A raiz de la toma de 16 establecimientos educacionales por parte de gremios nucleados en la Intersindical, el Gobierno de la Provincia formuló las correspondientes denuncias formales en la Fiscalía de Investigaciones Nº 3, a cargo de Aldo Lozano, con prosecución de causa, a los fines de constituirse como querellante adhesivo.
La presencia policial resulta más que necesaria, atento a la modalidad de amedrentamiento que se está implementando. Cabe señalar, que durante la jornada de ayer establecimientos privados donde se dictaba clases con normalidad fueron objeto de amenazas, debiendo estos suspender la actividad hasta el jueves.
Por otra parte, el Estado provincial promovió una acción de amparo en contra de ADEP, a los efectos de propiciar una resolución ágil al conflicto que impide el inicio de clases en el nivel primario. El amparo es acompañado por una medida cautelar.
Cabe recordar, que ante situaciones similares se tomaron estas medidas en los años 2010 y 2011. “Si existen situaciones de delito, estas son resorte de la Justicia en lo Penal y, por tanto, los fiscales de la Justicia del Crimen tienen todas las herramientas jurídicas y legales para proceder al efecto”, argumentó el procurador de la Provincia, Gustavo Toro.
Además, el funcionario garantizó que no se movilizará a la fuerza policial en contra de los trabajadores y puntualizó que será tarea de los Fiscales de la Justicia Penal “dar la respuesta al respecto”.
(Inf. página 9).-
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