El jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina explicó hoy que el malestar de algunos miembros de Prefectura y Gendarmería se debe a que con el Decreto 1307 se ordena el escalafón salarial y se perjudica a aquellos que a través de medidas cautelares cobraban "cifras siderales", durante una conferencia de prensa junto al ministro de Economía, Hernán Lorenzino, en la sede de la cartera económica.

En ese sentido, el funcionario explicó: "Los problemas salariales empiezan en 1993. Con el ajuste de (el ex presidente, Carlos) Menem se empezaron a utilizar distintos métodos de pago que generaron que entre el 70 y 80 por ciento de los haberes eran no remunerativos y no bonificables".

Esta situación, siguió Abal Mediana, provocó "un enorme festival de prácticas judiciales en las que algunos jueces y estudios legales realizaron una enorme rueda jurídica para perjudicar al Estado, con la connivencia de algunos miembros de las fuerzas".

"La mayoría de los salarios que cobraban eran resultados salariales de muy distinta naturaleza que generaban este descalabro al interior de la fuerza" que hacía, por ejemplo, que "un Comandante General haciendo la misma tarea, con la misma antigüedad, podía cobrar 30 mil pesos o 93 mil pesos. Este descalabro podía beneficiar a algunos", puntualizó.

Al respecto, manifestó: "Frente a ese gran descalabro la Corte Suprema llama a ordenar todo esto generando una estructura que le de un lógica a todo esto. Por eso se lanzó el Decreto 1307 que lo que hace es recomponer la parte no remunerativa del salario. Este decreto no sólo aplica el fallo sino que lo complementa. Nadie debía cobrar menos que el último mes, salvo aquellos que cobraban esas cifras siderales. Con este decreto la inmensa mayoría de los efectivos van a ver enormemente mejorada su situación. No sólo por el aumento sino que el sueldo va a ser remunerativo y bonificable".

Por otro lado, el jefe de Gabinete anticipó: "En la próxima liquidación, casi todos lo problemas van a estar solucionados. Los únicos perjudicados, que está bien que a si sea, son los que usufructuaron con estas medias cautelares, pero son la absoluta minoría de las fuerzas".

"La situación no sólo confirma las sospechas que teníamos sino que la información que tenemos agrava la situación. Porque los problemas no sólo tienen que ver con esta última liquidación, sino que se encontró que las modalidades de pago que venían implementándose eran anárquicas y bordeaban lo delictual. Nuestras sospechas se ratificaron y se agravaron al ver el análisis", concluyó.

Previamente, el jefe de Gabinete dio cuenta de las inversiones que se vienen realizando tanto en Prefectura como en Gendarmería desde el 2003 hasta ahora.

"¿Cuál ha sido la gestión que se viene realizando desde el 2003 a la fecha? En Gendarmería pasó el presupuesto de 726 millones de pesos a 5.195 millones el año pasado, un importante incremento, de más del 615 por ciento", explicó.

Además, señaló que "el aumento de personal ha pasado de 17.857 gendarmes en 2003 a 29.504 a fin del 2011. La inversión ha sido 7 veces mayor de lo que era en el año 2003".

"En lo que se refiere a Prefectura, el presupuesto ha pasado de 550 millones de pesos a 3 mil millones en el año 2011. Un aumento presupuestario del 400 por ciento", agregó el funcionario y puntualizó: "Se ha sextuplicado la inversión en esta fuerza. En síntesis, este es un Gobierno que ha revalorizado claramente a ambas fuerzas. Los prefectos y gendarmes saben la importancia que tienen para este Gobierno".

"Hoy tenemos un estado de situación mucho más preciso que nos lleva a pensar que la situación es mucha más compleja: irregularidades administrativas y situaciones delictivas. Se ha avanzado en denuncias penales a miembros de las fuerzas implicados en estas maniobras", explicó a su turno, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, al tomar la palabra.

"Vamos a terminar con la connivencia, con este desquicio administrativo absoluto que tiene la lógica de connivencia entre algunos abogados, algunos jueces y algunos elementos de las fuerzas", sentenció.

"Las irregularidades son varias. Hemos detectado más de 400 entidades y mutuales que hacían descuentos a los agentes. Muchas de ellas pertenecientes de las propias fuerzas. El decreto emitido por la Presidenta se había establecido que estas mutuales debían remirirse a descontar no más del 30 por ciento del sueldo. Además, debían anotarse en un registro y sólo lo han hecho cuatro entidades de las 400", explicó.

"De estas irregularides resulta que cuando miramos la liquidación de los efectivos del último mes, hubo muchos empleados que quedaron debiéndole al Estado", agregó.

"La industria del juicio hizo que los empleados judicializados cobraran un sueldo mucho mayor que los no judicializados", continuó.