Menos de veinticuatro horas después del fallo que determinó la prórroga de la cautelar presentada por el Grupo Clarín por la ley de medios, dictado por la Cámara Civil y Comercial federal, el Gobierno presentó ayer por la mañana un pedido de per saltum ante la Corte Suprema de Justicia. Lo hizo a través de dos resoluciones simultáneas en las que reclamó la "suspensión inmediata" de la resolución judicial y la posterior declaración de "nulidad" de la prórroga que mantiene frenada la aplicación de la cláusula de desinversión de la ley. Una fue realizada por la jefatura de Gabinete y, la otra, por la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual (AFSCA). Este organismo, que dirige Martín Sabbatella, pide a la Corte que ratifique la fecha del 7 de diciembre que estableció en un fallo para que comience a aplicarse la norma de desinversión de medios. En su recurso, afirmó que "la situación antes descrita configura un escenario de gravedad institucional de enorme trascendencia del que deriva una privación de justicia para este organismo".

Las presentaciones no vinieron solas. Desde el oficialismo salieron con virulencia a criticar a la Justicia y en especial a los jueces de la Cámara Francisco de las Carreras y María Susana Najurieta. "El fallo es una vergüenza para todos los argentinos. Va en contra de la democracia, de la igualdad y del voto popular. Están intentando detener una ley votada por el Congreso nacional", disparó el vicepresidente Amado Boudou.

El raid por radios y canales había comenzado bien temprano. "Esto es un cachetazo para toda la Justicia argentina", había dicho el ministro del Interior, Florencio Randazzo.

"Es un bochorno" de los jueces, dijo el senador Aníbal Fernández. La Presidenta se tomó unas horas y salió al ruedo desde Brasilia, donde participa de la Cumbre del Mercosur. En un breve diálogo con la prensa dijo que la resolución es "más de lo mismo".

Los dirigentes del kirchnerismo volvieron a hacer críticas furibundas contra la Justicia, pese a que el jueves la Corte, todas las justicias provinciales y las dos asociaciones de magistrados habían pedido que el Gobierno respetara su independencia y rechazara las presiones "directas e indirectas" del oficialismo. Fue en un documento inédito en la historia argentina.

El per saltum es un recurso extraordinario concebido para saltear a la Cámara y recurrir directamente a la Corte. El Gobierno presentó sus planteos directamente a la Corte, sin dejar copias en la Cámara.

El método que eligió el Gobierno fue criticado por numerosos constitucionalistas, quienes auguran que no debería prosperar debido al modo en que fue presentado.

El Gobierno eligió el per saltum porque la presentación de un recurso extraordinario -que es la vía normal- a través de la Cámara le hubiera llevado un trámite de no menos de diez días.

La modificación al Código Procesal Civil y Comercial que acaba de incorporar la figura del per saltum establece que el recurso podrá aplicarse "en aquellas causas de competencia federal en las que se acredite que entrañen cuestiones de notoria gravedad institucional , cuya solución definitiva y expeditiva sea necesaria".

Fuentes judiciales revelaron que una vez que ingresó la presentación directa de la Jefatura de Gabinete por Mesa de Entradas de la Corte, el secretario letrado Christian Abritta tomó contacto con el expediente y entregó copias de la presentación a los magistrados.

El Ejecutivo sostiene que lo resuelto por la Cámara está "viciado de nulidad" porque "contradice" a la Corte. De todos modos, vale aclarar que aún falta determinar la "cuestión de fondo" de la ley.

Poco después de las presentaciones, cuatro jueces de la Corte, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi y Juan Carlos Maqueda comenzaron a analizar el pedido del Gobierno.

Paralelamente, se reunió el directorio de la AFSCA y decidió mantener por ahora la fecha de ayer como límite para la presentación de planes de desinversión voluntaria de medios.