Por: Nicolás Lantos.

Las primeras jornadas en el tratamiento express de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados dan cuenta de un escenario en el que Javier Milei tendrá que tomar, pronto, una decisión que probablemente marque todo su Gobierno. El peronismo encontró un fuerte límite a la hora de acumular para un rechazo pleno a la iniciativa y los socios incondicionales del presidente, por afuera de su escueta representación partidaria, son insuficientes para avanzar sin que queden por el camino partes sustanciales de la iniciativa.

En plenas vacaciones, y aunque la administración entrante dio de baja el canal de televisión que se encargaba de transmitir la actividad parlamentaria en la Cámara Baja, más de veinte mil personas se conectaron cada día al canal de Youtube que permite seguir cada detalle del plenario de comisiones abocado al estudio del proyecto. La rareza quizás pueda adjudicarse a que el debate no se percibe como simplemente el trámite para la aprobación de una ley sino como el primer examen político del nuevo gobierno, en el que se juega buena parte de su futuro.

El escenario está abierto y hasta último momento el poroteo puede traer sorpresas en cualquier sentido, pero se perfila una aprobación parcial de la ley ómnibus. El oficialismo no consigue los votos necesarios para que el texto se apruebe a libro cerrado. Algunos legisladores del espacio político antes conocido como Juntos por el Cambio se mueren de ganas de colaborar pero la aventura de Milei contiene pasajes imposibles de digerir para ellos o para sus sponsors, su electorado o sus agentes de prensa. Casi como si el presidente no quisiera juntar los votos.

Entre los capítulos que no pasan el filtro, de acuerdo a lo que se dijo y no se dijo esta semana en el plenario y en los pasillos del Congreso, aparecen elementos centrales de la estrategia económica, como la eliminación de la movilidad jubilatoria y la suba de retenciones, que forman parte del “plan motosierra” con el que el gobierno apunta a llegar rápidamente a un superávit primario de dos puntos del producto. Por ahora, el Gobierno insiste con que esos puntos no son negociables, y continúa presionando a legisladores para juntar los votos necesarios.

También aparece una resistencia mayor que la esperada para la privatización de YPF, ARSAT, Nucleoeléctrica Argentina y del Banco Nación, entre un puñado de las más de cuarenta empresas estatales que se propone pasar a liquidación; quedarán por el camino los pasajes referidos a biodiesel, pesca e hidrocarburos; sufrirá importantes recortes la reforma política; y se reducirá el alcance y la duración de las emergencias para que no signifiquen una delegación de facultades más amplia que la que se dio a otros presidentes.

Si se corrobora ese escenario, Milei deberá tomar una decisión en la que quedará definido el futuro de su mandato. Si acepta las modificaciones podrá anotarse una victoria política pero deberá recalcular su hoja de ruta fiscal para morigerar el ajuste o, en su defecto, como advirtió esta semana el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, tomar “medidas más duras”. La otra opción es insistir con un dictamen idéntico o muy similar al que envió en primer lugar el Poder Ejecutivo. Por ahora sus ministros negocian reformas, mientras él sobreactúa intransigencia.

En una entrevista pocos días antes de las PASO, había previsto este escenario con precisión asombrosa. “Nosotros vamos a presentar los proyectos. Puede ser que vengan rebotados. Entonces llamaremos a un referéndum, que son vinculantes (NdelA: No son). Suponete que nos va mal, ¿sabés qué? Voy a sobrerreaccionar el ajuste fiscal. Es decir, tenemos plan A, plan B, plan C y plan D. Si yo después de esto tengo que pagar un montón de costos políticos, a punto tal de que implique que yo tenga que después retirarme, yo no tengo problema”.

El politólogo y profesor en la Universidad Di Tella Javier Zelaznik publicó esta semana un artículo en el que explica muy claramente la disyuntiva que enfrenta Milei. Zelaznik distingue entre “los presidentes que intentaron llevar adelante sus agendas de gobierno mediante un uso intensivo de decretos, pero contando con un apoyo legislativo amplio (por parte de su propio partido o de una coalición de partidos)” y los “presidentes minoritarios” que “privilegiaron el uso de decretos como forma de decisión unilateral, eludiendo estrategias cooperativas”.

