El Gobierno de Mauricio Macri buscaría beneficiar con prisión domiciliaria a Gustavo Demarchi, el ex fiscal condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad en el inédito fallo de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) que tuvo lugar a fines de diciembre de 2016.

El abogado forma parte de una lista de más de 1000 internos que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) le envió a fines de enero a jueces penales para que analicen si les otorgan ese beneficio. El objetivo es que la pena de 500 o 700 personas que integran ese listado pueda ser morigerada, para disminuir la población carcelaria.

Son ocho listados con distintas categorías de detenidos en el sistema federal: “internos de lesa humanidad mayores de 70 años”, “internos comunes mayores de 70 años”, “nómina de internos autopercibidos como gays, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)”, “discapacitados”, “internas alojadas con hijos de hasta 10 años”, “alojadas con hijos”, “internas embarazadas” e “internos que cumplieron el requisito temporal para acceder al beneficio de libertad condicional”.

Y uno de los listados que recibieron los jueces eran de represores condenados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Son 96, todos mayores de 70 años, uno de los requisitos que establece la ley para acceder a la prisión domiciliaria y que fija el Protocolo para obtener una pulsera electrónica.

Según consignó el portal Infobae, en el listado figura Gustavo Modesto Demarchi, quien fue condenado a cadena perpetua al ser considerado como el jefe de una asociación ilícita, enmascarada en la Concentración Nacional Universitaria, que se dedicaba a cometer delitos, bajo protección estatal.

Otro de los nombres que aparecen en el lista del Gobierno son los de Jorge “El Tigre” Acosta y Julio “el Turco Julián” Simón, uno de los integrantes del Clan Puccio, homicidas, violadores y condenados por robo.

El fallo del tribunal integrado por Luis Imas, Víctor Bianco y Alfredo Ruiz Paz, fue inédito en el país ya que, haciendo caso omiso al planteo de la defensa, los magistrados consideraron que se trataba de delitos de lesa humanidad pese a haber sido cometidos antes del comienzo de la última dictadura cívico militar. Además, se trató del primer juicio a civiles de la ciudad de Mar del Plata.