La Cancillería aclaró este domingo que la solicitud de Uruguay para que Argentina admita que la papelera UPM aumente su producción podría demandar seis meses, como establecen las normas, pero advirtió que si ambos países no logran dirimir esa diferencia "puede someterse" nuevamente al Tribunal de La Haya.

En un comunicado, la Cancillería recordó que cuando el vecino país "aprobó la instalación de una planta de celulosa de la empresa Botnia" en Fray Bentos, el 14 de febrero de 2005 "fijó la capacidad de su producción en 1 millón de toneladas anuales. Es un error quienes hablan de 1 millón cien mil", aclaró.

Luego, sostuvo, "el límite de 1 millón de toneladas anuales fue el que utilizó la Corte Internacional de Justicia para analizar la controversia y sobre esa cifra emitió su dictamen", por lo tanto, manifestó, "todo cambio que se realice en Botnia-UPM altera la sentencia de dicho tribunal".

El tribunal arbitral, manifestó, "estableció que sea la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) la que asuma el control y vigilancia" sobre UPM.

Luego, dijo, "en marzo de 2012 Uruguay puso en conocimiento de la CARU una solicitud de aumento de producción", reconociendo que un incremento "puede afectar la navegación, el régimen ambiental del río y la calidad de sus aguas. También reconoce que se requiere la opinión de la Argentina para decidir dicho cambio.

Pero como "la información recibida era incompleta", aseguró, se solicitó una ampliación "para poder expedirse", algo que se "reiteró en cuatro oportunidades", afirmó.

En ese sentido, afirmó que, como para el gobierno argentino todavía Uruguay no envió la información adecuada "aún no ha comenzado a correr el plazo de 180 días para que la Argentina responda a la solicitud uruguaya".

Entonces, manifestó el Ministerio de Relaciones Exteriores, en caso que "Uruguay no espere los 180 días luego de haber satisfecho el pedido de información argentino o no haya acuerdo entre las partes el Estatuto del Río Uruguay establece que debe resolverse por medio de negociaciones entre los dos países y en caso de no arribar a un acuerdo cualquiera de las partes puede someter el diferendo a la Corte Internacional de Justicia", advirtió.

Finalmente, remarcó que la firma finlandesa "por más poderosa que sea no puede promover la violación de fallos internacionales ni acuerdos entre naciones hermanas" y bajo ese concepto, dijo, "deben ser tratadas las presiones que intente efectuar" la empresa