EL Gobierno de la Nación ordenó anular la cesión de los bienes que Mauricio Macri le otorgó a la Ciudad de Buenos Aires antes de terminar su mandato, e instó a revisar la legalidad de dichos traspasos.

A través del Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo derogó el inciso 23 del artículo 8° del Decreto 1382/12, “por el cual se facultó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a ‘dar en pago’ los bienes inmuebles desafectados del uso, declarados innecesarios y/o sin destino, a fin de cancelar deudas y/o afrontar compromisos de asistencia económico financiera y/o extinguir cualquier otra obligación de carácter pecuniario que haya asumido el Estado Nacional, en el marco de convenios, contratos, actas o acuerdos celebrados con las Provincias y/o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

En ese sentido, en el Decreto 145/2020 publicado este lunes, se consideró que el inciso derogado “desnaturaliza la función asignada a la AABE e implica un desprendimiento de activos insustituibles que pertenecen al Estado Nacional”, además de privar de la posibilidad de “obtener ofertas económicas superiores a la tasación oficial, lo que resulta asimismo desaconsejable desde el punto de vista financiero ya que, entre otros efectos negativos a los intereses del Estado, impide el devengamiento de los diversos pagos a medida que se producen los vencimientos de las hipotéticas obligaciones que se pretenden cancelar o aplicar mecanismos de puja pública a fin de obtener el mejor precio pretendido”.

El Ejecutivo dejó sin efecto la decisión de la gestión anterior e instó a revisar la legalidad de los procesos (Nicolás Stulberg)

El Poder Ejecutivo Nacional argumentó en los considerando que esto “se torna aún más gravoso y reprochable" cuando la medida ha sido adoptada por el Gobierno de Mauricio Macri al día siguiente de las elecciones generales del 2019. “La dación en pago de inmuebles se realiza exclusivamente a favor de una sola jurisdicción, como ha ocurrido con las formalizadas a favor de la Ciudad de Buenos Aires durante el último semestre del fin del mandato de la gestión anterior, contraviniendo expresas normas que prohíben dichos actos de disposición”, explayó.

Para el Gobierno de Alberto Fernández la cesión de bienes a la Ciudad “hace inferir que la urgencia en el dictado de la norma que se critica estaba dada para concretar las operaciones realizadas a favor” del distrito que conduce Horacio Rodríguez Larreta “y no en mejorar el ejercicio de las atribuciones de la Agencia de Administración de Bienes del Estado en favor del interés público o en pos de cualquier otro fin que no sea de favorecer discrecionalmente a una sola jurisdicción”.

A fines de enero, en el marco de la tensión por la coparticipación porteña, el Gobierno comenzó a poner la lupa sobre el traspaso a la Ciudad de 31 escrituras correspondientes a playas ferroviarias y parcelas ubicadas en Caballito, Belgrano y Liniers y la concesión de los espacios debajo de dos viaductos, el Mitre y el San Martín, además del Paseo del Bajo y compensaciones por pagos no realizados desde Nación.

“Encontramos una enorme discrecionalidad en una cantidad de inmuebles cedidos a la Ciudad de Buenos Aires” y subrayó que "esto comienza con un DNU firmado un día después de la derrota electoral: en los últimos tres meses del año pasado hubo una cesión de unos $15.800 millones, con una inclinación clara a favorecer a la Ciudad de Buenos Aires y una notoria voluntad de hacer rápido las transferencias”, declaró Martín Cosentino, titular de la AABE, en aquella oportunidad a Infobae.

El informe detalla que existen unas 10 escrituras realizadas en el marco del Convenio del Paseo del Bajo de inmuebles valuados en más de 5.400 millones de pesos. Además, se transfirieron siete inmuebles correspondientes al Convenio sobre Viaductos (más de $8.500 millones) y hubo dos operaciones de USD 12.987.338 y USD 16.961.616 correspondientes al Convenio Marco de Playas Ferroviarias.

En el marco de la tensión por la coparticipación porteña, el Gobierno comenzó a poner la lupa sobre las escrituras

Este lunes, el Ejecutivo emitió otro decreto (149/2020) en el que instruyó a la AABE a “revisar en un plazo no mayor a sesenta días, la legalidad de los procesos que derivaron en la disposición, cesión, enajenación, transferencia, desafectación, asignación en uso o dación en pago, de inmuebles del Estado Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de cualquiera de sus organismos, entidades, sociedades del estado o con participación estatal mayoritaria, desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el 10 de diciembre de 2019, a fin de que en caso de detectarse vicios que puedan implicar su nulidad así como eventuales hechos o actos ilícitos, se proceda a deslindar las correspondientes responsabilidades administrativas, civiles y/o penales”.

En el texto publicado en el Boletín Oficial se explicó que dichas decisiones implicaron “el desapoderamiento de activos insustituibles que conformaban el patrimonio nacional y le pertenecían al pueblo argentino”. En ese sentido el Ejecutivo hizo referencia al artículo 15 bis de la Ley N° 25.917 que “prohíbe en forma taxativa dictar cualquier disposición que implique la donación o venta de activos fijos durante los últimos dos trimestres del año de fin de mandato, en lo que se denomina la ‘Regla de fin de mandato’ con el objetivo de evitar la descapitalización de los bienes del Estado en instancias cercanas al cese del mandato gubernamental”.

Además, se convocó al Ministerio de Economía a solicitar al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal su intervención para, tras la revisión, en el caso de corresponder, solicitar las sanciones pertinentes.