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FERNANDO CIBEIRA

Una vez más, la Casa Rosada espera que los gobernadores dialoguistas presionen a diputados y senadores para sortear con éxito esta semana en el Congreso que se ve complicada en base a tres temas: los pliegos de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, la conformación de una comisión para investigar el cripto escándalo y el DNU que firmó este lunes para habilitar un acuerdo con el FMI. Los gobernadores amigos ya le dieron una gran mano semanas atrás para frenar que la comisión se creara en el Senado, a costa de un nuevo descrédito para la bancada de la UCR que primero propuso y luego rechazó esa instancia investigadora. Pero, ahora, las cuestiones en debate son diversas y complejas, parece difícil que el dialoguismo resuelva todos los frentes que el propio Ejecutivo insiste en abrir.

Respecto al pliego de los candidatos del Gobierno para la Corte Suprema, Unión por la Patria está a la búsqueda de juntar los votos para el rechazo en una sesión aún sin fecha. Lijo ya tiene dictamen y será cuestión que se constate que no definitivamente no cuenta con los dos tercios necesarios para ser designado, con lo que se resignará a continuar su carrera como juez federal. El caso de García Mansilla, en tanto, ofrece varias particularidades. Para empezar, ya juró como integrante de la Corte en comisión por lo que, según el Gobierno, aún si le rechazan el pliego, continuaría en el máximo tribunal hasta el fin del año legislativo. Hay juristas que sostienen lo contrario.

Con todo, todavía no tiene dictamen para ser tratado en el recinto porque le falta una firma. El bloque radical debate qué hacer, imaginando que pueden sostener una postura unificada que hoy se ve difícil. Hay senadores radicales que sostienen que hay que rechazar ambos pliegos por el solo hecho de que el Gobierno haya decidido designarlos por decreto. Los gobernadores Alfredo Cornejo, Gustavo Valdés, Maximiliano Pullaro y Leando Zdero ya mostraron que tienen un ascendente importante sobre lo que finalmente decide la bancada, por lo que prestarán atención a los requerimientos que se le hagan desde la Casa Rosada. 

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Este lunes quedó oficializada la convocatoria a una sesión especial en Diputados para el miércoles a las 12 con el objetivo de tratar todas las iniciativas vinculadas al criptoescándalo. A partir de esa hora tendrán 30 minutos para reunir los 129 diputados necesarios para dar inicio a la sesión y debatir los diez proyectos presentados por las bancadas de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, Coalición Cívica y el FIT, que van desde pedidos de interpelación, pedidos de informes y, de nuevo, la creación de una comisión investigadora. Desde el Gobierno vienen ofreciendo en diálogos reservados a las bancadas dialoguistas que vaya el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a responder las preguntas de los bloques opositores. En principio, no resultaría suficiente para los diputados opositores que reclaman respuestas convincentes por parte de Javier Milei y su entorno.

De nuevo, en la Rosada apelarán a los buenos oficios de algunos gobernadores amigos para que no le regalen una tribuna a la oposición dura que representa el kirchnerismo. Los gobernadores dialoguistas entienden que en sus provincias Milei mantiene buenos números de apoyo y que quieren verlos colaborar con él, además de afinar el vínculo con una gestión que es muy dura con las cuentas provinciales. Desde las bancadas dialoguistas le hicieron saber al Gobierno que, en caso de que se cree la comision investigadora, no tiene en sus planes convocar de movida, por ejemplo, a Karina Milei ni nada que se le parezca, sino que será un trabajo progresivo. El Ejecutivo cree que ya tiene bastante con las investigaciones judiciales abiertas aquí y en otras partes del mundo que seguirán ventilando detalles incómodos del caso. Varias encuestas publicadas en los últimos días mostraron el costo que viene pagando Milei en su imagen por haberse involucrado en la maniobra.

En su único anuncio en el mensaje de apertura de sesiones del 1 de marzo, Milei dijo que enviaría el acuerdo con el FMI para que lo aprobara el Congreso, Lo que hizo finalmente fue firmar este lunes un decreto de necesidad y urgencia para habilitar la aprobación de un acuerdo del que no se da ningún detalle. "La desesperación de Milei es total. Él mismo y todo su gabinete están involucrados en este verdadero delito de estirpe constitucional. Lo admite su propio decreto: si el FMI no les da dinero, su gobierno colapsa. No por herencia, no por terceros, sino por las propias decisiones que tomaron en estos meses", replicó el senador de Unión por la Patria, Martín Doñate. El decreto llegó en el cierre de un día negro en los mercados, afectados en el mundo por las medidas proteccionistas de Donald Trump.

Este martes, a partir de su publicación en el Boletín Oficial, el Gobierno tiene diez días hábiles para enviarlo a la comisión bicameral de Trámite Legislativo. En caso de que la comisión no lo trate, transcurridos otros diez días hábiles desde su ingreso puede ser tratado en el discutido por cualquiera de las dos cámaras. Días atrás, el ministro de Economía, Luis Caputo, se mostró confiado de que el Gobierno conseguirá los votos necesarios en Diputados para frenar su rechazo y justificó la vía del DNU porque "en el Senado hay mayoría kirchnerista". Con ese argumento buscó explicar que no podría salir por ley, tal como obliga la normativa vigente. De nuevo, los gobernadores dialoguistas podrían verse inclinados a darle al Gobierno esa "herramienta" de gestión económica, pese a que el Ejecutivo se negó a discutir el Presupuesto 2025, como se lo habían reclamado. 

Siete diputados y diputadas de Unión por la Patria -Juan Marino, Hugo Yasky, Daniel Gollán, Julio César Pereyra, Sabrina Selva, Victoria Tolosa Paz y Brenda Vargas Matyi-presentaron este lunes una denuncia penal contra Milei por desconocer la legislación e ignorar las facultades del Poder Legislativo. Sostuvieron que esa conducta podrían encuadrarse en los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y reclamaron una medida cautelar para que se le impida seguir adelante con la maniobra.