seguridad.

Juan Ramella, por su parte, está a cargo de la Secretaría General de Investigaciones, Acceso a la Justicia y Relaciones con las Fuerzas de Seguridad del Ministerio Público de la Ciudad. Es un funcionario estrechamente ligado a Mahiques y está por encima de Bonini en el organigrama de la fiscalía general porteña.

Tal como publicó El Destape en junio de 2018, Ramella tuvo un rol clave en las escuchas telefónicas realizadas a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a Oscar Parrilli, que en lugar de tener utilidad judicial solo sirvieron para filtrarlas a medios y periodistas oficialistas con el fin de realizar una operación mediática.

Al momento de aquellos hechos, Ramella encabezaba la Subdirección de Escucha Directa de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial, la DAJuDeCO, la única dependencia del país habilitada legalmente para realizar intervenciones telefónicas y que depende de la Corte Suprema de Justicia. Un documento al que accedió este medio en aquel entonces revelaba el paso de las escuchas a CFK y Parrilli por el despacho de Ramella.

Finalmente, otro de los involucrados en el caso de la Gestapo antisindical es Adrián Grassi, ex subsecretario de Justicia de la Provincia de Buenos Aires durante el gobierno de María Eugenia Vidal.

Grassi era uno de los funcionarios bonaerenses que estaba en la reunión de junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia en la que participaron espías, empresarios y funcionarios bonaerenses con el objetivo de planificar el armado de causas contra gremialistas. Grassi también tiene un cargo en la actualidad en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es asesor de Carolina Stanley en el Ministerio Público Tutelar (MPT). Está a cargo de la Secretaría General de Política Institucional en el MPT.

La cantidad de casos de exespías y exfuncionarios que estuvieron involucrados en maniobras de persecución político-judicial y tienen o tuvieron cobijo en las estructuras del gobierno de la Ciudad revela una decisión política de Cambiemos de darles cobertura.