El explosivo casero no llegó a detonar y el periodista alcanzó a extinguir el incipiente incendio, evitando así que el incidente ponga en peligro su propiedad y la vida de su familia. El damnificado aseguró que la policía se hizo presente en su casa 40 minutos después de haber efectuado la denuncia. Ello pese a que el comando radioeléctrico se encuentra ubicado a dos cuadras de su casa. Claro que como carecen de teléfono propio, no pudieron responder antes.

Como es perfectamente lógico en la cabeza del Ministro de Gobierno Jorge Franco, un comando que tenga un teléfono propio para atender las denuncias, no necesariamente garantice la seguridad de la población. Sobre todo cuando se trata de periodistas “mala onda”, que denuncian los negocios turbios que llevan adelante representantes del oficialismo en las diferentes ciudades.

Franco condenó enérgicamente este atentado, que según su víctima, estaría vinculado a las denuncias que ha realizado desde su mensuario. Y lo hizo desde su cuenta de Twitter, dando por sentado que investigará a fondo el caso, como ya lo hizo con Alejandro Barrionuevo, con Valentina Lovell, con Vitalino Acosta, con María Rosa Machorrisnky, con Héctor Carvallo, y todos los demás casos que continúan sin resolver. Barrionuevo fue salvajemente golpeado por desconocidos en pleno centro de Posadas, el 8 de noviembre del 2011.

Lovell fue agredida en El Soberbio, en diciembre del 2011, tras colaborar con el informe de América Noticias sobre las malformaciones producto del uso de agrotóxicos en la zona tabacalera. Vitalino Acosta, el titular de la FM Sapucay (Alba Posse) perdió su radio que fue incendiada por desconocidos que no estaban de acuerdo con su oposición a la construcción de represas en Misiones. Machorrinsky sufrió de hostigamiento en San Javier por denunciar negociados de su intendente en marzo del año pasado. Por su parte, Héctor Carvallo, “Carvallito”, el ex-intendente de San Vicente fue asesinado en octubre del 2010, cuando se dirigía a su trabajo de la FM Eco. Todas muestras de la importancia de la libertad de expresión para el ministro Franco y el gobernador Maurice Closs.

El Estado Ordenador de la Renovación pregonado por el gobernador en su discurso de asunción, vuelve a hacerse presente, garantizando el derecho de las personas vinculadas al partido gobernante, a amedrentar a quienes denuncian sus negociados. “La libertad de expresión también es para los que se defienden de las acusaciones a partir de la agresión vil, anónima y ligeramente reñida con la ley”, parecen decir desde el gobierno renovador, con su “denodada” lucha por esclarecer las agresiones a periodistas.

En la mañana de hoy, la sociedad misionera se desayunó con un nuevo atentado contra periodistas que no reciben pauta publicitaria oficial. Un hecho que es tan repudiable como frecuente, porque el Estado Ordenador está presente en la Política y en este sentido, garantiza la libertad de expresión. Aunque no siempre defiende a quienes denuncian a funcionarios municipales y provinciales ligados al gobierno. Si ud. no cree esto, puede preguntarle a Barrionuevo, o Vitalino Acosta o a la citada Lovell. O bien a quienes los/las agredieron, si es que la justicia provincial hubiera podido determinar sus identidades.

La muestra más clara de la enorme preocupación de este gobierno por la libertad de expresión, fue su apoyo tácito y explícito al concejal inadaptado Jorge Peña, quien golpeó salvajemente al empresario de medios Daniel Luna y a dos periodistas –Luis Rivero y Gustavo Barros- que trabajan con él, durante una sesión del HCD de Candelaria. En lugar de expulsarlo del partido o cuando menos, invitarlo a que renuncie a su cargo como edil y titular del Concejo, los popes del partido gobernante hicieron “silenzio stampa”, en una clara muestra de su interés porque Peña pueda seguir expresándose como le dé la gana. Especialmente cuando algún irrespetuoso le lee algún párrafo de la constitución provincial en el que se enfatiza que cualquier persona tiene derecho a presenciar una sesión del Concejo, que es una actividad pública.

Si Peña se siente ofendido cuando le recuerdan que existen normas constitucionales que garantizan la libertad de expresión y el derecho a la información pública, debe poder “expresar” su disconformidad. Quizás su escasa formación le impida expresarse con argumentos, pero ello no debe hacer olvidar que para el partido gobernante, lo fundamental es el respeto a las opiniones disidentes… de los miembros de su partido.

El ministro Franco mostró su indignación ante el atentado que sufriera el periodista irigoyense, quien además fue constitucionalista por la Unión Cívica Radical. “Repudiamos fuertemente lo sucedido a Silvio Novelino en Irigoyen. Sea cualquiera la causa, la violencia no conduce a nada… sólo a reacción”, escribió el preocupado y profundo ministro, dejando en claro que intervendrá en el caso con la máxima fuerza que le permita su cuenta de Twitter. Y que se asegurará de que el Comando Radioeléctrico de esa ciudad, responda a los requerimientos antes que se cumpla la hora (o dos) de efectuadas las futuras denuncias. Todo sea por respetar el derecho a la libre expresión, pero no sólo la de los periodistas que son salvajemente agredidos, sino también la de los ofendidos agresores.

Para el “brillante” ministro Franco hay que ser muy serios en este asunto. Si un periodista que no recibe pauta publicitaria oficial, formula denuncias que pueden incomodar a algún funcionario o allegado del mismo, y lo ofende en su honor, éste debe tener el derecho a réplica que le sea posible brindar. “Si no son argumentos, que el descargo se concrete de cualquier otra forma”, parecen decir los funcionarios policiales y del ministerio de gobierno. Quizás por eso continúan impunes y en el anonimato la totalidad de los agresores contra la prensa no oficialista de Misiones. Todos excepto el citado Peña, que se ha convertido en el monumento a la “libertad de agresión” contra periodistas incómodos, aquellos quienes como dice Closs, no tienen “buena onda”.