María Cafferata

Javier Milei no tiene los votos para aprobar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla en el Senado. No los tuvo hace un año, cuando propuso sus candidaturas y amagó con cerrar un acuerdo más amplio con el peronismo para completar la Corte Suprema. No los tuvo hace un mes, cuando decidió avanzar vía DNU y Horacio Rosatti solo le tomó juramento a uno: García-Mansilla, el decano de la Universidad Austral que prometió, antes de jurar, que nunca asumiría vía decreto. Y no los tiene ahora, cuando, a partir de las 14 horas, la oposición abra el recinto para voltear los pliegos. El Gobierno tiene una sola carta disponible y es vaciar la sesión antes de que comience. El quórum es una moneda en el aire y, hasta que suena la chicharra, todos los alfiles juegan.

Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Sergio Massa, Santiago Caputo, Guillermo Francos: todas los grandes líderes de la oposición y el oficialismo se pusieron a levantar el teléfono para medir voluntades. En Casa Rosada se mueven con sigilo: para afuera manifiestan querer dar la discusión por terminada —“Que se sienten y voten”, es una frase que se repite en las filas libertarias—, pero para adentro siguen conversando y negociando con los senadores del peronismo y del radicalismo. Saben que no tienen los votos para aprobar los pliegos —se necesitan los dos tercios—, por lo que el objetivo es impedir que Unión por la Patria llegue al mágico número de 37 para el quórum. 

Hay otra salida elegante, que es retirar los pliegos. Pero pese a las súplicas de los gobernadores radicales, el Gobierno se niega. Los mandatarios aliados insisten, ruegan: si el Ejecutivo retira los pliegos —como hicieron siempre los oficialismos ante la imposibilidad de arribar a un acuerdo en el Senado— no había sesión y se acababa el asunto. La propia Victoria Villarruel, incluso, le había sugerido a su Gobierno que avanzara en esa línea: le prometía conseguir los votos para retirar los pliegos —que requieren una mayoría simple— y terminar con la novela. Pero no había manera: el Gobierno quería ir a matar o morir en el recinto y, en su cruzada, arrastraba a los aliados.

La UCR estaba en una encerrona: no podía acompañar la designación de los jueces por decreto pero no se animaba a oponerse abiertamente al Gobierno. Los radicales Pablo Blanco y Martín Lousteau presionaban, puertas adentro, para voltear los pliegos, pero el resto de la bancada se resistía. Especialmente aquellos que responden a los gobernadores radicales de Mendoza, Chaco y Corrientes. El jefe de bloque, Eduardo Vischi, se reunió con Caputo en su oficina de Casa Rosada y le explicó que, si no retiraban los pliegos, su bloque insistiría por el rechazo. Y así fue: unas horas después, luego de una breve reunión de bloque, la UCR definió que daría quórum para rechazar los pliegos de Javier Milei. 

Con la UCR en la cancha, la posibilidad de llegar al quórum resulta casi inevitable. Ya hace tiempo que el jefe de la bancada de UxP, José Mayans viene afirmando que tiene “más de 30 votos” para rechazar los pliegos de Lijo y García-Mansilla. Pero al momento de contar los votos para dar quórum el número se volvía, sin embargo, más elusivo. El problema eran los gobernadores peronistas, que se resisten a soltarle la mano a Lijo —ya sea por amistad o por temor a que hubiera consecuencias judiciales en Comodoro Py— y que amenazan con vaciar la sesión antes de que comience. 

De acompañar los radicales, sin embargo, el cristinismo podría suplir las cuatro o cinco ausencias propias —la mayoría provenientes del nuevo subbloque peronista llamado Convicción Federal, que rompió con UxP por su rechazo a la conducción de CFK— con las presencias radicales. Aunque varios peronistas sospechan: el recuerdo de la creación de la comisión investigadora por el caso $Libra está presente en la mente de muchos, que sospechan que si Vischi se animó a votar en contra de un proyecto de su autoría fácilmente podría ausentarse en una sesión que perjudica al Gobierno.

Los radicales, sin embargo, no son los únicos que juegan. En las últimas horas, varios senadores del PRO comenzaron a deslizar la posibilidad de dar quórum. Una es Guadalupe Tagliaferri, que es la presidenta de la comisión de Acuerdos y firmó uno de los dictámenes de rechazo al pliego de García-Mansilla. Pero no solo ella: Alfredo de Angeli, el presidente del bloque PRO, también advierte que podría bajar a dar quórum. De Angeli fue designado como jefe de bloque luego de la renuncia de Luis Juez, quien fue acercando posturas a Javier MileI, y responde directamente a Mauricio Macri. 

Macri ya había manifestado su rechazo a la designación de Lijo y, en medio de la guerra declarada por el control de la Ciudad de Buenos Aires, está dispuesto a subir la apuesta.

Los números para el rechazo

El principal desafío de la oposición será conseguir los 37 para el quórum porque, una vez iniciada la sesión, el rechazo a los pliegos será casi un trámite. Solo se necesitan 25 votos para rechazar los pliegos y, en ambos casos, UxP tiene el número para voltear a los magistrados. Aunque será un tetris compuesto de voluntades contrapuestas.

En el caso de Lijo, el mayor dolor de cabeza lo tendrán los peronistas. Especialmente quienes responden a los gobernadores y son quienes vienen negociando cargos en la Justicia Federal a cambio de no dinamitar los planes del Gobierno. Se espera que, en el caso del juez federal, haya al menos una docena de peronistas que no acompañen el rechazo. El cristinismo, sin embargo, podría conseguir fácilmente el número con el PRO y la UCR: dos partidos que nunca quisieron mucho a Lijo. 

El caso de García-Mansilla es más sencillo, ya que todo UxP está en contra de su designación. Se podría dar la situación paradigmática, incluso, de que el actual juez de la Corte Suprema sea rechazado por casi todos los bloques del Senado. Lo que abriría una incógnita que supera lo que pueda suceder el jueves, ya que el Gobierno advierte que García-Mansilla seguirá en el cargo hasta fin de año aunque se rechace su pliego. Es decir que podría haber un juez de la Corte cuya designación fue rechazada por el Congreso firmando fallos hasta fin de año. Un escenario que tiene todos los condimentos de una futura crisis institucional.