El viceministro de Economía, Axel Kicillof, descartó ayer ante los principales referentes de las empresas eléctricas que el Gobierno tenga previsto estatizar alguna firma del sector. Lo hizo durante una reunión privada que mantuvo con ejecutivos de generadoras, transportistas y distribuidoras en el Ministerio de Economía donde también sostuvo que introducirán cambios para reorganizar el mercado, pero que éstos irán siendo negociados con las compañías. De este modo, el funcionario buscó desmentir versiones periodísticas sobre una supuesta estatización de las distribuidoras que atribuyó a fuentes empresarias y que, según remarcó, generan incertidumbre. “Es al pedo gastar plata en periodistas. Terminen con las operaciones porque así no van a conseguir nada”, les dijo, según confirmaron a este diario fuentes que participaron del encuentro.

Kicillof recibió a los empresarios en el microcine del Ministerio de Economía junto al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno; el secretario de Energía, Daniel Cameron, y el subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, Roberto Barata, pero fue el único que expuso la posición oficial, dejando en claro que ha pasado a ser el principal responsable político del sector. “El jefe es Axel”, dijo Moreno, quien se mantuvo callado, más allá de algunas acotaciones puntuales.

Lo primero que hizo Kicillof fue pedirles a los empresarios que eviten operar a través de la prensa porque eso distorsiona el mercado y genera incertidumbre. Luego cuestionó cómo se organizó el mercado eléctrico en la década del ’90, cuando la regulación estatal perdió fuerza y predominó una situación “anárquica”. Sostuvo que se avanzará con una “refundación” del sector para hacerlo viable, pero descartó que el plan oficial contemple estatizaciones. Les dijo a los empresarios que los cambios se irán consensuando y aclaró que el objetivo es proteger los intereses de los usuarios y garantizarles previsibilidad a los inversores.

La tarea que Kicillof tiene por delante no es sencilla porque las eléctricas vienen presentando fuertes pérdidas en sus balances. Edenor, la mayor distribuidora del país, reportó en el primer semestre un rojo de 348,6 millones de pesos, mientras que Edesur, la otra gran distribuidora del área metropolitana de Buenos Aires, perdió 279,5 millones. El Gobierno incluso designó un veedor en Edesur a mediados de julio para “fiscalizar y controlar todos los actos de administración habitual”, luego de que la firma incumpliera un pago ante la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico (Cammesa).

Edesur es controlada por la española Endesa, firma que a su vez es propiedad de la italiana ENEL. Fulvio Conti, principal directivo de ENEL, reclamó en mayo un aumento de tarifas, las cuales permanecen prácticamente congeladas desde 2002. “La regulación no es bastante beneficiosa para seguir invirtiendo. Creemos en el país, en un país con el cual nos seguiremos comprometiendo, pero nos gustaría acordar con las autoridades las medidas para subir las tarifas que efectivamente están muy bajas”, afirmó. En ese momento, el Gobierno le respondió que el sector debe ser analizado de manera integrada y recordó que Endesa también tiene, por ejemplo, la central El Chocón, que ya está amortizada y tiene costos bajos.

Kicillof ayer no dio pistas sobre qué pasará con las tarifas, pero sostuvo que se les garantizará a las empresas una “rentabilidad razonable” y agregó que no dejarán que ninguna firma entre en default. El Gobierno ya recibe información detallada de las eléctricas que tienen directores estatales en representación de la Anses, pero ayer también les pidió a las demás compañías la misma información. Además, dijo que seguirán trabajando en reuniones grupales y por empresa.