Por: Rodrigo Nuñez.

Mientras las empresas líderes del mercado en telecomunicaciones suben las tarifas por encima de lo permitido por el amparo en las mieles del poder judicial, en el Gobierno piensan cómo derribar las trabas jurídicas que impiden el pleno funcionamiento del DNU 690 que vino a regular el mercado. Tanto por vía judicial como en la legislativa, se intensifican las reuniones para avanzar en un esquema que proteja, definitivamente, el bolsillo de los usuarios.

A mediados de junio, las compañías consiguieron el aval para aumentar las tarifas sin ningún tipo de control. La Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal admitió la medida cautelar que pidieron de forma conjunta las empresas Telecentro y DirecTV contra el DNU 690/2020, que declaró a las telecomunicaciones servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia. Ya a principios de mayo había ocurrido lo mismo pero con Telecom Argentina como protagonista, cuando la misma Sala, con voto mayoritario, le dio la razón a la compañía ante un recurso de apelación y dictó una medida cautelar a su favor que suspendió los artículos 1 al 6 del mismo DNU.

En la provincia de Córdoba, la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC) con unos 500 operadores nucleados, tiene vigente otra cautelar y así mantienen la potestad para fijar los precios. Lo que dice el Poder Ejecutivo, a través del DNU, es que "el derecho de acceso a internet es, en la actualidad, uno de los derechos digitales que posee toda persona con el propósito de ejercer y gozar del derecho a la libertad de expresión".

En esa línea, ejemplificó que "la ONU ha expresado en diversos documentos la relevancia de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para el desarrollo de una sociedad más igualitaria y la importancia de que a todas las personas les sea garantizado su acceso a las mismas". Desde el Enacom interpusieron un recurso extraordinario federal para elevar la controversia a la Corte Suprema contra este fallo (de la misma manera que ya lo hicieron contra el aval a Telecom) y "continuará con sus políticas públicas en la defensa del derecho humano de las telecomunicaciones y de todos los usuarios y usuarias". 

Según pudo averiguar El Destape, desde ese momento, las facturas de las empresas mencionadas efectivamente registraron subas por encima de lo autorizado. Con el amparo judicial, el Enacom no puede obligar a cobrar con un precio más bajo ni aplicar sanciones, por lo cual el usuario se encuentra desprotegido. 

Sin embargo, desde el Gobierno evalúan utilizar otros mecanismos judiciales que se definirán con Procuración del Tesoro, como acelerar el fallo de la Corte o conseguir un fallo contrario que ponga en contradicción al fallo de la Sala II. Cabe mencionar que a principios de septiembre, la Justicia Federal rechazó el pedido de inconstitucionalidad de la empresa Telefónica al DNU. El fallo de la titular del juzgado Contencioso Administrativo Federal 5, María Alejandra Biotti, afirmó la validez del DNU, ya que había sido ratificado por el Senado, y sostuvo que "no se cumple con la acreditación de la existencia de un daño que pudiera producirse du­rante el transcurso de la causa" la no aplicación de la norma.

"La declaración de inconstitucionalidad de una norma -aseguró el fallo- es un acto de suma gravedad institucional que debe ser visto como ultima ratio del ordenamiento jurídico", y que debe "ser fundado sobre la base del perjuicio que la disposición le acarrea a la generalidad de las personas, mas no de aquél que sólo se proyecta sobre algunas de ellas". Aún así, la vía de resolución también se busca dirimir en el terreno netamente político.

La lucha por las telecomunicaciones en el Senado

Esta semana, el Senado inició un debate sobre seis proyectos de ley que buscan declarar internet y telefonía móvil como servicios públicos, en una audiencia que se realizó sin la presencia de la oposición, en el marco de la comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión.

El interbloque de Juntos por el Cambio (JxC) desistió de participar de la reunión por considerar que las audiencias deben realizarse de manera presencial y no virtual, según lo manifestaron en una carta enviada a la presidencia del Senado. Las propuestas que se discutieron durante una videoconferencia son seis textos elaborados por los legisladores del Frente de Todos, Alfredo Luenzo, Daniel Lovera (La Pampa), Antonio Rodas (Chaco) y Silvia Sapag (Neuquén) y de los opositores Juan Carlos Marino (La Pampa) y Gladys González (Buenos Aires).

Uno de los motivos del debate legislativo es blindar al DNU de una eventual judicialización eterna y brindar mayor músculo político a la medida. Durante su participación, Gustavo López, vicepresidente del Enacom, subrayó que se trata de proveer "un instrumento legal" que complemente otras normas como la regulación de las plataformas de internet. El Estado busca que el acceso de la comunicación sea para "todo el mundo" bajo la premisa de que "la idea del derecho humano básico no debería discutirse", indicó.