Menos de 48 horas después de la cadena nacional del presidente Alberto Fernandez, el ministro de Justicia Martín Soria presentó hoy una denuncia penal en la Fiscalía Federal de Bariloche contra los jueces, fiscales, funcionarios y empresarios de medios que compartieron un viaje a Lago Escondido. A los seis funcionarios involucrados se los acusa de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas (coima). En cambio, a los otros cuatro se le imputa el delito de ofrecimiento de dádivas por el vuelo privado y el alojamiento en la estancia del magnate británico Joe Lewis.

Los detalles del viaje al Sur del país habían sido revelados semanas atrás por el diario Página 12. Este fin de semana, el tema cobró mayor difusión a partir de la filtración de supuestos chats de la aplicación Telegram entre los involucrados para coordinar una versión pública sobre los motivos del viaje.

El origen de la filtración es atribuida a un hackeo que sufrió el 19 de octubre el ministro de Seguridad Porteño, Marcelo D’Alessandro, aunque también fue hackeado otro de los pasajeros del vuelo: el juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola. Ambos hicieron denuncias penales.

En declaraciones a Radios Con Vos, D’Alessandro sostuvo que “el grupo de Telegram” no existió y habló de un “montaje”, con audios “editados y ensamblados”.

En los supuestos mensajes, los involucrados hablan -entre otras cosas- de falsificar facturas para justificar su presencia en la provincia de Río Negro. También aluden a una presunta “buena predisposición” de la fiscal federal de Bariloche Cándida Etchepare para “cerrar” la primera causa judicial que se abrió por el episodio.

Ese expediente comenzó el 24 de octubre a raíz de una denuncia del abogado Marcelo Eduardo Hertzriken Velasco. Lejos de cerrar la causa, la fiscal impulsó ayer la investigación e imputó a las diez personas involucradas. En el requerimiento, al que tuvo acceso Infobae, la fiscal reconstruyó cómo fueron los hechos desde la llegada a Bariloche hasta su regreso a Buenos Aires.

El Gobierno avanzó hoy con una nueva denuncia en la misma Fiscalía de Bariloche. A los seis funcionarios involucrados (judiciales y políticos) se los acusa de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas (coima). Ellos son el juez federal Julián Ercolini; el camarista de Casación Carlos Mahiques; el juez en lo contencioso administrativo federal Pablo Cayssials; el jefe de los fiscales de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques; el ministro de Seguridad Porteño, Marcelo D’Alessandro; y el juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola.

A las otros cuatro personas denunciadas se los acusa por un supuesto ofrecimiento de dádivas: los directivos del Grupo Clarín Jorge Rendo y Pablo Casey; el asesor de comunicación Tomás Reinke; y el ex director de jurídicos de la SIDE, Leonardo Bergroth.

El escrito plantea que “en caso de corroborarse que el traslado, alojamiento y/u otras actividades de los funcionarios públicos descriptos, entre ellos magistrados de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, no fue solventado por ellos mismos, sino por privados, estaríamos ante la existencia de una entrega y aceptación de dádivas, dando lugar a la comisión de diversos delitos que el Ministerio Público Fiscal tiene, además, el deber internacional de investigar y sancionar, en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”.

La denuncia del Gobierno pide varias medidas de prueba como la entrega de los celulares de todos los implicados y el secuestro de los mismos. Asimismo, el escrito presentado por el ministro de Justicia incluye un pedido para aceptar al Estado Nacional como querellante.