No habrá planta de reciclaje en Ceuta a corto plazo y el nuevo contrato para la gestión de residuos -que incluye el uso de la Planta de Transferencia y el traslado de la basura a la Península- no será de solo cuatro o cinco años como se planteaba inicialmente, sino que se irá a "entre ocho y diez". Así lo reconoció este viernes el consejero de Fomento, Alejandro Ramírez, durante la sesión plenaria a preguntas del PSOE, que considera necesario cambiar el modelo y tratar los restos en la propia ciudad, tanto por cuestiones medioambientales como económicas.

Para Sebastián Guerrero, portavoz del grupo socialista, el de los residuos es un asunto que "debería ser prioritario" y debe abordarse desde un enfoque ecologista. Entiende que el modelo actual deja a Ceuta desfasada respecto al resto del territorio nacional, máxime con los numerosos problemas y el importante gasto que está generando el sistema de llevar los restos a la Península. Careciendo de buque para hacer esta labor en ocasiones reiteradas, dado que ni la empresa adjudicataria, Urbaser, ni su naviera subcontratada, Peregar, cuentan con barco en propiedad.

Esto ha venido provocando lapsos de tiempo en los que no se producen traslados, acumulándose materiales peligrosos en la localidad, llegando al borde de la emergencia sanitaria, según reconoció el propio Alejandro Ramírez. Además, en los últimos tiempos el alquiler de navíos para hacer la ruta se ha encarecido mucho y la demanda es grande, por lo que el trasiego de diferentes barcos es constante y a precios muy elevados.

Frente a la pregunta de Guerrero, que pretendía conocer si la Ciudad tiene pensado montar una planta de reciclaje que acabe con el problema -y de paso genere empleo-, el consejero de Fomento se mostró tajante. "No hay planes a corto plazo", afirmó, remitiéndose al plan de residuos que no contempla esa opción y contra cuya aprobación el resto de formaciones políticas no plantearon alegaciones: "Podían haber hecho sus aportaciones o planteado sus soluciones".

Para Ramírez, Ceuta no cuenta con espacio físico para la implantación de una planta de reciclaje pública, por lo que de darse, la iniciativa tendría ser privada. Esta tesis la sustenta también en el elevado coste que tendría su creación, "unos 20 o 30 millones".

Cabe destacar que esta cantidad es casi la misma que se pretendía emplear para perpetuar el actual sistema durante cinco años, 28 millones. Esta cuantía ha crecido considerablemente, tal y como se contempla en el presupuesto. También parece han crecido los plazos de duración del nuevo contrato, que, según anuncio el titular de Fomento, saldrá a licitación en los próximos meses -ya casi con un año de retraso sobre lo previsto- y se extenderá por entre ocho y diez años.

El motivo, siempre en virtud de lo expuesto por el consejero, que se ha puesto como requisito que el barco que haga el traslado pueda hacerse cargo siempre de los residuos peligrosos, incluidos los del Ingesa -como el oxígeno-, restos animales, hipoclorito y desechos de Defensa. "Era la única forma de tener esa seguridad", dijo sobre la decisión de ampliar los márgenes del contrato, así como su coste, no viendo viable la opción de una planta de reciclaje.