Por Patricia Blanco

Ante la Corte Suprema de Justicia, el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Ciudad se reunieron esta mañana y sellaron un acuerdo conjunto para el cumplimiento de la medida cautelar fijada por el máximo tribunal, que establece el pago del 2,95 por ciento de la coparticipación. Según se detalló, ese acuerdo buscaría que el pago del 2,95% se realice de la siguiente manera: un 1,40% en por goteo diario y 1,55% en forma semanal, indicaron participantes del encuentro.

Aunque falta un pronunciamiento de fondo, se comenzaría a cerrar el conflicto abierto por los fondos de coparticipación que nació en el gobierno de Alberto Fernández. Según el acta que se labró tras el encuentro, “las partes manifiestan que dentro del plazo de cinco días hábiles presentarán un acuerdo vinculado al cumplimiento de la medida cautelar”.

La cita tuvo en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, en el salón Carmen Argibay, ante el secretario de Juicios Originarios del máximo tribunal Alejandro Rodríguez. Tal como ya había sucedido en agosto pasado en la reunión anterior, los ministros del máximo tribunal no estuvieron presentes.

Por la Ciudad fue el Jefe de Gobierno Jorge Macri; el procurador general Martín Ocampo; el ministro de Justicia Gabino Tapia; y María Cristina Cuello, Directora General de Asuntos Judiciales Tributarios y Fiscales de la Procuración de la Ciudad. Por Nación, asistieron están Carlos Guberman, secretario de Hacienda; José María García Hamilton, secretario Legal y Administrativo; Valeria Sánchez, subsecretaria de Coordinación Fiscal provincial; y Alejandro Speroni, subsecretario Legal. No fue el ministro de Economía Luis Caputo, algo que ya había sido avisado.

Macri llegó sonriente, con la expectativa de llegar a un acuerdo. Según contaron en los pasillos de tribunales, se fue igual, saludando a ordenanzas.

“Queremos darle certeza a los porteños de que llegamos a un acuerdo por el cobro del 2,95% que nos permite dar respuestas desde la Ciudad. Esto es un paso adelante muy importante y tiene buena voluntad de ambas partes, del Gobierno Nacional y de la Ciudad”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, luego de audiencia.

“Mientras sigue la discusión profunda, porque la Ciudad tiene, según nuestro entender, un derecho al 3,50, la Nación tiene una mirada diferente y eso lo iremos trabajando, pero dimos un paso adelante muy importante. Valoro el gesto del Gobierno Nacional de buscar un acuerdo y que juntos podamos destrabar algo que las dos gestiones heredamos y que parecía no tener solución”, explicó.

La anterior administración nacional, del presidente Alberto Fernández, decidió de manera inconsulta e inconstitucional sacarle a la Ciudad parte de la coparticipación y bajar el coeficiente a 1,4. Y cuando la Ciudad reclamó ante la Corte Suprema, el kirchnerismo nunca cumplió con la medida cautelar del 22 de diciembre de 2022, que le reconoció a la Ciudad un coeficiente de Coparticipación del 2,95%.

En la Corte ya habían dejado trascender que la decisión del Ejecutivo Nacional de comenzar a depositar desde agosto pasado periódicamente en las arcas de Uspallata implicaba que se estaba dando cumplimiento a la medida cautelar dictada por el máximo tribunal en diciembre del 2022 y nunca ejecutada por la administración de Alberto Fernández. Por eso allí también se buscaba sellar el tema en la audiencia de esta jornada.

El encuentro se dará en el Palacio de Tribunales

Según informó la semana pasada en la causa la cartera de Economía, “en atención a las reuniones mantenidas por las autoridades del Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de agosto de 2024 el Estado Nacional comenzó a realizar transferencias presupuestarias a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en concepto de pagos a los fines de completar el 1,55% adicional establecido por la Medida Cautelar” fijada por la Corte. “Dichas transferencias permiten completar la diferencia entre el 1,4% transferido diariamente de manera automática por el Banco de la Nación Argentina con arreglo al coeficiente de coparticipación de impuestos por la ley 23.548 y el 2,95% establecido en la medida Cautelar. El procedimiento consiste en adelantar en cuotas partes semanales automáticas, todos los últimos días hábiles de cada semana, el monto estimado mensual de recursos realizado por la Subsecretaría de Ingresos Públicos de la Nación”.

