“A Macri la campaña se la pagó el FMI; a Larreta se la va a pagar la Corte”. La frase se escuchó, en Tucumán, en una ronda de gobernadores y sintetiza un temor: la creencia, generalizada entre los mandatarios, de que la Corte Suprema de Justicia fallará a favor de Horacio Rodríguez Larreta en la demanda millonaria que CABA le inició a la Nación por fondos para la policía de la ciudad.

Esa convicción marcó el clima de la reunión que el viernes tuvieron ocho gobernadores del llamado Norte Grande: Faltaron dos: los cambiemitas Gerardo Morales, de Jujuy -que envió a su vice Carlos Haquim- y Gustavo Valdés, de Corrientes. El anticipo del respaldo cortesano al reclamo de Larreta es la lectura amarga que hay en el gobierno nacional que estuvo representado por el jefe de Gabinete Juan Manzur y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro “Batman y Robin de la unidad”, se bromeó entre los presentes sobre los movimientos casi ensayados, de Manzur y De Pedro para militar la consolidación de la tregua en el Frente de Todos (FdT).

La lectura feroz sobre el componente político de un hipotético fallo de la Corte, sobre el que las adivinanzas se basan en la pésima relación del oficialismo con el máximo tribunal y a la confianza con que se mueve el larretismo, pone el expediente de los fondos de CABA en otro plano: los gobernadores no lo ubican en un ámbito jurídico si no que lo leen en clave política: como un guiño de la cima del poder judicial a la aventura presidencial de Rodríguez Larreta.

Carta de 19 gobernadores a la CorteCausa y efectos

El documento que con la firma de quince gobernadores se presentó esta semana con una propuesta para ampliar la Corte y darle representatividad federal, se tradujo en ese plano. Hay un dato paradójico: los cortesanos lograron en estos meses dos fotos de unidad de las provincias, algo inédito que parece nutrirse de un motor, el recelo del interior a la ciudad de Buenos Aires. Una, en marzo, incluyó a 19 de los 24 mandatarios y fue sobre la demanda de Larreta. Otra, en estos días, alcanzó a 15 gobernadores y fue para proponer, de manera todavía simbólica, una reforma del tribunal.

La interpretación que se hace en el PJ sobre la demanda de Larreta parte de la idea de que “la Corte va a hacer lo que quiera”, incluso declarar inconstitucional la ley que votó el Congreso y estableció un monto, no un porcentaje, para los giros de Nación a CABA. Ese fue el último escalón de un derrotero que empezó en 2016 cuando Mauricio Macri aumentó de 1.4 a 3.75% el porcentaje, luego lo bajó a 3,5, luego Fernández lo redujo a 2,32% vía decreto en septiembre del 2020 y más tarde, el poder Legislativo estableció una partida de $24.500 millones anuales, que se actualiza por IPC y la variación salarial de la policía de la Ciudad.

Entre los abogados del Gobierno hay derivas: como Larreta presentó una cautelar, una biblioteca sostiene que el tribunal solo puede aceptarla o rechazarla, y dejar para más adelante la cuestión de fondo. Si lo hace, podría restituir el 3,5% que aceptó la Ciudad pero que es, además, objeto de otro planteo: los gobernadores plantean que CABA debería devolver los fondos “de más” que recibió durante casi 5 años. Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero, habló de giros extras por medio billón de pesos.

En la última respuesta a la Corte, luego de que fracasó la mediación, la Procuración del Tesoro Nacional, que está a cargo de Carlos Zannini, deslizó una posible acción jurídica para demandar a CABA por esos fondos extra. Dependerá, claro, del fallo último de la Corte. La otra biblioteca sugiere que el tribunal, además de resolver la cautelar, podría fijar una posición sobre la cuestión de fondo.

Compensaciones

La disputa, que se cristalizó luego de que el miércoles 9 de septiembre de 2020 desde Olivos, Alberto Fernández anunciara que redirigiría partidas que iban a CABA hacia un fondo de seguridad bonaerense, tuvo un primer efecto político: rompió la convivencia tripartita entre el presidente, el jefe de Gobierno y Axel Kicillof que emergió, y se consolidó, al inició de la pandemia de Covid-19. Nunca, el vínculo entre Fernández y Larreta, se reestableció.

Pero la pelea por esos recursos tiene varias ramificaciones. Una, urgente, es económica y se verificó en las últimas semanas cuando los gobernadores avanzaron en planteos para resolver las “asimetrías” que, afirman, hay entre el interior y el AMBA. Acá hay un primer dato fuerte: aunque le apuntan a Larreta, y lo focalizan en la demanda por los fondos para Seguridad, el reproche de las provincias abarca también a Kicillof aunque en los planteos públicos de los gobernadores del PJ eso no figure.

Los gobernadores plantean que CABA debería devolver los fondos "de más" que recibió durante casi 5 años. Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero, habló de giros extras por medio billón de pesos

Pero es así. En las demandas sobre subsidios, que se vincula con que en las provincias se pagan más caros los servicios públicos -electricidad, gas, agua y transporte, entre ellos- porque las partidas de fondos del Estado para evitar subas de tarifas, se concentra en el AMBA. El proyecto de senadores del Frente de Todos para establecer un esquema de equidad para el reparto de los subsidios al transporte es un movimiento que sumará otras acciones similares.

En el Norte Grande, que reúne a diez provincias, el reclamo es unívoco y lo empujan tanto peronistas como radicales y de partidos provinciales. Lo hacen Zamora, Morales, Valdés, GIldo Insfrán (Formosa), Jorge Capitanich (Chaco), Gustavo Saenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Ricardo Quintela (La Rioja). Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Oscar Herrera Aguad (Misiones). “Se volvió a hablar de federalismo y a discutir sobre los desequilibrios estructurales de Argentina”, dijo De Pedro.

Internas cruzadas

Hasta Morales, que hace tres semanas se reunió con el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti, consideró que entre 2016 y 2020, CABA recibió más fondos de los que debía recibir. Sin embargo, por su posicionamiento político, defiende la demanda que lleva adelante Larreta. No estuvo, por eso, entre los 19 gobernadores que elevaron un reclamo a la Corte contra el planteo de Larreta, lista que aporta otro dato: no firmó Juan Schiaretti, el cordobés que por se mueve como el quinto gobernador cambiemita.

Alberto Fernández y Jorge Capitanich

Las posiciones impactan en el FdT. Los gobernadores peronistas, o los provinciales que orbitan el dispositivo oficial, reclaman que la Casa Rosada disponga mecanismos de compensación para equilibrar la “inequidad” en materia de fondos que reciben, de manera directa o indirecta, CABA y la provincia de Buenos Aires. Es un reclamo que apareció en la mesa en 2017 cuando el gobierno de Mauricio Macri impulsó, por indicación del FMI, una reducción drástica del déficit: en esa mesa, las provincias reclamaron que se reduzcan las partidas nacionales que intervienen sobre prestaciones provinciales, como los subsidios eléctricos en el AMBA o las partidas para el transporte público de colectivos y trenes en la zona metropolitana.

Ahora, gobernadores del PJ y aliados, le reclaman a Fernández medidas, en posible que tengan respaldo legislativo, de compensaciones. Ahí mete la cola la interna del dispositivo oficial porque en su momento, el presidente prometió un despliegue federal que en la práctica no ejecutó. En el Gobierno entienden que la única posibilidad de proyección que Fernández tiene para el 2023 está en que logre el respaldo de los gobernadores. Un funcionario, desde hace tiempo, lo sintetiza en una frase: “No hay que armar albertismo, Alberto tiene que recostarse sobre el peronismo nacional”.