El Gobierno acordó con el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut y abonará algo más de $ 12 millones que se adeudaban de la anterior gestión provincial, en concepto de intereses por un convenio salarial firmado por el exgobernador Martín Buzzi, que le costó a la provincia unos $ 60 millones, ya abonados.

El acuerdo establece un pago total de $ 12.118.655,59 en tres cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $ 4.039.551,86, que se abonarán en julio, agosto y septiembre de este año.

El convenio fue firmado en Rawson por el ministro de Economía, Pablo Oca, y el fiscal de Estado, Diego Martínez Zapata. Por el gremio estuvieron Raúl Belcastro, secretario general, y José Gabriel Aguilar, asesor legal.

El objetivo es saldar los intereses y cierra de manera definitiva dos acuerdos anteriores firmados en la época de Buzzi: uno del 5 de agosto y uno complementario del 7 de octubre de 2015, que estableció el pago de la recomposición salarial que se encuentra casi cumplido por parte de Provincia.

La génesis del reclamo hay que buscarla a finales de 2013, cuando varios ministros del Superior Tribunal de Justicia cobraron una aumento salarial de 40% dispuesto por decreto por el entonces gobernador Buzzi.

En esa recomposición se ampararon los afiliados del SITRAJUCh, que reclamaron la aplicación de la “ley de porcentualidad”: cada aumento para los ministros del Superior debe trasladarse a todos los funcionarios y empleados inferiores del Poder Judicial.

El gremio presentó un amparo que obtuvo dos sentencias favorables en dos instancias y está “suspendido” en el Superior porque el anterior fiscal de Estado, Miguel Montoya, celebró un convenio con el SITRAJUCh en donde se le reconoció el reclamo y se decidió abonar los $ 60 millones, a repartir proporcionalmente según la categoría de los empleados.

Estos $ 60 millones se abonaron durante la gestión anterior pero, cuando asumió el actual Gobierno, se anotició que debía abonar $ 12 millones en intereses. Provincia evaluó el tema pero confirmó que Buzzi había ratificado con un decreto el acuerdo firmado por Montoya, por lo que desconocer el pago de los $ 12 millones hubiera sido un remedio peor que la enfermedad.

El acuerdo incluye a “todos aquellos trabajadores que efectivamente hayan materializado la ratificación personal de los acuerdos de fecha 05/08/15 y 07/09/15, en consecuencia no será de aplicación para los que no hayan efectuado dicha ratificación. El texto aclara que “el presente convenio deberá ser sometido a la ratificación personal del Sr. gobernador de la Provincia del Chubut, mediante la emisión del respectivo Decreto, en virtud de la representación constitucional, sin que la firma del presente implique la constitución de facultades delegadas, como tampoco engendra obligación alguna para el Estado provincial, quedando sometida la operatividad de este acuerdo bajo la modalidad de condición suspensiva, a la suscripción del decreto correspondiente por parte del Sr. gobernador de la Provincia de Chubut”.

El acuerdo aclara que el ministro Oca manifestó al momento de la firma “la existencia y disponibilidad de masa presupuestaria para poder hacer frente a la condicional obligación de pago aquí concertada”.