“La ley autoriza a las Fuerzas Armadas a reforzar el control de fronteras. La posibilidad de detención en flagrancias está prevista en todos los Códigos procesales de las provincias y la Nación”, lanzó el funcionario, que utilizó la palabra “detenciones”, aunque en su entorno buscaron aclarar ante elDiarioAR que se trata de “aprehensiones”. “Sí, es una medida controversial para todos los que defienden narcos, terroristas y violentos delincuentes. Elijan de que lado van a estar”, expresó Petri en su cuenta de X.

La orden tiene un caracter secreto y no fue publicada en el Boletín Oficial, pero está en el marco de la flamante “Operación Julio Argentino Roca” para reforzar la vigilancia y el control en las fronteras, tanto terrestre, fluvial como en el aeroespacio, como comunicó Defensa días atrás. En total participarían unos 10.000 militares, que se irán rotando en grupos de 1.300..

Según se indicó oficialmente, las FF.AA. operarán en zonas rurales del norte y noreste del país, alejadas de los centros urbanos y fuera de los pasos fronterizos internacionales oficiales. Las acciones se coordinan con el Ministerio de Seguridad Nacional, que conduce Patricia Bullrich.

Esta avanzada de Petri va en línea con la estrategia que ya se había comenzado a desarrollar el año pasado para modificar la ley de Seguridad Interior, que limita el accionar de los militares fronteras adentro, fruto del consenso democrático post-dictadura (la ley 24.059 se sancionó en 1991). El oficialismo impulsó sus cambios en la Cámara de Diputados, de hecho Petri fue a dar una exposición al respecto, pero nunca consiguió el aval siquiera de sus aliados para lograr aunque sea tener dictamen de comisión. Sin acuerdo parlamentario, el Gobierno avanzó de facto.

“La medida no es controversial, es ILEGAL”, planteó Agustín Rossi, exjefe de Gabinete y exministro de Defensa. “Ahora sabemos porque Petri mantenía en secreto las Reglas de Empeñamiento: van en sentido contrario a lo que prescriben las leyes de defensa y de seguridad interior. El personal militar que acate estas órdenes está absolutamente desprotegido legalmente, lo obligan a hacer tareas que corresponden a las fuerzas de seguridad y que están taxativamente prohibidas por las leyes vigentes”, advirtió el dirigente peronista. 

Hubo detalles de la orden hacia los militares que trascendieron, como que el objetivo de esta medida es “restringir el uso de la fuerza a acciones que el personal militar deba desarrollar circunscribiéndolo a su defensa y a la de terceros en caso de agresiones inminentes que pongan en riesgo la vida, la integridad física o del cumplimiento del deber”, según reza la resolución.

  Por otra parte, no está permitido “el uso de armas en contra de vehículos o personas sospechosas que huyan o traten de huir de un puesto de control, acceso a instalaciones, recintos, destacamento, aun existiendo sospechas fundadas de un acto ilícito”, plantea la medida.