Una jueza les ordenó que entreguen copias de la documentación, pero se negaron. También la Cámara de Apelaciones en lo Civil ratificó recientemente la sentencia, pero tampoco la acataron. Y ahora, para no mostrar la documentación que acredita quiénes se beneficiaron realmente con 36 millones de pesos del Fondo Especial del Tabaco, el Estado Provincial recurrió al Superior Tribunal de Justicia (STJ), con la esperanza de que allí, finalmente, se salven varias cabezas. 

El Gobierno de la provincia se encuentra técnicamente “en desacato judicial”  por negarse a entregar la documentación sobre la operatoria que destinó esos 36 millones para asistir a humildes productores tabacaleros afectados por la caída de granizo sobre plantaciones y galpones en 2012 y 2013, pero que habrían sido malversados, según sospechan los impulsores de la denuncia. 

Se trata del primer caso judicializado y con sentencia firme en Misiones por denegación de acceso a la información pública tras la sanción de la Ley Provincial IV N° 58 que consagra este derecho. Según  insiste el impulsor de la medida, el legislador Héctor “Cacho” Bárbaro, la resistencia del gobierno a transparentar la operatoria tendría origen en la “protección” que tiene uno de los protagonistas de esta trama, el ex presidente de la Asociación de Productores de Tabaco de Misiones (APTM) y exdiputado provincial renovador, Ari Klusener, quien a pesar de haber sido apuntado por malversación de fondos en la entidad tabacalera de la que fue expulsado, hoy sigue ocupando un relevante cargo provincial en el directorio del Parque Industrial Posadas.

Este lunes 28 será el día internacional del Acceso a la Información Pública, una fecha muy especial para los referentes que integran el Observatorio misionero de cumplimiento de la norma provincial. En una intervención pública que realizarán a las 9,30 frente a la oficina de acceso a la información pública en Posadas, uno de los escraches tendrá como fin mostrar el incumplimiento del Estado en este primer caso con sentencia firme. “No hay mejor muestra del oscurantismo que no cumplir con un fallo judicial”, señalaron desde la entidad.

Una maniobra oscura 

A fines del año pasado, la jueza Margarita Berti de Benmaor, titular del Juzgado Civil y Comercial n° 2, le dio un plazo de 20 días al Poder Ejecutivo para que entregara los listados completos de productores tabacaleros afectados granizo en el período 2012 y 2013, con el detalle de la plata percibida por cada productor por seguro de cosecha y la ubicación de plantaciones y galpones afectados. 

Según indica el fallo, “todo ello porque cuando se les requirió esta información por el trámite administrativo, solo entregaron un listado parcial que justificó la inversión de casi un millón y medio de pesos, mientras fehacientemente invirtieron los 36 millones restantes”. Los abogados que trabajaron en esta primera causa judicial para transparentar la gestión de gobierno y la inversión de estos fondos públicos fueron Isaac Lenguaza y Rodrigo Bacigalupi. 

Lenguaza explicó que el incumplimiento actual, y la situación de desacato, pueden derivar en dos situaciones que están prontas a definir: o exigen que el Gobierno pague una fuerte multa por el incumplimiento, o van a la justicia penal para que determine si además de ocultar la información, están  inmersos en incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, encubrimiento y hasta asociación ilícita en caso de que se confirmen los sospechados vínculos entre quienes habrían cometido malversación y los funcionarios de las áreas involucradas. 

“El tema es que si pedimos multa, la vamos a pagar entre todos porque seguramente ningún funcionario va a sacar de su bolsillo, así que estamos estudiando la responsabilidad penal personal de cada uno de los responsables”, dijo. 

El fallo que se encuentra firme condenó a la Subsecretaría de Seguridad y Justicia, al Ministerio del Agro y la Producción y al Gobierno de la Provincia a entregar la información. 

Según el artículo 17 de la Ley de Acceso a la Información Pública, “el funcionario público o agente responsable que en forma arbitraria obstruya el acceso del solicitante a la información requerida, o la suministre en forma incompleta u obstaculice de cualquier modo el cumplimiento de esta Ley, es considerado incurso en falta grave, sin perjuicio de solicitar la intervención de la justicia penal a los fines de que se investigue la posible comisión de delitos”.

