Casal dijo ser partidario de establecer "mayores requisitos procesales" para el otorgamiento de los beneficios, aunque adelantó que, a partir de la semana próxima, buscará un "consenso absoluto" entre los distintos bloques políticos de la Legislatura provincial sobre la conveniencia de establecer modificaciones en esa materia.

"No quiero adelantarme porque me parece importante que todos aporten, pero, por caso, la convalidación del fiscal multiplica el control, porque lo hacen el juez, el fiscal y, eventualmente, las cámaras de apelaciones", afirmó Casal a LA NACION.

Si bien reconoció la crisis y el déficit en los controles efectivos, Casal relativizó la responsabilidad del Ejecutivo provincial, al sostener que los informes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) no son vinculantes y que las salidas dependen, en última instancia, del criterio que se forman los jueces. También dijo que la actuación del Patronato de Liberados es "parcial" porque "su intervención depende de que haya un oficio de parte de los jueces".

Admitió, asimismo, que "cuando se produce un hecho que genera conmoción se ponen en crisis los sistemas, como en este caso", dijo, en alusión al crimen del empresario Oscar Plut, que el fin de semana pasado fue asesinado en San Miguel presuntamente por Emiliano Ledesma, un convicto que gozaba de salidas transitorias. En tal sentido, agregó: "En la provincia hay 900 presos con salidas y este homicidio puso en crisis todo el sistema".

Casal abordó ayer el asunto al lanzar la Mesa Provincial de Políticas de Justicia, de la que participó junto con sus principales colaboradores, los presidentes de las Cámaras de Senadores, Gabriel Mariotto, y de Diputados, Horacio González, además de representantes de los distintos bloques legislativos.

De parte del massismo participaron el senador Jorge D'Onofrio y el diputado Ramiro Gutiérrez. Ambos legisladores apuntaron a la gestión del Patronato de Liberados. "Es un órgano desfinanciado que no cumple con su misión", dijeron. Y cuestionaron "la falta de propuestas concretas por parte del ministro".

A su turno, Mariotto aseguró que se seguirá el tema de las excarcelaciones, salidas y ejecución de penas con el propósito de poder auxiliar al Ejecutivo en el seguimiento de los procedimientos. En tanto, Cristina Fioramonti, presidenta del bloque del Frente para la Victoria del Senado, contó que el ministro habló durante la reunión de "la necesidad de un replanteo integral de todos los institutos vinculados con las libertades asistidas".

"Estuvimos poniendo sobre la mesa todos los regímenes alternativos que tiene la legislación; nosotros hemos hecho tres reformas al tema de alternativas. La primera fue con el caso de las pulseras, que no tenía hasta ese momento que intervino nuestra provincia, incluso la Legislatura, un control fiscal de las decisiones de los jueces", respondió Casal al ser consultado sobre las declaraciones del juez Federico Domínguez, titular del Tribunal de Casación Penal bonaerense -máximo órgano de la justicia penal provincial-, quien dijo que "el sistema de salidas transitorias es un fracaso porque nadie ejerce los controles".

Según el ministro, la crisis "ahora está pasando con las transitorias, que no tienen un control, y aunque el informe penitenciario sea negativo no es definitivo para que el juez decida, así que estuvimos viendo esto".

En la reunión de ayer participaron también los diputados Gonzalo Atanasof, Juan de Jesús, Liliana Denot, Gustavo Ferri, Héctor Martínez, Leonel Zacca, Gustavo Silva, Gustavo Viganli, Abel Buil, y los senadores Jorge Ruesga, Juan Carlos Simón, Ricardo Vásquez, Santiago Carreras y Alfredo Meckievi.

A su vez, Casal habría revelado a los legisladores citados algo que luego no dijo a los periodistas: según varios de los presentes el ministro de Justicia sostuvo que se propone ampliar en 2000 plazas la capacidad de las cárceles de la provincia. Una deuda pendiente en un sistema que, según los especialistas, tiene un déficit de alrededor de 10.000 plazas.

SE PONE EN MARCHA LA POLICÍA JUDICIAL

A un año de la aprobación de la ley que creó el Cuerpo de Investigadores Judiciales (CIJ), el gobierno bonaerense anunció que destinará 50 millones de pesos para la compra de inmuebles con el fin de poner en marcha una prueba piloto en Mar del Plata. La llamada Policía Judicial fue creada por ley el 9 de noviembre de 2012 y ahora en el presupuesto bonaerense para 2014 se incluyó la creación de 61 cargos para el CIJ, de los cuales 54 formarán parte de la planta permanente y otros 7, de la planta temporaria. Contará con especialistas en criminalística, investigación tecnológica, escena del crimen, levantamiento de rastros, médicos forenses, abogados, químicos forenses, contadores y psicólogos, que se ocuparán de delitos complejos, y así se aparta a la policía en casos de homicidios dolosos en la investigación de delitos cometidos por funcionarios públicos y miembros de las fuerzas de seguridad