Luego de resignar -en parte- un impuesto para la actividad portuaria en la discusión por el paquete impositivo, ahora, en el gobierno de Axel Kicillof admiten que es necesario discutir una ley de Puertos y apuntan contra los consorcios.

"Son entidades cuasi privadas y lo poco que tributan queda en manos del propio consorcio", dijo la ministra de Gobierno Teresa García y agregó que la provincia no percibe ningún ingreso por la actividad portuaria.

El consorcio portuario es un ente público no estatal que administra el puerto. Si bien en la mayoría de las terminales de la provincia existen consorcios desde hace años, la gestión de María Eugenia Vidal llevó ese mecanismo de gestión a todas las terminales públicas.

Quien llevó adelante ese trabajo fue el ex ministro de Producción, Javier Tizado. El ex agente de Techint impuso una fuerte campaña ponderando los beneficios de ese modelo a través de artículos de opinión y entrevistas, mientras los conflictos estallaban en las terminales portuarias.

En la mesa del consorcio se sienta el sector privado, los sindicatos y los municipios, aunque en los hechos prevalece la fuerza de las empresas. La provincia designa un director del consorcio que en términos reales tiene escaso poder sobre lo que sucede. Uno de los puntos más cuestionados tiene que ver con los controles. Nadie sabe a ciencia cierta qué ocurre dentro de los puertos.

Tienen total independencia de la provincia en términos jurídicos, financieros, contables y administrativos. Mientras que el Tribunal de Cuentas hace un tardío seguimiento de los números.

Con más de 1500 kilómetros de costa, la provincia cuenta con 12 puertos público y más de 200 que se utilizan con fines recreativos. Desde el Puerto de San Nicolás, sobre el Paraná, hasta Carmen de Patagones, sobre el río Negro, la eficiencia del sistema portuario bonaerense es vital para el sector productivo.

García agregó que la provincia de Buenos Aires "tiene un problema serio con la actividad portuaria". Según explicó a radio Continental, los impuestos que pagan las empresas que operan en los puertos quedan en cuentas especiales de los consorcios y no llegan a las arcas de provincia. En tanto, es el Estado bonaerense quien tiene que hacerse cargo de todos los accesos -caminos y rutas- para que los puertos puedan ser competitivos. Por eso, la ministra de Gobierno consideró necesario discutir una ley de Puertos.

Desde hace años, son varios quienes amenazan con enviar a la Legislatura una ley de puertos, pero lo cierto es que al fin de cuentas se terminan imponiendo los sectores privados. Por caso, Buenos Aires es la única provincia con puertos que no cuenta con una ley que organice el sector.

Durante el segundo mandato de Daniel Scioli, quien amagó fue Gabriel Mariotto. El entonces vicegobernador propuso estatizar los puertos de la provincia, planteó fijar una reserva de carga del orden del 30% para los fletes que se realizan desde terminales bonaerenses y crear una empresa provincial que intervenga en la exportación. Incluso trascendieron borradores de ese proyecto.

Pero nunca hubo avances concretos. En medio de los amagues discursivos de su vice, Scioli tenía que salir a refrendar su autoridad: "El gobernador soy yo, y no vamos a estatizar nada", solía explicar.

Kicillof perdió ayer una dura pulseada con los consorcios portuarios. En el proyecto de ley impositiva, el Gobernador había incluido un incremento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a las operaciones en las terminales.

Los legisladores de la oposición con territorio en zonas porturarias se plantaron en ese punto y exigieron monigerar la suba. Ese punto fue uno de los más complejos en el tramo final de una larga negociación entre oficialismo y oposición por el paquete impositivo. Finalmente, la negociación se cerró con un acuerdo para reducir ese aumento a la mitad.