Hernán Cappiello

En una jugada a fondo para evitar que el juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla le anule los decretos por los cuales nombró en comisión como jueces de la Corte al juez federal Ariel Lijo y al académico Manuel García-Mansilla, el Gobierno se presentó ante otro juez en la ciudad de Buenos Aires y le requirió que le pida el expediente.

La presentación fue realizada este lunes al filo de que Ramos Padilla tome una decisión y eventualmente haga lugar al recurso de amparo que presentaron un colectivo de ONG contra los decretos, a los que se sumaron presentaciones del kirchnerismo y también de Elisa Carrió.

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Las ONG que se presentaron son CEPIS, el Observatorio de Derechos a la Ciudad, Poder Ciudadano y el CELS, entre otras. Este lunes respondió el Estado a la vista de la medida cautelar y el juez federal de La Plata está en condiciones de resolver.

La resolución de Ramos Padilla es inminente. En el pasado -2016- el mismo juez se opuso al decreto de Maurico Macri que designó a Carlos Rosenkrantz y a Horacio Rosatti, quienes finalmente tuvieron acuerdo del Senado.

De derecha a izquierda, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Manuel García-MansillaRodrigo Nespolo

Para evitar un casi seguro fallo que voltee el decreto, el Gobierno presentó ante la jueza en lo contencioso administrativo Federal de la Capital Federal Cecilia Gilardi Madariaga de Negre una acción de inhibitoria para que Ramos Padilla deje la causa, dijeron LA NACION fuentes judiciales y de la Casa Rosada.

El Gobierno mencionó que el juez federal de La Plata no es competente, un argumento que el propio magistrado rechazó cuando ya habían intentado apartarlo del caso. Ahora será la jueza contencioso administrativo federal la que decida si hace lugar al pedido del Gobierno y le reclama el caso a su colega platense.

Si eso ocurre, se vislumbra un conflicto de competencia que trabe la causa e impida que se dicte una cautelar que anule los decretos de los candidatos a jueces de la Corte, como teme el Gobierno.

Toda esta ingeniería jurídica implementada, de apuro, para defender el decreto, se da en un contexto político complicado para La Libertad Avanza en el Senado.

La oposición pidió a la vicepresidenta Victoria Villarruel que convoque a una sesión especial del Seando para este jueves para votar los pliegos de Lijo y de García-Mansilla. Bastan con el peronismo junte 25 votos para voltear el pliego de García-Mansilla, que ya juró y está sentado en su despacho en la Corte; y el de Ariel Lijo, que no juró pues la Corte no le dio licencia como juez federal.

Victoria Villarruelfabian-marelli-11419

El Gobierno tiene la intención, al menos por ahora, de no retirar los pliegos de sus candidatos, a pesar de que el Senado dejó todo listo para que en una próxima sesión rechace sus designaciones. La oposición en la Cámara alta aprobó los dictámenes de ambos con el objetivo de rechazarlos en el recinto, posiblemente el jueves.

Con respecto al pliego de García-Mansilla está más claro que la oposición puede juntar los 25 votos y rechazar su pliego, ya que no podrá reunir el apoyo de los dos tercios de los presentes que exige la Constitución Nacional. Aquí se abren varios escenarios posibles: que García-Mansilla, que ya es juez de la Corte por decreto, juró y asumió, renuncie a su cargo y de un paso al costado. Lo que parece algo improbable.

Otro escenario es que el Senado rechace su pliego, pero García-Mansilla se quede en la Corte y judicialice la situación. Hay precedente para todos los gustos. En el pasado, la Corte Suprema dijo que es posible que un juez designado en comisión se quede hasta finalizar su mandato, en este caso, en noviembre.

Sin embargo, hay otro precedente que indica que si un magistrado es nombrado juez en comisión por decreto, y luego es rechazado, debe dejar el cargo de inmediato y no al finalizar el año parlamentario. Si se judicializa el asunto, es claro que no serán estos integrantes de la Corte los que decidan en el caso, pues le tomaron juramento. Entonces habrá que sortear entre los presidentes de las Cámaras Federales conjueces para que tomen una decisión, teniendo en cuenta que hay dos bibliotecas que dicen los contrario.