Representantes del Estado Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires estarán frente a frente este jueves en el marco del litigio que se inició por la quita de recursos ordenada por el gobierno de Alberto Fernández en 2020. Será a partir de las 11 en una audiencia privada convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En el encuentro estarán presentes los cuatro ministros del máximo tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. Hasta ahora comprometieron su asistencia, por el gobierno nacional, el ministro del Interior, Wado de Pedro; y por la administración porteña el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, el Jefe de Gabinete, Felipe Miguel, el ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro y el procurador de la Ciudad, Gabriel Astarloa.

La primera causa fue iniciada en septiembre de 2020 por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que interpuso una acción de amparo contra el decreto 735 de aquel año firmado por el presidente Alberto Fernández que dispuso el recorte en la coparticipación. En esa oportunidad la administración que encabeza Rodríguez Larreta reclamó que se declare la ilegitimidad de la norma dictada por el Poder Ejecutivo Nacional por considerar que dispuso una reducción unilateral del porcentaje de coparticipación federal.

El gobierno porteño solicitó que la Corte ordene restablecer en forma inmediata su derecho a percibir el porcentaje de participación en el reparto de los impuestos coparticipables equivalente al 3,5 por ciento originado en el llamado “Consenso Fiscal”, celebrado durante la presidencia de Mauricio Macri. Y que, en consecuencia, el máximo tribunal disponga el cese de los efectos del decreto 735 de 2020 y se restituyan los fondos retraídos por aplicación de la norma cuestionada más sus intereses.

La Ciudad de Buenos Aires fundó su reclamo en la arbitrariedad e ilegitimidad manifiesta que atribuyó a la norma dictada por el presidente Fernández y además hizo una reseña de todos los antecedentes del régimen de coparticipación. En ese sentido, destacó principalmente cómo el gobierno nacional fue aumentando a través de los años el porcentaje que le correspondía a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por las funciones que la administración porteña debe brindar en materia no federal como por ejemplo, seguridad, salud, educación y vivienda, entre otras, al punto de haber alcanzado el 3,75% en 2016 y luego reducido al 3,5% en 2028.

El gobierno porteño sostuvo en su presentación que a partir de 1994 adquirió un nuevo estatus jurídico -asimilable al de las provincias según jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- circunstancia que impide que el Estado Nacional de manera unilateral modifique el porcentaje de coparticipación sin el acuerdo previo de la Ciudad. Esto afectaría su autonomía -argumentó la administración porteña- generando una discriminación respecto del resto de las provincias, sobre todo teniendo en cuenta que se han transferido los servicios de seguridad interior a cargo ahora de la Ciudad.

Por su parte, el Estado Nacional alegó que la CABA no tiene un estatus jurídico equivalente a una provincia, sino que es una “ciudad constitucional federada”, por lo que no resultan aplicables las reglas de acuerdos previos en los que se requiere la conformidad para modificar la coparticipación.

Asimismo, mencionó que el aumento otorgado durante el gobierno de Mauricio Macri fue totalmente infundado ya que con el incremento de un 0,92% se podría haber compensado la transferencia de la seguridad a la Ciudad.

El otro antecedente de este conflicto es una acción iniciada por el gobierno que encabeza Rodríguez Larreta -también en 2020- en la que solicita que la Corte Suprema declare inconstitucional la ley que aprobó el Convenio de Transferencia progresiva a la Ciudad de Buenos Aires de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en el ámbito porteño. Además solicitó que el gobierno nacional le devuelva las sumas retenidas por la reducción de la coparticipación desde el 10 de septiembre de 2020. Por su parte, desde la Casa Rosada contraatacaron requiriendo que CABA reintegre los montos otorgados por la administración Macri y que se declaren nulos los decretos que aumentaron la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires en 2016 y 2018.

La de hoy es la última posibilidad que la Nación y la Ciudad tienen de encontrar una salida consensuada y así evitar que sea la Corte la que con un fallo que puede no conformar a alguna de las partes ponga fin al litigio.

Sin embargo, uno de los asistentes a la audiencia dio a entender que no cederá en su postura. El ministro del Interior de la Nación, Wado de Pedro escribió en su cuenta de Twitter en la noche del miércoles: “Mañana asistiré a la mediación citada por la Corte Suprema para defender la posición de las provincias argentinas y las normas que nos permitan seguir construyendo un país federal y sin privilegios. Voy con la expectativa de un diálogo sincero en base a datos concreto.”