Las autoridades dijeron que aún no están definidos “los montos ni los tramos” de la ayuda extraordinaria, insinuando de ese modo que el gobierno tratará de pagar en cuotas el complemento, algo que ya fue rechazado por los gremios. Los funcionarios dijeron que el monto se dará a conocer entre martes y viernes de la semana que viene y que se hará efectivo “después del pago del aguinaldo y antes de fin de año”, indicó el SEOM.

En tal sentido, el Frente exigió al gobierno que la ayuda extraordinaria –cuando se liquide- no sufra descuentos de ninguna índole, tal como ocurrió el año pasado.

En la reunión, los estatales plantearon su indignación por la inacción del Gobierno en resolver la problemática de los precarizados. Carlos Santillán, del SEOM, indicó que se estaba regularizando la situación en algunos municipios, pero eso se frenó. Con respecto a los precarizados que dependen del Estado provincial, el gobierno aún no pasó a ninguno a planta permanente. El director de Personal, Andrés Eleit, sostuvo que se pasarán a planta permanente a 200 empleados en diciembre, 100 en enero y 100 en febrero. El próximo martes, Eleit entregará al FGE el listado de los nombres de esos agentes. Los 70 agentes del sector salud que en principio iban a pasar a planta, no están contemplados, lo que causó la ofuscación de Yolanda Canchi, secretaria General de ATSA.

También levantaron su voz los gremios docentes. La precarización que hay en el sector es un tema que viene siendo esquivado por el gobierno en las sucesivas reuniones con los gremios, dijeron a una AMET, SITEAR Y CEDEMS. A los problemas con las liquidaciones, se le suma el maltrato de funcionarios del Ministerio de Educación, la falta de decretos para que los docentes cobren la zona desfavorable y el hecho de que muchos trabajadores no regularizados no podrán cobrar el aguinaldo. El ministro de Gobierno, Alberto Matuk, se comprometió a pedir una reunión para la próxima semana con la ministra del área educativa para tratar de que se responda a alguno de estos planteos.

En tal sentido, los gremios denunciaron que el gobierno provincial está otorgando elevados subsidios al Instituto Técnico “Eduardo Fellner”, administrado por el secretario de Trabajo de la Provincia, Miguel Morales. También denunciaron que la provincia tercerizó la limpieza del hospital de Niños a una empresa propiedad del diputado nacional Rubén Rivarola, por la que cobra 300.000 pesos mensuales, según datos aportados por la subdirectora Administrativa del mismo hospital. Asimismo, denunciaron que el presidente de JEMSE, Marcos Calachi, compra combustible para la empresa estatal que él mismo preside a las estaciones de servicio que son de su propiedad.

Por eso, los gremios no aceptan que el Gobierno diga que no hay dinero para pagar a los estatales un complemento que compense la devaluación del salario por la inflación. “Gobiernan para sus amigos, para que los que más tienen, sigan enriqueciéndose”, afirmaron los dirigentes del Frente.

Asimismo, denunciaron inadmisibles demoras en la concreción de los planes de vivienda. La dirigencia se quejó de que el ministro Luis Cosentini no tiene voluntad de avanzar. Por ejemplo, el funcionario les propuso la compra de tierras pero con costos inalcanzables para un gremio estatal, ya que los precios son en dólares. “Está muy claro que Cosentini trabaja para las organizaciones sociales y con nosotros sólo quiere reunirse a escondidas, por miedo a Milagro Sala”, revelaron los dirigentes en el encuentro, quienes, a la vez, dijeron que la diputada de Unidos y Organizados está tratando de sacar provecho del reclamo de viviendas que hacen los trabajadores, con intencionalidades que nada tienen que ver con las aspiraciones de la familia estatal.

El Sindicato de Peones de Taxis también expuso su problemática de precarización y apuntó a la Secretaría de Trabajo de la Provincia como un organismo que pone trabas a los trámites iniciados ante casos de explotación laboral. “Ya se perdieron más de 300 expedientes de denuncias contra los dueños de taxis”, manifestaron los choferes, quienes pidieron aguinaldo social para los 2000 trabajadores del volante precarizados.