En el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, que ya trabaja en su plan nacional para competir en 2023, están en alerta frente a la seguidilla de advertencias del kirchnerismo que anticipan una discusión por los fondos coparticipables que recibe la ciudad.

Larreta siguió de cerca los anuncios del Presidente y el debate en el Congreso sobre el megaproyecto de emergencia económica. Dos semanas atrás se reunió con el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, quien lo convocó al encuentro de gobernadores con Fernández por la suspensión del consenso fiscal que las provincias habían firmado en 2017 con Mauricio Macri. Larreta avaló la decisión -que genera alivio a los gobernadores en medio de la crisis- y volvió un día después a Balcarce 50 para rubricar el convenio y estar presente en la foto del Presidente con los mandatarios provinciales.

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La suspensión del acuerdo fiscal le generará a la administración de Larreta un extra de 20.000 millones de pesos en 2020, según estimaron fuentes oficiales. En el Ejecutivo porteño entienden que el pacto fiscal que se firmó en 2017 era viable en un contexto de crecimiento económico, que permitía "compensar" la baja impositiva.

Por el pacto fiscal con la Nación, el gobierno de la ciudad había aplicado desde 2018 una baja progresiva de las alícuotas de Ingresos Brutos. Según indicaron fuentes oficiales, este año el costo de la reducción fue de 9000 millones de pesos.

Para el gobierno porteño, el artículo más relevante de la ley de emergencia es el que frena por seis meses el traspaso del control de Edenor y Edesur a la órbita de la ciudad y la provincia, que había dispuesto Macri en febrero pasado. Para concretar esa medida se creó el Ente Metropolitano Regulador del Servicio Eléctrico (EMSE), integrado por representantes de ambas jurisdicciones.

Mientras esté en vigencia la emergencia declarada en la ley, el artículo 7 mantiene la competencia del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) sobre el servicio público de distribución de energía eléctrica de las concesionarias Edenor y Edesur, que operan en el área metropolitana. En el Ejecutivo porteño tenían dudas sobre el alcance de la disposición y pidieron aclaraciones. "O el traspaso se hace como estaba previsto o no se hace y vuelve todo para atrás. Algo intermedio sería un problema", evaluaban en un despacho de Uspallata mientras se debatía la ley en el Congreso. Apenas asumió, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, le había reclamado a Fernández que retrotrajera el traspaso. Con la suspensión de la transferencia de Edenor y Edesur, la Ciudad eludirá por el momento una eventual inversión en subsidios para la distribución.

Fuentes del gobierno porteño remarcan que todavía no hubo un "planteo formal y concreto" de Fernández para reducir el índice de coparticipación de la ciudad para beneficiar a otras provincias. Pero reconocen que hay preocupación frente a los planteos públicos de la vicepresidenta Cristina Kirchner sobre el presupuesto porteño. Y esperan en guardia. "No hubo un pedido formal, pero habrá que discutirlo con los números", afirma una fuente oficial. La Capital aporta a la masa coparticipable entre el 22% y el 25% del total y actualmente percibe el 3,5%. En 2016, Macri subió el coeficiente de participación de la ciudad del 1,4% al 3,75% cuando transfirió la Policía Federal a la órbita de Larreta. Luego, se redujo al 3,5% con el pacto fiscal. La Capital recibió este año unos 85.000 millones de pesos en concepto de coparticipación. "Es legal. Está correctamente aplicada y muy justificada", dice un alto funcionario. El principal argumento de la administración porteña es que la Constitución establece que toda transferencia a las provincias debe hacerse con los recursos. Por lo tanto, aseguran que un eventual recorte afectaría un servicio clave como la seguridad.