El Gobierno nacional tiene previsto enviar el 20 de enero al Congreso el temario con los proyectos de ley para ser tratados en sesiones extraordinarias. Aunque todavía se tomarán toda esta semana para pulir los últimos detalles es casi seguro que entre los que se debatirán figurarán la Reforma del Consejo de la Magistratura y también varias iniciativas que creen que impactarán directamente en la economía argentina de los próximos meses.

Entre estos últimos proyectos se cuentan la Ley de Hidrocarburos; la Ley para el Desarrollo Agroindustrial; la ley de Compre Argentino; la Ley de Electromovilidad y la Ley de la Industria Automotriz.

El 31 de diciembre venció el plazo para los temas que debían tocarse en las ordinarias. Ahora Alberto Fernández, mientras negocia el acuerdo para la renegociación de la deuda externa con el FMI, intentará avanzar con temas clave para su gestión. El 2021 terminó con la aprobación en el Senado de las modificaciones al Impuesto a los Bienes Personales, en el medio de polémicas y discusiones porque la sesión comenzó unos minutos después de lo previsto en el reglamento de esa Cámara.

Hay dos proyectos que están vinculados directamente con las tratativas ante el Fondo Monetario Internacional que también podrían pasar por el Parlamento en extraordinarias. Uno es el Consenso Fiscal firmado con las provincias (excepto la Ciudad de Buenos Aires) y el segundo el Plan Plurianual.

El entendimiento al que arribaron el Gobierno Nacional y casi la totalidad de las provincias tiene que ser aprobado por el Congreso Nacional y por las legislaturas provinciales y establece nuevos techos para las alícuotas a los Ingresos Brutos, mantiene el impuesto a los Sellos -que caía el 1 de enero de 2022- con sus alícuotas y abre la posibilidad para que aquellos estados subnacionales que no aplican el impuesto a la herencia lo lleven adelante.

En lo que se refiere al Plan Económico Plurianual, todavía hay dudas sobre su contenido, que contendría lineamientos sobre la economía para un lapso de tiempo que excede a la actual gestión. El Presidente había anunciado, mediante un mensaje grabado luego de las elecciones legislativas del 14 de noviembre, y dijo que “la primera semana de diciembre” lo enviaría al Congreso. El detalle es que incluiría la línea de negociación que tiene la Argentina con el Fondo Monetario Internacional.

En lo que se refiere a la Justicia, el Gobierno quiere avanzar con rapidez por los tiempos que impuso la Corte Suprema de Justicia sobre el Consejo de la Magistratura. El proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo eleva el número de integrantes de 13 a 17 y mantiene el estamento político: tres diputados, tres senadores, un representante del Poder Ejecutivo (total 7) y lo que hace es aumentar la representación de jueces (3), académicos (2) y abogados (1): pasarían a ser 4 jueces, 2 académicos y 4 abogados.

Una de las novedades que trae el proyecto es que establece la posibilidad de que el Congreso pueda designar representantes, aunque no sean diputados y senadores.

La Corte Suprema declaró inconstitucional la ley de 2006 que determinó cómo está conformado actualmente el organismo que se encarga de seleccionar y controlar a los jueces y le pidió al Congreso sancionar una nueva norma.

El segundo punto de la agenda judicial será la designación de un nuevo procurador general de la Nación. El Ejecutivo insistiría con la designación para ese cargo del juez Daniel Rafecas.

El problema con el que se va a enfrentar el Ejecutivo es que el tratamiento, que estaba listo para llevarlo a discutir al recinto, volvió a foja cero en la Cámara Baja. La nueva Ley del Ministerio Público Fiscal en Diputados deberá ser tratada nuevamente en las comisiones si quieren que sea llevada al recinto y el escenario cambió, hoy la paridad entre el oficialismo y la oposición es mayor.

Sin embargo, en la Casa Rosada apuestan a los dichos de algunos sectores de la oposición que entienden que Rafecas es “el menos malo” de los que puede llegar a proponer el Ejecutivo. La intención es apurar la discusión teniendo en cuenta que desde finales de 2017, no hay un Procurador General de la Nación.