Eduardo Mateo, presidente de la Cámara Tucumana de la Cosntrucción, aseguró que las mismas viviendas cuya restauración les fuera encargada tras el último y más grave ataque, ocurrido en el comienzo de la cuarentena, son saqueadas a medida que se avanza con la restauración.

Primero fueron los tanques de agua y las puertas, que desaparecían a medida que pasaban los años sin que el complejo habitacional, que comenzó a edificarse en 2013, fuera habitado en su totalidad. Desde entonces sólo 1.161 casas tienen ocupantes. El resto en el mejor de los casos figuran como preadjudicadas.

A fines de 2019 el gobernador Juan Manzur cedió por decreto $ 105 millones para cubrir los costos de reponer todo lo que se habían robado. Pero desde que entonces los ataques recrudecieron. Según los constructores, ahora se llevan cocinas, calefones y hasta las mesadas.

Las viviendas estuvieron terminadas y listas para su entrega hace ya tres años, pero desde entonces se espera que la Sociedad Aguas del Tucumán ponga a funcionar una planta de tratamientos cloacales sin la cual se considera que el barrio es inhabitable.

Mientras tanto, surgió un desacuerdo entre los adjudicatarios de los trabajos de restauración y el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano, cuya interventora Stella Maris Córdoba consideró que desde que comenzaron los trabajos, la seguridad debería estar a cargo de las empresas.