La gobernadora Lucía Corpacci exhortó a los empresarios de la construcción a reactivar la obra pública y la construcción de viviendas. En ese sentido, aseveró que ahora la Provincia tiene los fondos para retomar los proyectos que quedaron parados luego de que desde Nación se dejaran de enviar partidas.

El pedido fue realizado en un encuentro con todos los sectores vinculados con la construcción, donde se dio a conocer la adhesión por parte de la Provincia al Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública impulsado desde la Nación.

En el acto, que se desarrolló en el Centro de Integración e Identidad Cultural, estuvieron todos los sectores de la construcción, entre ellos el presidente de la Cámara de la Construcción, Carlos Rodríguez, el presidente de la Unión Industrial de Catamarca, Raúl Colombo y el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción, Víctor Brandán.

En la oportunidad, el IPV explicó los alcances de este Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública. En esa línea y según explicó el titular del organismo, Dante López Rodríguez, con la firma de este régimen se llevará a cabo un mejor control de la obra pública, además de que se podrá contar en forma más rápida con las partidas.

Durante la reunión, Corpacci indicó que con la firma de este convenio espera que se normalice el envío de fondos para la obra pública.

De esta forma, destacó las gestiones que se hicieron ante la Nación, tanto del Gobierno cómo del sector privado. "Todos entendemos que tenemos que defender la Provincia y nos pusimos de acuerdo en ir a plantear al Gobierno nacional la situación para reactivar las viviendas" dijo. También resaltó la necesidad de contar con los recursos nacionales para reactivar la obra pública porque, dijo, "tiene un efecto multiplicador".

"Se paraliza la construcción y no solo pierde el sueldo el empleado en blanco, sino también el ayudante. Desaparece la changa y esto es de un impacto enorme. Ese trabajo informal significaba recursos para poder comer todos los días", comentó, a lo que agregó: "Ésta es nuestra mayor preocupación, más allá de la necesidad de las viviendas".

Más adelante, anunció que parte del préstamo que tomó la Provincia de la Nación fue puesto a disposición para que las empresas puedan cobrar el anticipo financiero. "Esperamos que empiecen pronto porque nos urge la reactivación", dijo.

Además, comentó que se destinaran $50 millones para la reparación de escuelas y otros $50 millones para recuperar los centros de salud. "Son obras menores pero significan generar puestos de trabajo", aseveró.

Finalmente indicó que "el empleo público está muy comprometido" y que el Estado "ya no puede hacerse más cargo".

"Tenemos que recuperar la actividad privada para generar trabajo a los catamarqueños", sostuvo.

Presentación contra la demolición

El administrador del IPV, Dante López Rodríguez, indicó que desde el organismo se está trabajando para evitar la demolición de las 20 viviendas ubicadas en Aconquija, que por un problema en las tierras donde fueron construidas la justicia determinó destruirlas. En ese sentido, indicó que en los próximos días el IPV estará haciendo una presentación legal para evitar la demolición. "Vamos a pedir intervenir en el conflicto, porque el IPV nunca tuvo participación dentro del juicio", dijo, a lo que agregó: "Esto fue algo entre dos privados".

López Rodríguez calificó como "una locura" la decisión del juez que determinó demoler las viviendas, más teniendo en cuenta lo que cuesta realizar una vivienda", dijo. El funcionario señaló que estas casas estaban en un 96% certificadas y a punto de ser entregadas. "Le faltaba la pintura y colocar artefactos. Ahora tienen su deterioro lógico por el paso del tiempo, pero son recuperables", comentó.