Por Mariano Martín

Apenas tres semanas duró la idea de regular por ley el funcionamiento de las aplicaciones de reparto, que en la Argentina emplean a entre 100 y 160 mil personas desprovistas de la protección que prevé la normativa laboral. El proyecto que había anunciado la ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos como parte de un paquete de iniciativas del equipo económico impulsado después del resultado de las PASO entró a una fase de congelamiento y nada indica que vaya a ponerse en debate, al menos hasta después de las elecciones generales, confirmaron fuentes oficiales.

La iniciativa, que como había adelantado en exclusiva Ámbito contemplaba un ítem favorable a las apps al habilitarles la posibilidad de aplicar sobre sus repartidores la ley de contrato de trabajo o mantenerlos como "independientes" sin establecer una relación de dependencia, había irrumpido en la campaña como un aparente intento de Sergio Massa de brindarles a los trabajadores una cobertura mayor y beneficios asimilables a los asalariados regidos por convenios colectivos como vacaciones, aguinaldo y derecho a la indemnización. La lectura política indicaba que el postulante de Unión por la Patria intentaba así seducir a un electorado que Javier Milei considera propio.

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En el gabinete económico reconocen que el proyecto naufragó a los pocos días de haber sido lanzado por la ministra, una vez que entró en acción el lobby de los grandes fondos de inversión como Blackrock que operan detrás de PedidosYa, y también frente al aparente desinterés de la CGT por impulsarlo. En la "mesa chica" de la central obrera reconocieron haber sido sondeados sobre un posible texto del plan y lo desecharon. Para las aplicaciones, en tanto, la garantía que dejó trascender Olmos de que podrían mantener a su personal bajo una figura independiente llevó alivio aunque en última instancia la ausencia de regulación se les presenta en el horizonte inmediato como el mejor de los escenarios.

No es la primera vez que la administración de Alberto Fernández se queda en el camino con una iniciativa para normatizar el trabajo de reparto guiado por el algoritmo de aplicaciones. En 2020, cuando la actividad se extendió de manera geométrica por las restricciones a la movilidad impuestas durante la pandemia, el entonces ministro de Trabajo, Claudio Moroni, le encargó a su equipo de asesores elaborar un proyecto de ley orientado a encuadrar a todos los repartidores en los alcances de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). En aquella oportunidad, cuando todavía operaban además de PedidosYa las apps Rappi, Glovo y UberEats, no hubo siquiera un trámite parlamentario y el proyecto quedó en papel.

El año pasado el senador bonaerense y sindicalista canillita Omar Plaini presentó un proyecto de regulación que llegó a obtener media sanción en la Legislatura pero no avanzó más. Plaini recordó que en aquella oportunidad recibió "todo tipo de presiones" y que vio su "cara empapelada" en diversos puntos de la provincia como aparente responsable de una iniciativa que, según las acusaciones, buscaba crear un sindicato ad hoc para los repartidores bajo su control.