Por

Rodrigo Núñez

Con el aparato industrial pyme en la ruina por el rumbo económico emprendido por el presidente Javier Milei, el Gobierno avanza en la apertura indiscriminada del comercio. El equipo económico de La Libertad Avanza derogó cuatro normas que, hasta ahora, formaban parte del control aduanero: eliminó directamente determinados trámites y herramientas de fiscalización, el valor criterio, las estampillas y los veedores de cámaras empresariales locales, por el lado de la importación, y los valores de referencia en exportación. Tal como pasó con la ventana desreguladora que aplicó en marzo para forzar con el arribo de productos importados una baja de precios, el paquete de medidas ataca la oferta, producción y empleo de las empresas nacionales.

El objetivo del Gobierno es que la posibilidad de que haya cada vez más bienes extranjeros que compitan con la producción local contribuirá a desacelerar la inflación. Según los técnicos de Economía, las normas que se derogan implicaban sobrecostos que ahora desaparecerán, lo cual desinflaría el costo de los bienes traídos del exterior y mejoraría el tipo de cambio exportador. El anuncio lo encabezaron el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; la titular de la AFIP, Florencia Misrahi; y la directora de Coordinación y Evaluación Operativa Aduanera, Gladys Morando.

Un funcionario que participó de la gestión anterior en el sector pyme dio su impresión sobre el paquete de medidas: "Depende mucho del sector porque no hay un planeamiento estratégico sobre qué hay que hacer con las empresas nacionales, sobre todo industriales, sino que se empezaron a tomar esas medidas a partir de pedidos específicos de grandes empresas y la decisión se tomó por ese lado". Esta fuente sostuvo que con el "desconocimiento de diversas cadenas productivas" lo que "termina pasando es que tenés productos terminados" que llegan a la Argentina "sin lógica".

Las reformas en comercio

En el primer caso, se trata de valores parámetros que definen que, si una mercadería importada se distancia mucho, vaya directamente al llamado “canal rojo” y establece el pago de una garantía para que el importador pueda retirarla de la Aduana. Según Sturzenegger, esto implicaba, en promedio, un sobrecosto del 1 por ciento para los sectores alcanzados: entre ellos, mencionó neumáticos, prendas de vestir, grifería, juguetes, calzado, hilados.

También se derogarán las normas que habilitan a las cámaras empresariales locales a participar como veedoras de los procesos de control aduanero de la mercadería que ingresó al canal rojo, al tiempo que se dejarán sin efecto los valores de referencia de exportación. Esto implica que los sectores que producen localmente los productos importados que ingresaron al canal rojo ya no podrán participar del proceso de fiscalización.

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Otra de las medidas es que no habrá más valores de referencia de exportación para ningún producto. Como ya hubo una tanda previa de eliminación para algunos bienes en particular, son algunos pocos los que aún los conservan, como por ejemplo minería y pesca.

No se trata de otra cosa de la obsesión oficial por abrir la economía, tal como sucedió en los 90 y la última dictadura cívico militar. Es el caso de los medicamentos que se importarán desde países con baja vigilancia sanitaria y sin controles de la ANMAT, con el objetivo de bajar los precios. La estrategia es incentivar las compras al exterior por parte de las provincias, mientras los laboratorios locales se quejan por lo bajo de los riesgos para la salud. 

Las pymes no resisten

La actividad manufacturera de las pymes descendió un 8,7 por ciento interanual en agosto y acumuló así una retracción de 16,9 por ciento en los primeros ocho meses del año frente al mismo periodo de 2023, según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en base a la información que brindan 414 industrias pyme a nivel federal. El uso de la capacidad instalada se ubicó en 60 por ciento en el octavo mes del año.

Las pymes mantienen fuertes problemas financieros. Según la CAME, el 16,7 por ciento de las pequeñas y medianas empresas industriales "reportaron complicaciones para cumplir con los sueldos del mes en curso".

"Si bien esto muestra una leve mejora frente al mes pasado, donde se llevaba 8 meses a la baja y cuando el 19,3 por ciento de las firmas manifestó este problema, los niveles de estrés financiero son motivo de preocupación dentro de sectores clave para la economía", advirtió el reporte. Los sectores con más dificultades para pagar los sueldos fueron alimentos y bebidas y textil e indumentaria, con un 22,8 por ciento y 21,1 por ciento de sus empresas, respectivamente.