La Secretaría de Transporte realizó un estudio del sistema automotor y resolvió dejar de subsidiar a 1.637 colectivos en el AMBA porque detectó graves irregularidades.

“El Estado ha repartido subsidios para 18.300 colectivos, pero nunca se controló si esta cantidad era la que transitaba por el AMBA. Claramente se subsidiaba una oferta inexistente”, señaló Manuel Adorni al dar a conocer la noticia, durante la conferencia de prensa que diariamente ofrece en la Casa Rosada.

“Con esto se desmantela un grifo de derroche e ineficiencia que nos salía muy caro a todos: ahorraremos $6.200 millones de pesos por mes”, precisó el vocero presidencial, quien además adelantó que próximamente se tratará de “determinar el trayecto real que realiza cada unidad para hacer más eficiente el servicio de transporte”.

Desde la Secretaría, a cargo del cordobés Franco Mogetta y que depende del Ministerio de Economía tras la disolución de la cartera de Infraestructura, evitaron dar precisiones a Infobae sobre a qué líneas pertenecen esas unidades. En tanto, en las cámaras del sector, el anuncio causó un evidente malestar. En las próximas horas, a través de las redes sociales, habrá un comunicado en el que expresarán su posición.

Según Transporte se “está llevando adelante un relevamiento y análisis de cada unidad de colectivo que subsidia en el Área Metropolitana de Buenos Aires, al poner en marcha una medida que vincula la validadora SUBE que lleva cada unidad con la patente o dominio del colectivo”.

Aseguran que “de esta manera, se permite realizar una fiscalización más precisa en relación al recorrido que realiza cada unidad, siendo más eficientes en el reconocimiento de costos”.

En la Casa Rosada informaron que desde 2018 no se hace un control en la cantidad de colectivos que circulan en el AMBA y que desde ese año se contempla la repartición de los subsidios con un parque móvil de 18.300 colectivos, para 9 millones de usuarios. Es por eso que entre las 5 cámaras -AAETA, CEAP,CETUBA,CTPBA y CEUTUPBA- y los funcionarios nacionales venían discutiendo el monto adeudado por el Estado de los últimos dos meses.

Los empresarios insisten en que se regularice el pago de enero y febrero, que representan el 70% de los ingresos de los operadores, que les permita abonar obligaciones laborales, como una suma fija de $ 250.000 que deberían percibir los choferes este viernes.

Hay diferencias ostensibles sobre esa deuda. Mientras las cámaras insisten en el reclamo de $50.278 millones por subsidios correspondientes al primer bimestre del año, desde Transporte aseguran que son “únicamente” $10.000 millones.

Por eso el conflicto fue escalando en los últimos días e incluyó la amenaza, tanto desde el sector empresario como del de los trabajadores agrupados en la UTA (Unión Tranviarios Automotor), de ir a un paro ante el incumplimiento de lo establecido en las actas suscriptas entre ambas partes a principios de febrero.

Este jueves hubo una reunión en el Palacio de Hacienda para acercar posturas. Luciano Fusaro, de AAETA (Asociación Argentina de Empresas del Transporte Automotor), una de las cámaras, expresó: “El Gobierno aseguró que va a hacer todo lo posible por depositar una parte de los $50.278 millones adeudados. Pero no nos quedó claro si van a llegar a hacerlo antes del viernes, no quedó seguro”.

Otro punto de tensión es el precio del boleto. Si bien en abril estaba previsto que se aplique la fórmula de actualización bimestral por inflación para todos los boletos de trenes y colectivos, finalmente solo sufrirán incrementos los usuarios que no hayan registrado la tarjeta SUBE a su nombre. El boleto mínimo de colectivos para estos pasajeros costaría un 60% más y pasará de $270 a $430.