Según se explicó, “el primer viernes del mes siguiente se evaluarán los montos abonados en el mes anterior, entre lo efectivamente transferido semanal y automáticamente; y el valor resultante del diferencial efectivo (1,55%). Esta eventual diferencia -de ser favorable a la CABA- se tomará a cuenta. Concretamente, en el mes de agosto 2024, la estimación inicial del 1,55% había arrojado un número del orden de $85.643.000.000. En función de las estimaciones de recursos, todos los viernes de agosto se transfirió a la CABA $20.000 millones semanales, totalizando un monto mensual de $100.000 millones”. El monto resultante del cálculo del 1,55% por recursos efectivamente transferidos por Coparticipación Federal, para todo el mes de agosto ascendió a $89.560.597.699,16. Y se señaló que “el monto adelantado transferido será ajustado el mes de septiembre”.

“Con el fin de dar continuidad y certeza al efectivo cumplimiento de la sentencia cautelar, conforme procedimiento descripto, el Sr. Ministro de Economía, Luis Andrés Caputo, mediante NO-2024-93655926-APNMEC instruyó a la Secretaría de Hacienda - Subsecretaría de Coordinación Fiscal Provincial, a mantener el esquema de transferencia de fondos automática descripta, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todos los viernes de cada mes, en virtud de la Sentencia Cautelar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, dejo asentado ante el máximo tribunal.

Para CABA, en tanto, “las transferencias efectuadas han continuado siendo por un monto en peso equivalente al 1,40% de la masa de fondos definida en el artículo 2 de la ley 23548 y no el 2,95% dispuesto en la sentencia”. Reclamaban un depósito diario.

El conflicto comenzó en septiembre del 2020, cuando el gobierno porteño -encabezado por Horacio Rodríguez Larreta- en septiembre del 2020, cuando el entonces jefe de Gobierno demandó al Estado Nacional de Alberto Fernández por tachar de inconstitucional el decreto 735/20 que redujo el porcentaje de fondos que le corresponden en la coparticipación de recursos públicos.

La Ciudad reclama que se restablezca en forma inmediata su derecho a percibir el porcentaje de participación equivalente al 3,5% originado en el “Consenso Fiscal”, ratificado por la ley 27.429 y por el decreto 257/18 y se ordene la restitución de los ilegítimamente retraídos, con intereses. A su criterio, la Casa Rosada no podía “modificar unilateralmente” el monto de fondos coparticipables que le correspondía, dado que éste fue siempre establecido mediante el acuerdo de la CABA con el Estado Nacional. También se sostuvo que esos acuerdos deben ser ratificados por la vía legislativa.

La Corte Suprema no resolvió el fondo de la cuestión, pero a fines del 2022 los jueces hicieron lugar a una medida cautelar a favor de la Ciudad de Buenos Aires y ordenó que el Estado Nacional le entregue el 2,95% de la masa de fondos definida en el artículo 2° de la ley 23.548. En medio de un juicio político contra los ministros del máximo tribunal, el Gobierno de Alberto Fernández nunca cumplió ese fallo y planteó al tribunal una “revocatoria” de su fallo.

Con la nueva administración, Jorge Macri aguardó el cumplimiento del fallo dispuesto pero resolvió ir a la Corte para denunciar que no se estaba cumpliendo el pago. La administración de Caputo activó las transferencias en agosto, mientras que en los planteos hechos por CABA en tribunales hablaban de una “interpretación sesgada” del fallo y reclamaban un goteo diario de dinero. La reunión de mañana busca limar esos conflictos. Sobre todo porque, mientras a la Corte Suprema llegó esta discusión, tanto Nación como CABA acordaron que el gobierno porteño se hiciera cargo de la totalidad de las 31 líneas de colectivos que circulan exclusivamente en territorio porteño para evitar que el precio del boleto impactara en los usuarios. Estas gestiones también fueron seguidas con atención por los despachos de la Corte Suprema, con vistas a resolver.