Candela Ini

Sin la presencia formal de Cristina Kirchner en el Senado y con una agenda cooptada por las internas políticas, el kirchnerismo guarda un silencio estratégico en torno a la postulación del juez federal Ariel Lijo para formar parte de la Corte Suprema de Justicia, máximo tribunal del país. Mientras tanto, en el Gobierno dicen que los votos para que el Senado le dé su aval van a estar y le adjudican al propio juez las gestiones -según ellos, exitosas- para conseguirlos.

No se conocieron del kirchnerismo impugnaciones ni expresiones en contra del juez, un histórico armador y jugador de los tribunales federales de Comodoro Py. Ni con argumentos sobre si es o no idóneo para el cargo, ni por el hecho de que haya sido propuesto un hombre para reemplazar la vacante que ocupaba la única mujer en la Corte, Elena Highton de Nolasco. Por el contrario, algunas señales parecen mostrar buena predisposición, aunque el silencio es, por ahora, la postura oficial de Unión por la Patria, cuyos votos en el Senado son determinantes para que el Gobierno logre la aprobación del pliego.

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En las filas kirchneristas patean la pelota hacia adelante. “Por ahora es un problema del Poder Ejecutivo”, dijo una senadora con trayectoria en la Cámara alta consultada por LA NACION, y evitó dar su opinión sobre el candidato. “El tema ni siquiera se habla en las reuniones de bloque”, buscó resaltar.

En el Poder Ejecutivo dicen que Lijo ya tiene los votos. Pero esa afirmación no se basa en las gestiones con los senadores de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien puso de manifiesto su rechazo al candidato impulsado por la Casa Rosada, sino por el hecho de que, según señalan funcionarios del Gobierno, “Ariel se busca sus propios votos”. Según supo LA NACION, el juez federal recorrió algunas provincias del país en las últimas semanas con el objetivo de forjar vínculos con gobernadores y así cosechar los votos de sus senadores afines en la Cámara Alta.

El ministro de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti junto al juez federal Ariel Lijo en una visita a la ciudad de Rosario

En las filas de Unión por la Patria y sus bloques cercanos hay un silencio absoluto. “La única postura y la única acción es el silencio. Hasta ahora no ha habido ningún tipo de pronunciamiento en virtud de que todavía no ha ingresado al pliego a donde se va a discutir, que es el Senado, el lugar donde se discute eso y donde se va a poder hablar”, dijo un alfil de Cristina Kirchner a LA NACION.

Las conversaciones se dan subrepticiamente, por ahora, entre Cristina Kirchner y sus delegados abocados a los temas judiciales. El senador Eduardo “Wado” de Pedro; el ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, y el exconsejero de la Magistratura Gerónimo Ustarroz son algunos de los interlocutores que tuvo en los últimos años Cristina con la justicia federal y con quienes Lijo, de manera más o menos directa, sabe que tiene que dialogar. Según informó Joaquín Morales Solá, ya hubo diálogos.

Cuando se conoció la postulación de Lijo, un hombre que supo ser interlocutor de Cristina Kirchner en la justicia federal tuvo, como una suerte de acto reflejo, una buena impresión. “Podemos decir que no es de los jueces que llevaron adelante la persecución que sufrió Cristina”, dijo ante la consulta de LA NACION.

No hay avales públicos pero tampoco hay, a priori, señales de resistencia. De hecho, el exdiputado kirchnerista y actual consejero de la magistratura -en representación de los abogados- Héctor Recalde sorteó la semana pasada varios expedientes que ingresaron, pero postergó el sorteo de instructores para avanzar en la denuncia contra Lijo. “No es oportuno en este momento por un principio de primacía de la realidad, cuando el juez Lijo es candidato a la Corte Suprema es muy difícil tratar estos temas y ser objetivo”, dijo Recalde durante la sesión de la Comisión de Disciplina, que él preside. El senador Luis Juez, que también tiene una silla en el Consejo de la Magistratura, le reclamó varias veces por la falta de avance de la instrucción de la causa contra Lijo por mal desempeño promovida por el diputado Juan Manuel López, una denuncia que ya tiene más de un año.