Bacigalupi, en tanto, dijo que es “un muy buen síntoma de la Democracia y la independencia de Poderes que en dos instancias la justicia haya ratificado que hay que dar a conocer esa información. También es importante entender que no se suspendieron los plazos y desde hace nueve meses está firme el fallo, por más que intenten recurrir una y otra vez”. 

Productores perjudicados

El Fondo de Granizo cuyo destino se busca dilucidar consistió en unos 38 millones de pesos del Fondo especial del Tabaco (FET) que llegaron desde la Nación para cubrir los daños en plantaciones y galpones de tabacaleros en durante 2012/2013. 

Este dinero fue ejecutado por la Asociación de Plantadores de Tabaco (APTM) y la Cámara del Tabaco (CTM) para el contrato y pago de una compañía aseguradora y ayuda directa a los afectados. Pero muchos productores se quejaron entonces porque recibieron menos de lo esperado, o incluso nada. 

Allí comenzó una lucha por conocer el fin de los fondos y se determinó que habría existido una maniobra para “inflar” las rendiciones, haciendo aparecer a supuestos beneficiarios que en realidad no existían o no fueron afectados. De los 38 millones, solo  se conoció una lista incompleta de beneficiarios por un total de un millón y medio de pesos.

“En el listado parcial, aparecieron todos los ex dirigentes de la Cámara del Tabaco, sus esposas y parientes cobrando sumas importantes sin haber sido afectados y en perjuicio directo de los productores reales”. Pero la APTM se negó terminantemente a dar la información sobre la inversión realizada desde esta institución, y las áreas gubernamentales dijeron que no tenían los listados.  

“Ahora esperamos acceder a la información completa, porque si detectamos semejante nivel de desvío en apenas una pequeña parte de la información, imagínense la olla que se está por destapar con el resto”, explicó Bárbaro. 

La operatoria habría tenido origen ya en el año 2010, cuando el Ministerio del Agro como organismo responsable, y la APTM y CTM como organismos ejecutores, cambiaron el destino de los fondos mediante la contratación de compañías aseguradoras, con pólizas a pagar con dinero del FET. 

Así, de un año para el otro el monto destinado al seguro de  cosecha aumentó de 10 millones a 32 millones de pesos en 2011 para el pago de daños por granizo a las plantaciones, el pago de las pólizas y los costos de las inspecciones y los gastos administrativos y de reposición de las chapas de cartón de los galpones de curado.

Dicen los denunciantes que en la contratación de una de las compañías, influyó la presión ejercida por un funcionario de primer nivel, y que los listados de beneficiarios inexistentes le permitieron a este funcionario quedarse con más de cuatro millones de pesos. 

Un derecho y un deber

El derecho de acceso a la información pública es aquel que tiene todo ciudadano a acceder a información en manos del Estado o que haya sido creada con fondos públicos. Es vital para fortalecer y mejorar las instituciones públicas y ha sido consagrado en nuestra Constitución Nacional y en diversos tratados internacionales.

Misiones es una de las pocas provincias que tiene su propia Ley, un logro de los periodistas organizados que por años reclamaron la normativa pero que, en realidad, no es de uso exclusivo de la prensa sino de todos los ciudadanos. 

En nuestra provincia, según la Ley, están obligados a responder los órganos pertenecientes a la administración centralizada, descentralizada, órganos de la Constitución Provincial, entes autárquicos, empresas y cooperativas que presten servicios públicos y sus entes reguladores, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta, sociedades del Estado y aquellas organizaciones empresariales donde la Provincia tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias o que reciban subsidios del Estado Provincial, Poder Legislativo y Poder Judicial.

El ciudadano tiene derecho a preguntar por nota todo lo que quiera saber sobre inversión de fondos públicos, y los funcionarios deben responder en un plazo no mayor de diez días hábiles. Si no contestan, queda habilitada la vía judicial.