En el primer grupo cita como ejemplos a los argentinos Carlos Menem y Néstor Kirchner, que contaban con mayorías propias, pero también a los brasileños Fernando Henrique Cardoso, Lula da Silva y el primer mandato de Dilma Rousseff, “que ampliaron su base de apoyo en el Congreso mediante la construcción de coaliciones”. En el segundo, que decidió gobernar “exacerbando el conflicto político y la inestabilidad institucional”, ubica las experiencias fallidas del brasileño Fernando Collor de Melo, el peruano Alberto Fujimori y la nicaragüense Violeta Chamorro.

Zelaznik observa que el inicio de la presidencia de Milei “ofrece un parecido” con estas últimas experiencias y deja un aviso: “La evidencia empírica, aunque escasa, sugiere que el gobierno por decreto por parte de presidentes minoritarios sólo es políticamente viable cuando su uso no suplanta, sino que complementa la búsqueda de acuerdos legislativos”, advierte el politólogo, que sin embargo señala la oportunidad de que aparezcan “formas de cooperación que ensanchen la base de apoyo legislativo para la agenda presidencial”.

No puede, sin embargo, soslayarse lo que el autor escribe en las últimas líneas de su artículo: “En un contexto como el actual, un gobierno viable no sólo requiere la colaboración entre diferentes actores políticos, sino también que la agenda libertaria impulsada por Milei logre resolver algunos de los problemas que asedian a la sociedad argentina”. Esa, como hemos advertido en otras ocasiones, es la carrera contra el tiempo que corre el flamante gobierno. Y si no logra dar señales, pronto, de que puede ganarla (no está pasando) cada vez le costará más conseguir apoyos.

La gran pregunta desde que Milei comenzó a delinear su ambicioso plan de desguace del Estado y la clase media es cuánto crédito social tendría esa empresa. Los cacerolazos, consistentes desde la primera semana, y la organización sindical contra el DNU y la ley ómnibus fueron las reacciones más urgentes. Esta semana, por primera vez, el envión que arrastraba el presidente desde el 10 de diciembre empezó a dar señales de agotamiento, que se manifestaron en la marcha atrás obligada con la reducción de horas extras que se había anunciado días antes.

En este contexto, el peronismo no termina de definir una estrategia. Algunos dirigentes, tan disímiles como Juan Grabois y Pablo Moyano, reclaman más protagonismo de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, en vez de interpretar sus ausencias como una oportunidad. Los tres principales responsables de la experiencia Frente de Todos ya deslindaron su responsabilidad de conducción; esperar que surjan nuevos liderazgos antes de que el espacio resuelva los problemas que lo trajeron hasta acá es voluntarista.

El debate parlamentario dejó en evidencia, además, de que al menos en estas condiciones, si existiera alguna posibilidad de que se conforme una mayoría para ponerle freno a las iniciativas del oficialismo, algo que todavía está por verse, esa mayoría no va a estar encabezada por el peronismo. Es una lectura que comparten CFK, algunos gobernadores, los propios diputados y senadores de Unión por la Patria y sindicalistas con peso en la CGT, que aprovechan estas circunstancias para recuperar parte del crédito perdido durante los últimos cuatro años.

Si la manifestación del 24 de enero alcanza la magnitud que proyectan sus organizadores, con más un millón de personas frente al Congreso de la Nación, incluyendo a las tres centrales obreras, los movimientos sociales, partidos de izquierda, organizaciones políticas y la movilización de columnas desde varias localidades del Conurbano, será una señal de alerta notable. Su potencia política, sin embargo, no estará definida por el número que se junte esa jornada en la calle sino por lo que pueda construir, a partir de allí, la dirigencia.

Resultará prioritario, en el contexto de una ofensiva inédita del Gobierno, saber distinguir cuáles son los puntos neurálgicos en los que concentrar los esfuerzos, conocer las líneas rojas. Cuáles son las acciones irreversibles, que pueden dejar cicatrices que duren décadas, o incluso más. El DNU es la primera. Luego, asoman en el horizonte la enajenación de empresas estratégicas, el intento de borrar la distinción normativa entre los ámbitos de seguridad interior y defensa, la impunidad de los culpables de delitos de lesa humanidad y la nunca desmentida dolarización.

Las noticias que llegan desde Ecuador nos recuerdan qué hay detrás de todas esas líneas rojas: el colapso del Estado y el reemplazo de una democracia fallida por el imperio de las corporaciones, legales (las grandes empresas que coparon este gobierno y dictan las leyes, las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas) o ilegales (el narcotráfico, el crimen organizado). Sin perjuicio de otras urgencias, la prioridad de cualquier político que conserve algo de estima por su vocación, en estas circunstancias, debería ser que el país, a como dé lugar, no siga ese derrotero.