Por Juan Strasnoy Peyre.

El Gobierno dará un nuevo paso en su agenda de apertura comercial a través de la derogación de cuatro normas que, hasta ahora, formaban parte del control aduanero. Luego de anuncios de baja de aranceles, ahora el foco pasa directamente por eliminar determinados trámites y herramientas de fiscalización: el valor criterio, las estampillas y los veedores de cámaras empresariales locales, por el lado de la importación, y los valores de referencia de exportación.

En un contexto crítico para la industria argentina, el objetivo oficial es que haya cada vez más bienes extranjeros que compitan con la producción local con el argumento de que eso contribuirá a desacelerar la inflación. Según los funcionarios, las normas que se derogan implicaban sobrecostos que ahora desaparecerán, por lo que debería impactar en los precios de los bienes traídos del exterior y en una mejora pequeña del tipo de cambio exportador (en ambos casos para algunos sectores puntuales).

Los anuncios los realizaron el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; la titular de la AFIP, Florencia Misrahi; y la directora de Coordinación y Evaluación Operativa Aduanera, Gladys Morando, este martes en el edificio del organismo recaudador.

Primero, valor criterio y estampillado

Las medidas desreguladoras saldrán en dos tandas. Este miércoles, se oficializará la eliminación del valor criterio y del estampillado para los sectores importadores que aún los conservaban mediante dos resoluciones generales de la AFIP.

En el primer caso, se trata de valores parámetros que definen que, si una mercadería importada se distancia mucho, vaya directamente al llamado “canal rojo” y establece el pago de una garantía para que el importador pueda retirarla de la Aduana. Según Sturzenegger, esto implicaba, en promedio, un sobrecosto del 1% para los sectores alcanzados: entre ellos, mencionó neumáticos, prendas de vestir, grifería, juguetes, calzado, hilados. La expectativa que buscó transmitir, en un encuentro con periodistas del que participó Ámbito, es que esto contribuya a moderar los precios.

Respecto de la otra medida, planteó Misrahi: “Se eliminan todas las estampillas de los productos importados. Desaparece ese tipo de control que hacía la Aduana. No tenemos interés en controlar a través de estampillas”. La estampilla lo que hace es acreditar que la mercadería entró legalmente y pagó los derechos que corresponden. En este caso, alcanzaba a productos electrónicos (solo se mantendrá para celulares porque se realiza con otra tecnología), textiles, instrumentos musicales, juguetes, entre otros. “No es rol de la Aduana hacer control de fraude marcario. Ni salir a controlar dentro del país si la mercadería había entrado legalmente”, argumentó la administradora federal.

Más del combo desregulador contra la casta

La semana que viene, llegará la segunda tanda de este combo desregulador. Se derogarán las normas que habilitan a las cámaras empresariales locales a participar como veedoras de los procesos de control aduanero de la mercadería que ingresó al canal rojo, al tiempo que se dejarán sin efecto los valores de referencia de exportación.

Esto implica que los sectores que producen localmente los productos importados que ingresaron al canal rojo ya no podrán participar del proceso de fiscalización. La derogación de la norma se dará a pesar de que los funcionarios explicaron que los veedores no tenían capacidad de vetar el ingreso de la mercadería (solo podían observar) y que no en todos los casos las cámaras locales enviaban un observador. “Es la casta en su representación máxima, es la casta explícita”, argumentó Sturzenegger.

Respecto de la cuarta medida, los funcionarios explicaron que ya no habrá más valores de referencia de exportación para ningún producto. Como ya hubo una tanda previa de eliminación para algunos bienes en particular, son algunos pocos los que aún los conservan, como por ejemplo minería y pesca, ejemplificó el ministro.

Estos valores de referencia en general se habían fijado para evitar que se facturen ventas a valores muy inferiores a los del mercado y se termine pagando menos retenciones. De todas maneras, Misrahi aseguró que, si bien estos productos ya no tendrán un control a priori, sí se mantendrá algún tipo de fiscalización “ex post” en función de valores promedios registrados por Aduana, sobre la que no hubo mayores precisiones.

Sturzenegger destacó que esto implicará, para los sectores sobre los cuales dejará de existir valor de referencia, la eliminación de un sobrecosto ligado a las garantías propias del control aduanero. Según sus cálculos, en promedio podría equivaler a una mejora del tipo de cambio exportador del 1% (únicamente de los sectores y productos particulares beneficiados por la desregulación).

En respuesta al anuncio, el exdirector general de Aduanas, Guillermo Michel, sostuvo que los sistemas de control de valor de AFIP "son un mecanismo esencial para controlar la evasión fiscal y maniobras de sobre y subfacturación" y recordó que estos se originaron en 2005 a través de la resolución general 1907 firmada por el entonces titular del organismo, Alberto Abad. "Con la eliminación de esta herramienta solo buscan debilitar los controles del Estado y hacerles más fácil el trabajo a los estudios de abogados", enfatizó a través de la red social X.

Además, Michel agregó: "Vamos a contramano del mundo. Estados Unidos acaba de endurecer los controles aduaneros a los productos chinos y nosotros liberamos todo".

El expresidente del Banco Central durante la primera etapa del mandato de Mauricio Macri hizo una oda de la apertura comercial y disparó sistemáticamente contra los “sectores protegidos” a quienes tildó de “casta”.

Argumentó que este nuevo combo flexibilizador del comercio se enmarca en cinco pilares del Gobierno de Javier Milei: libertad económica, política anticorrupción (ligó la regulación a la corrupción), política anti castas, eficiencia administrativa (porque se usarán menos recursos del Estado) y, en términos macroeconómicos, reducción de costos para importar y exportar.

En definitiva, el conjunto de medidas se enmarca en la política de apertura importadora del Gobierno. Una flexibilización que pondrá en jaque a sectores industriales (de por sí en crisis por el plan de ajuste y el desplome del consumo), que cada vez deben enfrentar una mayor competencia de productos fabricados en el exterior.