Nadie discute que los Tribunales de Tucumán tienen menos magistrados que los que hacen falta para atender el alto nivel de litigiosidad que hay en la provincia. Faltan juzgados, fiscalías, defensorías y vocalías de segunda instancia, pero, además, están vacantes al menos el 20% de los existentes (48 de aproximadamente 225). Seis de esos despachos acéfalos aguardan -en un caso desde hace casi 10 meses- la definición del Gobierno de Juan Manzur, que cumplirá medio año en el poder sin haber ejercido nunca la potestad de designar magistrados.

Marzo pasó sin novedades en esta materia clave para la celeridad de los procesos y la contención de la conflictividad social, pese a la promesa de Regino Amado, ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad. Este funcionario había anunciado que las primeras designaciones iban a ser firmadas el mes pasado, cuando la Legislatura volviese a sesionar. El viernes, Amado dijo que “había sido imposible” analizar las cuatro ternas más antiguas y confirmó que el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) le había mandado otros dos tercetos. “Terminan las paritarias y nos ocupamos”, volvió a prometer durante un diálogo telefónico. Según sus cálculos, la negociación salarial debería concluir a mediados de abril.

Amado manifestó estar al tanto de las dificultades del Poder Judicial y comentó que el martes a las 18 iba a reunirse con las autoridades del CAM. En ese órgano hay 42 concursos públicos de antecedentes y oposición en trámite, cifra que remite a los orígenes acuciantes del órgano fundado en 2009, cuando, por la cantidad de juzgados acéfalos, los Tribunales provinciales parecían un queso gruyère.

El terceto que espera hace más tiempo una decisión del PE -la ley no establece plazos- es el de la Sala II de la Cámara Penal de esta capital, que integran Gustavo Romagnoli, Juan Carlos Nacul y Walter Ojeda Ávila (el CAM elevó la propuesta en junio). Romagnoli es todo un recordman en el sistema: se trata del postulante más exitoso de la historia del CAM (concursó 11 veces y las 11 veces quedó ternado) y fue vetado en 10 ocasiones por el ex gobernador José Alperovich (este también descartó siete veces a Nacul). La gestión de Manzur dio a entender que reconsideraría la situación de Romagnoli, cuya exclusión sistemática obedeció al deseo de no disgustar a Susana Trimarco, presidenta de la Fundación “María de los Ángeles”. Sucede que Romagnoli es primo de Cergio Morfil y que en el pasado trabajó en su estudio jurídico.

Entre las ternas “en capilla” en el Poder Ejecutivo (ver nómina completa) están las correspondientes a tres despachos nuevos: dos juzgados de Ejecución Penal (uno para la capital y otro para Concepción) y una defensoría para el anexo de Banda del Río Salí. La cobertura de estos cargos resulta imperiosa para el control del cumplimiento de las condenas y el funcionamiento pleno de los Tribunales ubicados en el este, territorio necesitado de la presencia de la justicia, sobre todo en materia de violencia intrafamiliar. Llama la atención la terna del Juzgado de Ejecución Penal de la Capital, que lidera el abogado Roberto Flores (actúa como defensor en el caso de María de los Ángeles Verón), seguido de Lucas Maggio (prosecretario en la Fiscalía de Adriana Giannoni) y de Roberto Eugenio Guyot, ex director de Institutos Penales durante el alperovichismo.

Avances en la Legislatura

En el escenario de sobrecarga endémica de pleitos y subrogancias (tres de las 10 fiscalías de la capital están acéfalas) transcurre la disputa entre la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, y el Ministerio Público Fiscal y Pupilar. En enero, el titular del segundo órgano, Edmundo Jiménez, anunció la existencia de una crisis general y estructural en la Justicia. El alto tribunal tiene otra perspectiva: según su estadística, la situación crítica se circunscribe al fuero penal y a casos particulares, y no es nueva, mientras que el rendimiento del fuero civil está mejorando.

A fines de febrero, y luego de que el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, dijese que los conflictos judiciales de Tucumán eran preocupantes, la Corte se entrevistó con Manzur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo. En esa ocasión, los vocales Antonio Gandur (presidente), Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Posse pidieron a las autoridades de los poderes políticos que cubriesen los cargos vacantes y reformasen los códigos procesales.

El Poder Legislativo dio cabida a la parte de las peticiones que son de su incumbencia y en las semanas subsiguientes sancionó una reforma procesal penal parcial e inició el tratamiento de la anhelada reforma integral. Además, constituyó la comisión especial encargada de elaborar un anteproyecto de modificación de las reglas del proceso civil. Fuentes legislativas anticiparon que, en paralelo, analizan profundizar la división de la estratégica Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción (tres vocales controlan las investigaciones de toda la provincia): el año pasado la Legislatura creó una sala específica para Concepción y ahora agregarían otra en la capital.