Aníbal Fernández calificó de "oportunistas" a los candidatos presidenciales que se sumarán al reclamo y defendió el derecho a manifestarse de los funcionarios judiciales; la DAIA irá a la movilización
Después de una primera reacción en contra de la manifestación que convocó un grupo de fiscales para reclamar por la muerte de Alberto Nisman, el Gobierno redireccionó las críticas, dejó de cuestionar la convocatoria y se concentró en el rol de los políticos que ya anunciaron que acompañarán el reclamo.
La voz cantante la llevó el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, que llamó "oportunistas" a los candidatos presidenciales que se plegaron al reclamo y apuntó específicamente contra Sergio Massa y Mauricio Macri.
El Gobierno cambió radicalmente la estrategia respecto de la marcha. Dejó de criticar a los fiscales que la convocaron y se concentró en intentar bajarle el precio aferrado a la anunciada presencia opositora que tendrá el reclamo.
"Los fiscales tienen todo el derecho de manifestarse, porque la libertad que tenemos la conquistamos entre todos", celebró el funcionario. El viernes pasado, apenas se conoció la iniciativa, la Casa Rosada había atacado a los convocantes, pero temeroso de que las críticas provocaran el efecto contrario al que buscaban Aníbal Fernández redireccionó las quejas para restarle peso ciudadano a la marcha.
"Son unos enormes oportunistas que quieren utilizar la marcha por Nisman en beneficio propio", agregó, en referencia a Macri y Massa. Para no perder la costumbre, también se quejó de Elisa Carrió, repitió que estaba "sucia" y la acusó de tener un vínculo con Antonio Jaime Stiuso, el ex jefe de la Dirección de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia que deberá declarar como testigo en la investigación que lleva adelante la fiscal Viviana Fein.
Fernández puntualizó en el fiscal Carlos Stornelli su malestar, pero dejó fuera de sus críticas al resto de los organizadores de la marcha, que saldrá el próximo 18 desde el Congreso y llegará hasta la puerta de la fiscalía especial que comandaba Nisman, frente a la Plaza de Mayo. El secretario general se quejó por la frase en la que Stornelli dijo que podría haber otros fiscales muertos. "La causa está en un juzgado de instrucción. Si está en ese lugar es porque no ha sido un homicidio", le recordó, y lo acusó de estar "interfiriendo lisa y llanamente con lo que está haciendo la fiscal Fein", a pesar de que él mismo había cuestionado a la funcionaria judicial por haber pretendido irse de vacaciones.
Con el cambio de postura del Gobierno que escenificó Aníbal Fernández, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, evitó pronunciarse. Durante su conferencia de la mañana pidió a los medios remitirse a las palabras de su colega de gabinete, que minutos antes había trazado la nueva estrategia.
Nada es casual. Con sus críticas a la presencia opositora, la Casa Rosada intenta vincular el reclamo con los candidatos presidenciales para bajarle el precio a la protesta.
Durante el fin de semana, tanto Massa como Macri anunciaron que asistirán a la manifestación a título personal. Ya lo habían hecho Carrió, Hermes Binner, Julio Cobos, Ernesto Sanz y la mayoría de los actuales postulantes, a excepción de Daniel Scioli.
Ayer, además, se sumaron a la marcha del silencio los líderes de las centrales obreras opositoras Hugo Moyano y Luis Barrionuevo.
COMUNIDAD JUDÍA
En tanto, el presidente de la DAIA, Julio Schlosser, confirmó ayer que esa organización participará de la marcha organizada por fiscales para el próximo 18 de febrero. Aclaró que lo hará "en tanto y en cuanto la consigna sea el silencio".
A su vez, los presidentes agrupados en la Federación de Comunidades Judías de la República Argentina expresaron su profundo dolor por el fallecimiento de Nisman, aunque hasta el momento no confirmaron si estarán en la marcha convocada por los fiscales.
Con el cambio de estrategia del Gobierno, quienes quedaron al frente de las críticas al grupo de fiscales que convocaron a la marcha fueron los integrantes de Justicia Legítima. Su presidenta, la camarista María Laura Garrigós de Rébori, calificó como una "bravuconada" la manifestación, mientras que Mario Kestelboim consideró que estaba dirigida a provocar "la desestabilización del Gobierno".
A las críticas se sumó también la fiscal nacional en lo Criminal Cristina Caamaño, ex funcionaria del Ministerio de Seguridad, que anticipó que no irá a la movilización porque -apuntó- "entre los que llaman a la marcha" hay alguna gente a la que le tiene "miedo".
VOCES A FAVOR Y EN CONTRA DE LA MOVILIZACIÓN
Sergio Massa
Diputado Frente Renovador
"Esperemos que la marcha de silencio del 18 de febrero sea la expresión de los ciudadanos y la Justicia defendiendo su independencia"
Julio Schlosser
Presidente de la DAIA
"Adherimos a una convocatoria muy clara: en silencio, sin consignas partidarias, por la memoria, la verdad y la justicia"
Edgardo Depetri
Diputado FPV
"Hay grupos de poder que quieren sabotear al Gobierno y frenar las acciones transformadoras que se han logrado"
ADHESIÓN DE ABOGADOS
La Sociedad de Abogados Penalistas de Buenos Aires adhirió a la marcha convocada por los fiscales con "la convicción que es la única forma que tenemos los habitantes de advertirles a las autoridades nacionales que tomen conciencia de la gravedad institucional y jurídica por la que atravesamos", dijeron en un comunicado. A la vez pidieron al Gobierno que "deponga su actitud mezquina y convoque a un amplio consenso" político..
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