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JAVIER SLUCKI

El gobierno de Javier Milei anunció este domingo, a través de la Secretaría de Transporte, la desregulación de los micros de media y larga distancia, con el objetivo de desburocratizar el sector y generar "más competencia y oferta". Sin embargo, las cámaras del sector ya salieron a manifestar su resquemor con las condiciones de competitividad y las posibles consecuencias para los servicios de distancias medias, sobre todo en el AMBA.

"El Gobierno Nacional publicará mañana en el Boletín Oficial el decreto que desregula el Transporte Automotor de larga y media distancia generando beneficios para todos los actores del sector", adelantó en un comunicado la oficina conducida por Franco Mogetta, que impulsa la nueva normativa junto con el Ministerio de Desregulación dirigido por Federico Sturzenegger.

La intención oficial es implementar los cambios en un plazo de 60 días, generando impacto en precios en un sector que, hoy en día, frecuentemente no resulta más barato que el transporte aéreo.

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La medida implica, principalmente, la creación de un Registro Nacional del Transporte de pasajeros, que busca generar un "ahorro de tiempo en la gestión de trámites burocráticos y una mayor transparencia". En él tendrán que estar informados todos los servicios que se presten al público.

El Gobierno indicó que las empresas y transportistas que ya estaban registradas no tendrán que hacerlo nuevamente, pero que sí deberán registrarse las nuevas que, una vez inscriptas, obtendrán de manera automática la habilitación para operar tras cinco días aplicando así la metdología de "silencio positivo" aprobada en la Ley Bases.

De esta forma, la Secretaría de Transporte permitirá "el libre establecimiento de recorridos, horarios, precios y duración de los servicios por parte de los transportistas". El objetivo es "la liberalización, modernización y desregulación del transporte automotor de pasajeros y su adaptación a la dinámica de transporte actual", señaló el comunicado oficial.

Transporte, que depende del Ministerio de Economía que dirige Luis Caputo, aclaró que "se mantienen las exigencias en materia de seguridad ya establecidas en la normativa vigente", y que seguirá siendo necesario "informar la capacidad de transporte, detallando cantidad y tipo de vehículo, cantidad de asientos, seguros contratados, la nómina de conductores a asignar y la información relativa a las licencias de conducir de los mismos, la periodicidad de los servicios declarados, el origen, las paradas intermedias y el destino del viaje".

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Aunque busca facilitar las condiciones para las empresas, las propias cámaras transportistas manifestaron sus resquemores por esta nueva medida oficial, pese a que ya les había sido anticipada por las autoridades.

AAETA, que nuclea a empresas del AMBA, pidió este domingo en un comunicado que "cualquier apertura en el mercado" sea "gradual para evitar saturaciones que podrían poner en riesgo la viabilidad de los transportistas actuales", y recordó que pidió una audiencia con Sturzenegger para charlar este tema a mediados de agosto, todavía sin respuesta.

En esa línea, la cámara que dirige Luciano Fusaro consideró que la desregulación debería contener elementos como exenciones en el impuesto a los ingresos brutos, la limitación de costos en terminales de ómnibus, la "eliminación de burocracia excesiva", una "actualización de normativas", exención de patentes para vehículos de pasajeros, eliminación de recargos en peajes y un "sistema para minimizar o compensar gratuidades" evitando que recaigan mayormente sobre las empresas.

Asimismo, fuentes del sector advirtieron a El Destape que la apertura hacia una mayor competencia mediante las mayores facilidades de inscripción debe darse "en igualdad de condiciones", y que el riesgo está en que "todos quieran adherir a las rutas y horarios más rentables y descuiden los horarios y rutas menos rentables".

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En la misma línea, las fuentes señalaron que temen que este nuevo marco normativo abra el juego a la competencia desleal con empresas de países limítrofes, sobre todo en los servicios de larga distancia.

El otro punto que genera dudas entre las empresas es la posibilidad de que esta nueva desregulación implique una quita de subsidios a los servicios de media distancia sin una autorización al aumento del boleto que la compense, alertaron desde una cámara transportista del AMBA. Hoy, los micros de media distancia tienen un subsidio del 70% en el Área Metropolitana.

Las cámaras aclaran que se trata de una cuestión diferente y paralela a la de los colectivos urbanos de corta distancia. Pero, más allá de eso, estos resquemores del sector vienen a generar más ruido en el marco del conflicto no resuelto entre las empresas, la UTA y el propio Gobierno por las paritarias del último trimestre.

Hace dos semanas, el gremio de choferes amenazó con realizar un paro de 48 horas en el AMBA si no se les otorgaba un salario básico de 1,3 millones de pesos para diciembre. Las empresas señalaron la imposibilidad de otorgar el aumento pedido por la UTA si no se les reconocía una suba mayor en los subsidios o, idealmente, un aumento del precio del boleto. Hasta ahora el Gobierno se rehusó a otorgar cualquiera de ellas y el asunto solo quedó temporalmente desactivado mediante un llamado a conciliación obligatoria, que seguirá vigente esta semana.

Con todo, las cámaras aclaran que esperarán a ver la letra chica del decreto que se publicará este lunes en el Boletín Oficial.