El Gobierno evaluó como "muy positivo" que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tome cartas en el caso de la detención de Milagro Sala y planteó que ante la visita de la Asamblea de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la Argentina "es de esperar que haya una inmediata definición del máximo tribunal" sobre la situación de la militante kirchnerista de la Tupac Amaru.

Ayer quedó claro que para la Casa Rosada el hecho de que el tema de la detención de Sala ahora lo tenga la Corte es una suerte de alivio momentáneo, ya que el Poder Ejecutivo no tendrá que dar explicaciones sobre el caso ante los organismos internacionales. Pero también se vislumbró en las declaraciones de los funcionarios cierta inquietud por el escenario que se podría dar si no hubiera resolución alguna de la Corte para el 22 de mayo próximo, que es cuando sesionará en Buenos Aires la Asamblea de la CIDH en su conjunto.

La canciller Susana Malcorra consideró un hecho "muy positivo" que la Corte se expida sobre la detención de la dirigente jujeña "porque -dijo- vuelve a demostrar que la Justicia es la que tiene que resolver este tema". No se trata esto de un asunto menor, dado que en cada pronunciamiento de organismos internacionales sobre la situación de Sala fue la Cancillería la que debió actuar como resorte de la justicia de Jujuy.

Así, la canciller hizo referencia a una decisión tomada por el máximo tribunal jujeño, que habilitó un recurso extraordinario presentado el 20 de diciembre pasado por la defensa de la líder social para evaluar la prisión preventiva y la inmunidad de fueros de Sala por ser diputada del Parlasur.

Malcorra afirmó que el caso "ha generado muchísimas repercusiones, sobre todo por cuestionamientos a la prisión preventiva", y en ese marco consideró un hecho "muy positivo" que ahora deba expedirse la Corte. Antes, Malcorra había reconocido que la detención de la líder de la agrupación Tupac Amaru "daña" la imagen internacional de la Argentina. "El caso muestra que hay un impacto. Negar eso es negar la realidad", dijo la ministra de Relaciones Exteriores.

Pero ayer no sólo Malcorra envió un mensaje hacia la Corte. También el embajador encargado del área de Derechos Humanos de la Cancillería, Leandro Despouy, expresó que "ante la visita de la Asamblea de la CIDH a la Argentina es de esperar que haya una inmediata definición de la Corte sobre el caso Sala".

En diálogo con LA NACION, Despouy dijo que "la Corte ahora está en el centro de atención de la opinión pública como máximo organismo para definir la controversia suscitada alrededor de la detención de Sala". En este sentido, el embajador Despouy remarcó: "Cualquier definición que tome la Corte sobre este caso deberá ser acatada de inmediato a nivel nacional, porque así lo marca la Constitución nacional".

No obstante, el ex titular de la Auditoría General remarcó la necesidad de que la Corte se expida antes de la visita de la Asamblea de la CIDH. En el Gobierno temen que, ante una indefinición de la Corte, el plenario de la Asamblea de la CIDH que estará en mayo en Buenos Aires sea usado por algunos organismos de derechos humanos para presionar a la Comisión Interamericana a dar una respuesta ante el tema en un ámbito en el que no correspondería hacerlo.

De hecho, la CIDH debe definir aún una medida cautelar sobre la situación de Sala presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y por la oficina argentina de Amnistía Internacional. Pero, con el nuevo escenario del caso en manos de la Corte Suprema, no se prevé que la CIDH vaya a tomar una resolución inmediata sobre la cautelar y esperará una definición de la Corte. Sobre el caso ya se expidió el Grupo de Detención Arbitraria de las personas, que depende de la ONU y exigió la "inmediata" liberación de Sala por considerarla "arbitraria".

La dirigente kirchnerista está detenida desde el 16 de enero del año pasado por el delito de sedición en una protesta pública y luego se le amplió la prisión preventiva por las denuncias de corrupción que pesan en su contra, ante el manejo discrecional de fondos públicos durante el gobierno de Cristina Kirchner. El Superior Tribunal de Justicia de Jujuy declaró la inconstitucionalidad de los fueros de inmunidad para Milagro Sala como diputada del Parlasur. Luego confirmó su prisión preventiva. Aunque las apelaciones no habían incorporado elementos de la resolución de las Naciones Unidas porque fueron previas, la decisión del alto tribunal fue la primera respuesta de la justicia jujeña a los reclamos internacionales por la libertad de Sala.

Mensajes de la cancillería al máximo tribunal

Suasana Malcorra - Canciller

"Es muy positivo que la Corte se expida sobre el tema, porque demuestra que es la Justicia la que define"

Leandro Despouy - Embajador en Derechos Humanos

"Es de esperar que haya una inmediata definición de la Corte Suprema previa a la visita de la CIDH"