Cuando el Gobierno abrió la discusión sobre la ley de alquileres, todavía vigente pese a los amagues de voltearla, se metió en un lodazal. Así lo admiten abiertamente funcionarios y legisladores ligados al problema, y esa misma sensación quedó flotando en el aire este miércoles luego de la reunión convocada por el secretario de Comercio, Roberto Feletti, de la que participaron representantes de las inmobiliarias y los desarrolladores urbanos, de un lado, y las agrupaciones de inquilinos, por el otro. 

Feletti fue el primero en atreverse a tomar ese fierro caliente y sentar en la misma mesa a todo el espectro de actores e intereses alrededor del tema. Lo hizo fundamentalmente preocupado por el encarecimiento de “un precio de la economía”, tal como definió él mismo al alquiler, aunque reconoció que en esa variable no sólo impacta el juego de la oferta y la demanda, sino que se trata también de un “derecho humano, social” y que el Estado debe intervenir para que se cumpla. Ese tramo de su breve alocución (Feletti se ocupó sobre todo de escuchar, algo que por ahora no hizo la diputada massista Marcela Passo, a priori encargada de la confección de una supuesta nueva norma) fue el más festejado por las organizaciones sociales, que se retiraron mayormente conformes.

“Para nosotros fue positiva. A un año y medio de la sanción de la ley era importante que el Gobierno pusiera sobre la mesa que los inquilinos necesitamos políticas públicas activas. Pudimos dejar en claro que esta ley puede ser perfectible, pero derogarla en función del lobby empresarial sería un gran retroceso. Es más, nuestro reclamo fundamental es que el Estado la aplique en su totalidad, con todas sus herramientas, e intervenga donde la ley no llega, sobre todo el mercado informal, que es mayoritario”, le dijo a El Grito del Sur Leandro Vera, investigador del área Derechos económicos, sociales y culturales del CELS.

Las organizaciones centraron sus planteos en la relación cada vez más desigual entre salarios y alquileres, en la creciente concentración de la oferta, en el abuso de las inmobiliarias, en la ausencia de una política de alquileres sociales y en el altísimo porcentaje de contratos informales (más de la mitad según un informe del CELS), donde las condiciones para el eslabón más débil de la relación son aún peores. Pero el argumento de peso fue que el Estado debe tomar el alquiler como un derecho, lo que choca de frente con el sector inmobiliario y propietario, cuyo enfoque está puesto en el derecho a la propiedad y en la actividad económica de quienes viven de ese mercado. 

La presidenta del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (Cucicba) y militante de la UCR, Marta Liotto, culpó en su exposición a la ley vigente por la retracción de la oferta. “Nosotros advertimos que esta ley iba a ser problemática para los propietarios, y tuvimos razón. Ahora estamos haciendo esfuerzos enormes para que vuelvan a poner en alquiler, porque con estas condiciones nadie quiere hacerlo”, dijo. En la misma sintonía se había expresado antes su correligionario Martín Tetaz, quien pidió tratar una nueva ley ni bien se inauguren las sesiones ordinarias, el primero de marzo. El temor de algunos referentes de la problemática es que el Gobierno pierda la iniciativa frente a Juntos por el Cambio.