La obra ya comenzó, tiene un presupuesto de casi tres millones de pesos y fue adjudicada a una empresa casi desconocida en los ámbitos empresariales formoseños, lo que despertó aún más el recelo entre las empresas que mayor afinidad con el gobierno provincial tienen. “Como el monto es menor a los $3 millones, la licitación es directa. Por eso no nos convocaron”, explicó a El Comercial un empresario local que tiene varias obras públicas en el interior.

La construcción del novedoso edificio se levanta sobre la colectora de la Avenida Juan Domingo Perón, metros antes del Hipermercado y donde ya apareció el cartel de obra que ilustra la presente nota, con la correspondiente confirmación que es el gobierno quien destinó dinero público para financiar el lugar de reunión de los sindicalistas que tienen buen vínculo con el gobernador Insfrán.

De esta manera, una vez concluida la construcción, la CGT de Martínez tendrá su local pagado con el dinero que el Estado provincial debería destinar a obras públicas no sectoriales como ya lo hizo con el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Formosa.

El antecedente

inmediato

A los jueces ya les construyó el edificio sobre la 9 de Julio, ahora es el turno de los central sindical inactiva de Formosa. “Incluso hasta la iglesia tuvo el aporte del Estado con la remodelación de la catedral, por lo que ahora resta que nos hagan la nueva sede del radicalismo construida también con la plata de los formoseños”, esbozó irónicamente un legislador radical.

En esa oportunidad, el gobierno provincial le otorgó $1.038.335 al Colegio de Magistrados y Funcionarios para que sus miembros tengan una nueva sede social.

En su origen, la decisión del Poder Ejecutivo levantó polvareda por las suspicacias que generó el hecho que un poder del Estado le “donara” esa suma, cuando el destinatario del millonario monto tiene en su mano varios juicios en los cuales tiene que emitir sentencia sobre su benefactor.

En ese punto, quien puso su voz de alerta de la situación fue el obispo de Formosa, José Vicente Conejero Gallego, quien como medida de reclamo recusó a “todos y cada uno de los magistrados y funcionarios asociados al Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Formosa beneficiarios de la obra”.

También por esta misma cuestión, dos ministros del Superior Tribunal de Justicia, el Dr. Ariel Gustavo Coll y la Dra. Arminda Collman (recientemente fallecida), decidieron desafiliarse de la entidad. El Dr. Coll explicó que se desafilió “expresa e indeclinablemente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia, en el año 1985 aclarando entre otras cosas que lo hizo por un impedimento ético y funcional para la participación en entidades de esa naturaleza”.