El gobierno nacional avaló hoy el sobreseimiento de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, de sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, y del resto de los acusados en las causas Hotesur-Los Sauces. Es porque la Unidad de Información Financiera (UIF), un organismo que depende del Ministerio de Economía de la Nación, no apeló el sobreseimiento que a fines de noviembre dictó el Tribunal Oral Federal 5.

La UIF tenía plazo hasta hoy, a las 9:30, para apelar la decisión del tribunal pero no presentó ningún escrito, le dijeron a Infobae fuentes judiciales. “El silencio es un aval a la decisión”, coincidieron dos fuentes consultadas. Así, la única apelación fue la del fiscal Diego Velasco y la causa pasará a la Cámara Federal de Casación Penal, que deberá decidir si confirma los sobreseimientos o los revoca y ordena que se haga el juicio oral.

El TOF 5, por mayoría de sus integrantes, sobreseyó el 26 de noviembre a la vicepresidenta, a sus hijos, y a otros acusados del caso, entre ellos los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, por el presunto lavado de dinero en el alquiler de hoteles y propiedades de la familia Kichner.

Ante ese fallo la Fiscalía y la UIF, como acusadora privada, podían apelarlo para que sea revisado. El fiscal Velasco lo hizo el 13 de diciembre, un día antes que venza el plazo. Ese mismo día la UIF pidió más plazo para apelar.

“Que en atención a la complejidad de las cuestiones que se plantean en la presente causa, en virtud del reciente cambios de autoridades del organismo dispuesto por el decreto 834/2021, y atendiendo a los precedentes en que se ha resuelto en el mismo sentido, vengo a solicitar se otorgue prórroga del plazo para interponer recurso de casación”, pidió el abogado Leandro Ventura. El 7 de diciembre había asumido el nuevo titular de la UIF, Juan Carlos Otero.

El tribunal aceptó el pedido y le dio al organismo cinco días más. Ese plazo venció hoy a las 9:30 horas. Pero la UIF no hizo ninguna presentación. Infobae se comunicó con la UIF para saber su postura pero no obtuvo respuesta al momento de la publicación de esta nota.

En la causa se investiga un presunto lavado de dinero y asociación ilícita de parte de las sociedades Hotesur y Los Sauces - de la familia Kirchner- en el alquiler de sus hoteles y propiedades a los empresarios acusados. La imputación es que alquilaron como contraprestación a las obras públicas que sus empresas recibieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Los jueces del TOF 5 Daniel Obligado y Adrián Grünberg -quien ya no integra el tribunal- sobreseyeron a los imputados ante un planteo que hicieron en la causa. Los magistrados señalaron que no hubo lavado de dinero porque cuando se dieron los hechos había una ley penal más benigna que la actual. También que los fondos que se discutían estaban bancarizados, por lo que no había lavado, y que a la causa se incorporaron elementos nuevos como las elevaciones a juicio de las causas vialidad -en la que Cristina Kirchner y Báez están siendo juzgados- y Oil Combustibles -la empresa de López y de Sousa y en cuyo juicio fueron absueltos la semana pasada- que descartan las acusaciones.

La tercera jueza del tribunal, Adriana Palliotti, votó en disidencia. Su postura fue que los pedidos de sobreseimiento se tenían que rechazar porque todo se debía analizar en un juicio oral junto con la prueba del caso.

Ese fue el tercer sobreseimiento que obtuvo Cristina Kirchner en el año de las cinco causas en las que fue elevada a juicio oral. Ya había sido desvinculada de los expedientes dólar futuro y la firma del memorándum de entendimiento con Irán -dos decisiones de gobierno que siempre se discutió si podían ser judicializadas-. La causa por los llamados cuadernos de la corrupción está en el TOF 7 a la espera de avances y desde mayo de 2019 la vicepresidente está siendo juzgada en la causa por las obras públicas.

El sobreseimiento en Hotesur-Los Sauces fue apelado por el fiscal Velasco por objetó varios puntos del fallo y pidió que se revoque y se haga el juicio oral. Uno fue que la decisión se tomó cuando todavía hay prueba pendiente. Puntualmente dos peritajes que pidieron las defensas y que deben concluir los peritos contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. También que los jueces tomaron la decisión en violación al fallo “Blaquier” de la Corte Suprema. Allí el máximo tribunal sostuvo que la Cámara Federal de Casación no puede analizar prueba si el juicio no se realizó. Velasco agregó que si Casación no puede hacerlo, tampoco un Tribunal Oral que es una instancia inferior.

También el fiscal rechazó el argumento de que a la causa se incorporó como nuevo las elevaciones a juicio de los casos vialidad y Oil Combustibles. Dijo que están desde el comienzo del caso -marcó en su apelación en qué parte del expediente están- y que el tribunal ya había rechazado un primer pedido de sobreseimiento con esa prueba. Además objetó que el análisis que se hizo sobre la figura del lavado del dinero, el argumento de que los fondos estaban bancarizados y que en el caso hay prueba pendiente.

Velasco fue duro con los jueces Obligado y Grünberg por su decisión: “han devastado años de investigación, de recopilación de prueba de difícil obtención, de labor extenuante de distintos actores del Ministerio Público Fiscal frente a personas que ostentan un gran poder político y económico, sin siquiera darle a esta parte la posibilidad de debatir todas las cuestiones en un plano de mayor transparencia e igualdad, para que la sociedad toda pueda obtener del Poder Judicial de la Nación a través del método normal y natural de culminación de un proceso (sentencia luego del juicio) y no a través de un método anormal y simplemente formal, la definición de una causa en donde se ha investigado entre otras cosas el posible lavado de dinero llevado adelante por quienes ocuparon la Primera Magistratura de la Argentina durante más de 12 años, sobre todo teniendo en cuenta que en apenas 2 meses el proceso estaría en condiciones de iniciar el debate oral y público”.

Ahora la apelación de Velasco pasará a la Cámara Federal de Casación Penal para que se revise el sobreseimiento de Cristina Kichner y el resto de los acusados. El primer paso es que el TOF 5 acepte la apelación. La segunda es que el fiscal de Casación Mario Villar mantenga la apelación. Luego intervendrá Casación. Será la Sala I que está integrada por los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa.

Esos magistrados deberán convocar a una audiencia para escuchar a las partes y luego quedarán en condiciones de fallar sobre el caso. Eso será el año que viene. Se trata de los mismos jueces que sobreseyeron a Cristina Kirchner en dólar futuro y los que tienen que resolver el caso de la firma del memorándum de entendimiento con Irán, otro caso en el que la vicepresidenta fue sobreseída.