No solo con asados, obras y alianzas electorales paga el gobierno libertario la lealtad opositora, sino también con la agenda. Y la reforma electoral que el oficialismo pretende aprobar la primera semana de octubre en Diputados es eso: agenda para los aliados que pusieron el voto para blindar el veto al aumento de las jubilaciones y reclaman, ahora, algún triunfo propio con el que mostrar la cara en sus distritos. El objetivo de La Libertad Avanza es convocar, antes de que comience el debate por el Presupuesto 2025, una sesión que incluya la aprobación del proyecto de Ficha Limpia y la sanción de la Boleta Única de Papel. Dos banderas del PRO que, de sancionarse, modificarán de lleno el mapa electoral de 2025. Podrían, incluso, impedir la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner.

El caso más paradigmático es el de Ficha Limpia, una iniciativa patrocinada por Silvia Lospennato desde los tiempos de gobierno de Mauricio Macri. La iniciativa, que obtuvo dictamen el miércoles, propone prohibir las candidaturas de quienes tengan condenas en segunda instancia por delitos de corrupción. Esto es: tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, entre otras. Hace más de cinco años que el PRO, junto a varios de los partidos que solían integrar Juntos por el Cambio, vienen impulsando la iniciativa, chocando sistemáticamente con el rechazo de un peronismo que denuncia que la ley solo tiene un objetivo: proscribir la candidatura de la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. 

Si bien el dictamen de mayoría impulsado por Lospennato sostiene la necesidad del "doble conforme" - es decir, que la condena sea confirmada por un segundo tribunal -, nadie duda que la ley tiene nombre y apellido. CFK fue condenada en primera instancia en 2022 en el marco de la causa Vialidad - condena que, incluso, la inhabilita a ejercer cargos públicos - y aguarda la posibilidad de una confirmación de Casación Penal. De sancionarse la ley - y de ratificarse la condena -, la expresidenta quedaría afuera de la competencia electoral aun teniendo instancias de apelación superiores (como la Corte Suprema). 

El proyecto de Ficha Limpia formaba parte del pliego de demandas que el PRO le elevó al gobierno nacional post sanción de la Ley Bases. La Libertad Avanza estaba en deuda con los aliados que, primero, habían garantizado la sanción de la ley ómnibus más importante del gobierno y, después, habían ayudado a blindar - aún a costa de pagar un precio político personal - el veto al aumento de los jubilados. Y la Ficha Limpia era una buena manera de pagarlo. En un solo movimiento, el oficialismo se congració con el PRO, los radicalismos, la Coalición Cívica y una parte de Encuentro Federal y, a la vez, logra unificar a toda la oposición dialoguista contra Unión por la Patria. "Todos los del lado del bien contra el kirchnerismo", ironizan en las filas libertarias, donde vienen sufriendo los embates de las mayorías que el peronismo logró juntar con un sector del radicalismo, el pichettismo de Encuentro Federal, la Coalición Cívica y la izquierda.

Una Boleta Única de Papel para 2025

La otra pata de la reforma electoral que el oficialismo busca aprobar antes de que finalice el año es la Boleta Única de Papel. Aprobada en Diputados en 2022 y modificada por el Senado hace una semana, volvió a la Cámara baja para definir la versión final de la ley que eliminará, para siempre, la boleta partidaria en las elecciones nacionales. La iniciativa había sido impulsada por el ex JxC, junto a los aliados "federales" - como Graciela Camaño y "Topo" Rodríguez -, durante el anteúltimo año de gobierno de Alberto Fernández y su aprobación, entonces, fue celebrada como la inauguración de una nueva mayoría opositora. Dos años más tarde, esa misma mayoría opositora - hoy aliada, en su gran mayoría, con Javier Milei - quiere convertirla en ley. 

"Va a ser la reforma electoral más importante después de la creación de las PASO", afirman, sacando pecho, en LLA, donde la sanción de la BUP, nuevamente, juega un rol importante para acercarse a los opositores no peronistas para polarizar "con el kirchnerismo". El objetivo es convertir la Boleta Única Papel en ley en la próxima sesión, pero, antes, tendrá que sentarse a negociar con el radicalismo y el PRO. Referentas de ambos bloques ya advirtieron que insistirán en la media sanción de Diputados, o al menos en algunos puntos. 

La media sanción del Senado reemplazó el sistema cordobés -donde la oferta electoral está organizada verticalmente en la misma boleta- por el mendocino, donde la oferta está desplegada horizontalmente. También eliminó, a pedido de las fuerzas provinciales de Río Negro y Misiones, el casillero que habilitaba votar lista completa. Este último punto es uno de los focos de debate, ya que tanto en el PRO como en el radicalismo están enfocados en recuperar el casillero en la versión definitiva. El oficialismo quiere aprobar la ley, no le importa qué versión, por lo que está dispuesto a negociar los cambios que hagan falta. Será, sin embargo, una negociación delicada, ya que aceptar eliminar el casillero podría despertar la furia de los partidos provinciales del Senado, cuyo voto resulta clave para el gobierno. 

"Hay que conversar algunas cosas, pero sale por un tubo", coincide una espada libertaria que advierte que la semana que viene comenzarán las negociaciones. Primero el lunes, con charlas informales y, si todo sale bien, Nicolás Mayoraz (LLA) convocará después a un plenario de comisiones para dictaminar el proyecto .