La Corte Suprema de Justicia designó en julio de 2008 al juez, titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes, como responsable de la ejecución de la sentencia en la causa “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios-daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza Riachuelo”, que ordena medidas protectoras en relación a la contaminación de la cuenca y que encomendó a la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, Acumar, mejorar la calidad de vida de los habitantes, la recomposición del ambiente y la prevención del daño.

Sin embargo, según notas publicadas en el diario Página 12, luego ratificadas por un informe de la Auditoría General de la Nación, existirían serias irregularidades, en particular por la obtención de contratos millonarios sin licitación por parte de empresas vinculadas al juez, en el marco del plan integral de saneamiento ambiental que el propio Armella debía supervisar.

De hecho, el 29 de agosto último, la Corte Suprema ordenó al magistrado que informara detalladamente todo lo relacionado a esas publicaciones, y a la Auditoría General de la Nación que elaborara un informe sobre las contrataciones efectuadas.

El 9 de octubre último la Auditoría ratificó las irregularidades en las contrataciones, reforzando así la sospecha sobre el desempeño del cuestionado juez.

Según la denuncia presentada hoy, el modus operandi de Armella consistía primero en fijar plazos brevísimos para la realización de obras por lo cual la Acumar u otros organismos involucrados en su ejecución, siguiendo las resoluciones del juez, se veían forzados a eludir los mecanismos de licitación y realizaban contrataciones directas que terminaron beneficiando a un grupo de empresas que no sólo están relacionadas entre sí, sino que también estarían vinculadas al propio magistrado.

Las empresas mencionadas en el informe son: San Martin 264 Bernal S.A., Gildin S.A., Vial Rogo Cosntructoria S.A., Tierras Provinciales S.A., Compañía constructora M&T S. A. y Kartonec S.A.

Pese a que algunas de las contrataciones debían hacerse mediante licitación pública, por exceder el presupuesto de $ 2 millones, este paso era omitido por la excepción a partir de las razones de urgencia que esgrimía Armella. Así fue la contratación directa de la Compañía Constructora M & T S.A por un monto de $ 3,5 millones.

Una mención especial merece la operatoria de clausura de la totalidad de las canteras que se mantenían operativas en la Cuenca Matanza-Riachuelo y que derivó en la paralización de la construcción de la Autopista Presidente Perón. En este caso, el propósito habría sido liberar de competencia a la firma Gildin S.A., que opera en el partido de Berazategui.

La denuncia del Gobierno Nacional menciona también la posible colaboración de funcionarios designados por el juez en la Acumar, quienes “elaboraron o participaron en la confección de los proyectos a través de los cuales se realizaron las contrataciones irregulares”. Entre estos funcionarios destaca Ignacio Manuel Ortiz Valenzuela, ex teniente de la Policía Bonaerense, exonerado por corrupción.